Simplificar los tipos de contratos, reducir bonificaciones o crear un salario mínimo escolar: 10 propuestas para corregir el impacto del coronavirus en el empleo

En España, hay actualmente medio millón más de desempleados de los que reflejaban las cifras de paro registrado en febrero, justo antes del estallido de la pandemia de coronavirus en el país, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, correspondientes al mes de septiembre, que elevan el total de parados a 3,7 millones de personas.

Sin embargo, este dato no resume el impacto del coronavirus en el empleo. De hecho, las cifras de paro de septiembre también reflejan que en los primeros 9 meses de 2020 se ha firmado un 30% menos de contratos que en 2019, que el paro juvenil sigue superando el 40% y que más de 700.000 personas continúan bajo el régimen de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Para analizar las consecuencias laborales de la pandemia, la Fundación Ergon y la Fundación para el desarrollo de la Función de Recursos Humanos (Fundipe) han elaborado un estudio a partir de las respuestas de 600 profesionales del empleo y los recursos humanos en el que, además de analizar el estado del empleo, han definido 10 propuestas para el futuro del mercado laboral.

Estas propuestas han sido presentadas este jueves dentro del Informe Innova Ergon 2020 que, según Karitte Alegría, directora de operaciones de la Fundación Ergon permite "ver un viejo problema en el mercado laboral que con el coronavirus se está sobredimensionando".

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El empleo en España tiene "déficits estructurales que deberíamos atacar", ha asegurado Pau Hortal, vicepresidente de Ergon, destacando que "el marco laboral probablemente potencia la desigualdad" y en él "no existe preocupación por potenciar el desarrollo de las personas".

Para ello, el informe propone 10 medidas que "no son soluciones redondas, sino respuestas que la sociedad debe analizar", según Alegría, que los responsables del estudio han organizado en 2 vertientes, 5 de ellas con propuestas que afectan a temas normativos y otras 5 de carácter social.

Cambios en la contratación y reducción de incentivos

Esas medidas, según detalla el texto, "están dirigidas a conseguir el propósito de mejorar la empleabilidad de todos los trabajadores y especialmente de los jóvenes" y abarcan tanto la normativa laboral como del ámbito educativo, "para potenciar el aprendizaje y la adquisición de competencias transversales que demanda hoy un mercado de trabajo en un entorno de cambio brutal". 

De este modo, en el terreno normativo, las propuestas de Ergon y Fundipe se centran mayoritariamente en mejorar o simplificar la contratación, apostando por "un nuevo modelo de contratación que reduzca radicalmente las tipologías actuales definiendo un mecanismo que facilite su resolución en base a la filosofía que técnicamente denominamos mochila austríaca".

Para Jorge Cagigas, presidente de Fundipe, primero habría "una fase de reducción de modelos de contratación en la que plantear cuestiones como si tiene sentido tener trabajadores asalariados y autónomos y si el actual Estatuto de los Trabajadores tiene sentido a día de hoy".

Ese proceso estaría basado en criterios de claridad y equidad para modificar el sistema actual, que Pau Hortal ha definido como "disperso, complejo y poco claro", por lo que ha defendido que podría simplificarse en 3 tipos, indefinido, temporal y por obra y servicio, "incorporando elementos necesarios hoy como la regulación de nuevos formatos laborales".

Precisamente, otra de sus propuestas pasa por "incorporar al modelo de contratación los criterios básicos para regular los denominados trabajos no convencionales o nuevos formatos laborales", en referencia a los riders de las aplicaciones de reparto a domicilio y al resto de trabajadores que acceden a su actividad a través de una plataforma digital.

Para regular los empleos de la gig economy, Albert Cañigueral, miembro de Ergon, ha señalado que se podría "permitir temporalmente una plantilla híbrida", que cuente con empleados fijos que respondan al trabajo estandarizado y "otra parte dinámica para cuando hay picos de demanda, con contratación algo más flexible".

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Esa flexibilidad también se refleja en otras de las medidas que presentan, en la que se apuesta por "desarrollar elementos que impulsen la autonomía real de las partes" a nivel colectivo e individual con el objetivo de "crear una cultura laboral más adaptada a las necesidades del siglo XXI".

En cuanto al sector público, el informe propone homogeneizar las políticas de contratación de la administración pública para dotarlas de coherencia. El vicepresidente de Ergon ha destacado que su propuesta prevé un periodo de adaptación de 3 años, en el que se tenga en cuenta el envejecimiento de la plantilla de la administración y no "generar más desigualdades en el entorno laboral".

Además, el texto apuesta por simplificar las subvenciones a la contratación, reduciéndolas al 50% y ajustándolas "a políticas concretas y temporales de fomento del empleo, destinando los ahorros generados a la financiación de las políticas activas", que es uno de los aspectos que los autores desarrollan en las propuestas de carácter social.

Pau Hortal ha asegurado que "los incentivos eran adecuados el siglo pasado pero no son tan relevantes hoy", además de criticar que "no hay un mínimo estudio sobre su eficiencia real, hay muchas maneras mejores de gastar esos fondos y favorecer una mejor gestión del empleo".

Formación dual, mejor acceso al ingreso mínimo y salario mínimo escolar

Respecto al segundo bloque de medidas que propone el informe de Ergon y Fundipe, aglutinan propuestas en el ámbito educativo y también en el de las ayudas sociales, dado que se defiende tanto facilitar el acceso al ingreso mínimo vital como el desarrollo de una tarjeta social que unifique el historial laboral y personal de los ciudadanos y mejore la eficiencia de los servicios que se ofrecen.

Respecto al ingreso mínimo, Pau Hortal ha destacado que no se trata de una renta vital, sino que se trata de "un primer paso", partiendo de la experiencia previa en España, "especialmente en el País Vasco", y en Europa en la puesta en marcha de medidas que generen "niveles de renta que permitan vivir a determinados colectivos".

En este terreno, el estudio defiende un nuevo modelo de gestión de las políticas activas "para que mediante mecanismos de segmentación de usuarios y analítica avanzada permitan diseñar programas y acciones en los que primen los factores objetivos sobre los asistenciales" y basándose en "criterios homogéneos y de carácter global".

En el ámbito educativo, la propuesta más destacada pasa por la creación de un salario mínimo escolar, que conviva con las becas y que incentive "la formación profesional entre nuestros jóvenes" y dé "apoyo a los alumnos con mayor talento, con objeto de reducir los niveles de discriminación generados por la existencia de distintos niveles de renta".

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"El salario escolar pretende, como el ingreso mínimo vital, fomentar la autonomía individual", ha destacado Jorge Cagigas, que ha explicado que, aunque aún no han definido cuál debería ser su cuantía, se trataría de "una cantidad establecida" para que quienes tengan las capacidades pero no los recursos puedan tener "la oportunidad de un mayor desarrollo que retornará a la sociedad". 

Por último, el texto pide "incentivar a los centros de enseñanza profesional y/o universitaria por el desarrollo de planes de colaboración con organizaciones y empresas", con el objetivo de superar la brecha entre educación y empleabilidad favoreciendo los "contenidos y programas más adaptados a las necesidades del mercado de trabajo".

El vicepresidente de Ergon ha afirmado que "en este país necesitamos incrementar la relación entre lo educativo y lo empresarial, todo lo que los vincule es positivo", señalando la experiencia en este sentido en países como Alemania y que en España ha calificado de "incipiente", debido a la falta de incentivos y al importante peso de las pymes en el tejido empresarial.