El Congreso aprueba la ley de vivienda, uno de los últimos tantos del Gobierno antes del examen electoral de mayo

El Congreso de los Diputados vota este jueves dos leyes que, de su naturaleza, pueden ser de las últimas de la legislatura. Una de ellas, la ley de vivienda, ya ha sido aprobada.

La remisión al Senado de las mismas coincide, además, a apenas un escaso mes de que se celebren las elecciones municipales y las autonómicas. Quedan días para que empiece la campaña, luego llega el período de sesiones extraordinario de verano, y la precampaña de cara a las generales será todavía más intensa a la vuelta del curso político.

Son la ansiada ley de vivienda y la ley de atención al cliente. Ambas llevaban en los pasillos de las Cortes meses. Sobre la primera, mucho se ha escrito. Llegó al Congreso hace algo más de un año pero los dimes y diretes sobre la misma venían de lejos: regular la vivienda ya formaba parte del acuerdo de coalición que formó el Gobierno a principios de 2020.

La segunda fue aprobada por el Consejo de Ministros y remitida también al legislativo hace prácticamente un año, presentándose como la primera norma del Gobierno que regularía los servicios de atención al cliente poniendo énfasis en la atención que grandes empresas prestan a sus usuarios. En muchas ocasiones, estos se ven obligados a lidiar con robots que no resuelven sus dudas.

El Pleno de este jueves refleja de este modo el acelerón legislativo que el Congreso ha dado a pocos meses de que termine la legislatura. La ley trans en febrero, la de bienestar animal en marzo, e incluso la controvertida reforma de la ley solo sí es sí en el Senado hace escasos días. Los bloqueos parlamentarios han terminado, pero eso no es garantía de que todo vaya a aprobarse este año.

Quedan por desencallar varias normas. Algunas fueron reales decreto que pasaron a Cortes para cumplir con el proceso legislativo completo: los grupos de la oposición querían presentar enmiendas. Sin embargo, algunos de estos ejemplos ya no tendría sentido rescatarlos dado que su función ha acabado —como las primeras ayudas para responder a los efectos económicos de la guerra—.

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Otras siguen bloqueadas en fase de enmiendas, la tónica en toda la legislatura. Esta fórmula servía para paliar el congestionado Hemiciclo, y ha provocado que estos años algunas normas, como la ley startup —ya en vigor y a la espera de que se apruebe una orden ministerial para que Enisa empiece a certificar empresas emergentes— salieron más tarde de lo previsto del proceso legislativo.

Un ejemplo es la ley Darias. Recibe el nombre de una ministra que dejó ya el Gobierno al ser candidata para las municipales. Su presencia en la Cámara se ha dilatado después de que los socios de Gobierno presentaran conflicto: Unidas Podemos entendía que la norma no limitaba la privatización en la sanidad pública.

Esa circunstancia llevó a los morados a amenazar con devolver la ley al Gobierno, circunstancia que se salvó después de que la entonces ministra se comprometiera con sus socios a enmendar la ley durante su proceso legislativo. De momento no hay noticias que inviten a pensar en una pronta aprobación de dicha ley.

Otra es la ley de familias, que también ha estado en boca de los dirigentes de Podemos durante los últimos meses junto con la reforma de la ley mordaza. Esta última, de hecho, ya se da por perdida tras un desencuentro entre Gobierno y los grupos parlamentarios que los ha sostenido durante esta legislatura.

A pesar de todo, la aprobación de las leyes de vivienda —con diversas enmiendas y reformulaciones, como ahora se detallarán— llegan a tiempo para la precampaña de elecciones municipales y autonómicas. Estas han sido sus travesías en el Congreso.

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Han hecho falta más de 2 años de tira y afloja dentro y fuera del Gobierno para sacar adelante la ley de vivienda que hoy se vota en el Congreso. La nueva norma incluye un límite a la revalorización de todos los alquileres en vigor, un control de precios en áreas tensionadas, incentivos fiscales para propietarios y penalizaciones a pisos vacíos, entre otras medidas.

El Gobierno se ha puesto las pilas para asegurarse su aprobación antes de las elecciones del 28 de mayo, fecha clave para dos formaciones autonómicas: ERC y Bildu, con las que llegó a un acuerdo a mediados de abril, y cuyo apoyo resultaba esencial en el Congreso. No en vano, fueron estos partidos los que presentaron el acuerdo, y no el Gobierno. Quid pro quo.

