Las 11 leyes que se quedan sin tramitar a causa del adelanto de las elecciones generales
- Tras el adelanto de las elecciones al 28 de abril, 11 leyes o reformas no tendrán tiempo para tramitarse en el Congreso o el Senado y no llegarán a aplicarse.
- Esto afecta a iniciativas parlamentarias de perfil alto, como la derogación parcial de la reforma laboral o la reforma del régimen de los trabajadores autónomos.
- Una de las medidas pendientes de aprobación, el proyecto de ley que regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, podría aprobarse excepcionalmente el próximo jueves.
La devolución al Gobierno de su proyecto de Presupuesto para 2019 no solo ha supuesto el adelanto de las elecciones generales al 28 de abril o la no aplicación de las medidas que incluía ese borrador presupuestario, como la ampliación del permiso de paternidad, la subida de impuestos a las rentas más altas o el fin del copago para los jubilados más desfavorecidos.
Además, los comicios anticipados suponen que ya no habrá tiempo para que el Congreso y el Senado aprueben algunas de las iniciativas parlamentarias que ya habían iniciado su tramitación. Esto afecta tanto a medidas que formaban parte del programa del Gobierno saliente, como la derogación parcial de la reforma laboral, como a la trasposición de varias directivas comunitarias.
Así, la disolución de las Cortes, que está prevista para el 5 de marzo según el calendario electoral, hará imposible aprobar las leyes o reformas que no hubiesen concluido su tramitación antes del debate de totalidad de los Presupuestos para 2019. De hecho, hay algunas medidas que, aún habiendo sido aprobadas por el Congreso, todavía tenían pendiente su paso por el Senado.
Estas son las 11 leyes que se quedan sin tramitar debido al adelanto de las elecciones generales.
La derogación parcial de la Reforma Laboral
A pesar de que esta medida era una de las claves económicas del programa electoral del PSOE y de los planes de su Gobierno, no ha habido tiempo material para derogar lo que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha calificado como "la parte más lesiva" de la reforma laboral aprobada en 2012.
El programa del Ejecutivo ahora en funciones contemplaba incluir la prevalencia del convenio sectorial frente al de empresa, la recuperación de la ultraactividad en la negociación colectiva y el registro horario.
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La reforma del régimen de autónomos
El Ministerio de Trabajo y las principales asociaciones de autónomos ya habían acordado, tras un largo periodo de negociaciones, las nuevas condiciones de cotización y protección para este colectivo para 2019. Todo este esfuerzo será en vano, dado que no ha dado tiempo para tramitar el acuerdo como proyecto de ley.
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La Ley de Morosidad
El recorrido parlamentario de esta medida es un buen ejemplo de cómo ha transcurrido la legislatura. Ciudadanos y el PDeCAT presentaron sendas iniciativas para intentar combatir la morosidad y establecer penas al respecto pero, pese a sus puntos en común, no han conseguido consensuar cómo tramitar esta medida.
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El desarrollo de la normativa Mifid II
A pesar de que ya se ha realizado la trasposición a la legislación española de esta directiva europea sobre la organización del sistema financiero, su articulado apenas ha sido desarrollado tras un año en vigor. Dado que esta medida viene de Bruselas y no suscita debate político, es de esperar que el próximo Ejecutivo culmine su desarrollo.
La autoridad de supervisión macroprudencial
En lo que respecta a la puesta en marcha de la Amcesfi, la autoridad macroprudencial, el Congreso aprobó en enero que España cumpla el mandato que emitió en 2013 la Comisión Europea para crear una estructura que identifique y responda a posibles riesgos financieros.
Como falta todavía refrendarla en el Senado, España seguirá siendo uno de los 2 países de la UE que aún no ha cumplido esta orden de Bruselas, lo que podría derivar en sanciones.
La regla de gasto público
Finalmente, las maniobras dilatorias de PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso, al igual como la retirada del veto del Senado a la senda de déficit y de deuda, les han permitido que no haya tiempo para reformar la regla de gasto y dar un mayor margen a los ayuntamientos y las comunidades autónomas para hacer uso de sus fondos en caso de superávit.
La despenalización de las acciones de los piquetes de huelga
Otra de las promesas que el Gobierno no ha tenido tiempo de cumplir se refiere a la Ley Mordaza, como se conoce a la Ley de Seguridad Ciudadana creada por el anterior Ejecutivo y en la que se penalizaban formas de protesta hasta el momento legales, como la resistencia pasiva o la formación de piquetes de huelga.
La Ley de Emergencia Habitacional
Una de las consecuencias más graves del estallido de la burbuja inmobiliaria y de la posterior recesión que vivió España es el aumento en el número de desahucios. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca consiguió introducir esta iniciativa legislativa popular para mejorar esta situación, pero no ha llegado a ver la luz. En cambio, sí se han aprobado medidas para agilizar los desahucios.
La renta de ingresos mínimos para desempleados
Otra de las medidas sociales que iniciaron su tramitación parlamentaria en esta legislatura y deberán esperar a la siguiente, como pronto, para ser aprobadas. Esta medida surgió a propuesta de los sindicatos como forma de garantizar unos ingresos mínimos al colectivo de parados de larga duración y mayores de 50 años, lo que la diferencia de la renta básica universal.
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Probablemente, la Ley Hipotecaria
Esta norma tenía prevista su aprobación el próximo 21 de febrero, todo indica que no lllegará a votarse en las Cortes, a pesar de que está agendada antes de su disolución. El 21 de marzo vence el plazo dado por Bruselas para que se ponga en marcha esta medida, por lo que podría haber sanciones contra España por un nuevo retraso en su aprobación
Y, también probablemente, la ley que regula la contratación pública de servicios de agua, energía, transportes y servicios postales
Esta iniciativa, que es una trasposición de una directiva europea que llegó al Congreso en 2016, sigue esperando su aprobación. Según Europa Press, la Comisión de Hacienda del Congreso busca poder aprobar el próximo jueves esta iniciativa, aunque sería necesario una tramitación express que parece improbable.
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