La aprobación de una ley de vivienda fue una de las grandes promesas de la legislatura, y será una de las últimas grandes leyes que llegarán al Senado. Con ella, el Gobierno ha puesto la vivienda en el centro del debate, multiplicando los anuncios de medidas para afrontar el drama habitacional en España.

En cuestión de días, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado la construcción de 20.000 viviendas públicas en suelos del Ministerio de Defensa, a través de SEPES (Sociedad Pública Empresarial de Suelo), que se suman a los 50.000 pisos de alquiler social de la Sareb y 43.000 financiados con créditos del ICO. En total, una movilización histórica de suelo público que alcanza los 183.000 inmuebles.

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El tira y afloja entre PSOE y sus socios de Unidas Podemos por la ley de Vivienda se remonta a 2020, cuando comenzaron las conversaciones. Hizo falta año y medio para definir los detalles de la norma, y no fue hasta principios de febrero de 2022 que el texto recibió luz verde del Consejo de Ministros. Pero entonces comenzó la siguiente travesía por el desierto: la del Congreso, que ha tardado otro año.

Hubo momentos en los que la aprobación parecía inminente (como cuando el Consejo de Ministros dio luz verde a la norma e inició los trámites en el Congreso, hace más de un año), y meses de estancamiento, en los que muchas voces del sector confiaban en que el texto no viera la luz antes de las elecciones generales de finales de 2023.

Ni siquiera ahora, con el texto definido y la bendición de los socios del Gobierno, terminan el debate en torno a la ley. A solo días de la votación, Unidas Podemos aumentaba la presión para añadir una última modificación: un tope de viviendas de alquiler turístico en áreas tensionadas.

La formación morada propone una enmienda transaccional a la ley para limitar a un 2% el número de plazas de vivienda vacacional en zonas declaradas como tensionadas. El texto de la ley no incluyen medidas particulares para el alquiler turístico, pero sí trae consigo la creación de un grupo de trabajo que se encargará de regular la situación del alquiler de temporada y los pisos compartidos.

La ley de atención al cliente, un tanto de Unidas Podemos ante el edadismo

La ley de atención al cliente nacía a las puertas de la pasada primavera después de que a principios de 2022 se viralizara una campaña de firmas que arrancaba de una forma un tanto explícita: "Soy mayor, no idiota". La propuesta denunciaba cómo las empresas, en especial los bancos, estaban dejando atrás a los más mayores en sus servicios de atención al cliente, cada vez más digitales.

Aunque la norma también acabó encallada en los pasillos del Congreso, su tramitación no ha sido tan tensa como la que han podido protagonizar otras propuestas del Ejecutivo. 

El Ministerio de Consumo advirtió a Business Insider España que la intención era que esta norma saliese adelante durante el primer semestre de 2023, y por ahora los tiempos acompañan. A principios de año no estaba tan claro que se lograra, organizaciones de consumidores como la OCU pidieron en enero que la ley saliese adelante esta misma legislatura.

Entonces, la directora de Comunicación de la propia organización advirtió en una jornada parlamentaria organizada por el PP que la norma se consideraba "mejorable" pero que era indispensable que esta saliese adelante antes de que terminara el año, aunque su resultado fuese más "flojillo".

La ley que llegará al Senado introduce un límite de tiempo de espera en los servicios de atención al cliente telefónicos de 3 minutos, y los robots contestadores no serán la única alternativa al tratar de resolver alguna incidencia.

Se aplicará a empresas de más de 250 trabajadores sean estas públicas o privadas y presten servicio en áreas como el suministro de agua o luz, transportes —aerolíneas, operadoras ferroviarias, navieras o autobuses— y reduce los plazos de espera para reclamaciones o quejas de 30 a 15 días.

La norma, que se aprobó en su respectiva comisión parlamentaria días atrás, ha logrado "un enorme consenso", en palabras de diputados socialistas como José Ramón Ortega, que estuvo presente en ese debate. Sus "estándares" arrastrarán "al resto de las empresas" a cumplirlos, manifestó, en declaraciones que recogía Servimedia tras la votación.

Ahora las dos leyes darán el salto al Senado, con lo que su aprobación podría ser inminente. Son las últimas de la legislatura que el Gobierno verá aprobadas antes del examen de las elecciones municipales y autonómicas, cuyos resultados inferirán bastante y podrían acelerar o terminar bloqueando algunos trámites pendientes en las Cámaras hasta su inminente disolución.