Más de 100 imputados y 20 detenidos en una de las mayores operaciones contra las ciberestafas en España

Alberto Iglesias Fraga
Un policía nacional en una manifestación en Madrid el 15 de septiembre de 2012.
Un policía nacional en una manifestación en Madrid el 15 de septiembre de 2012.
  • La Policía Nacional acaba con un grupo de ciberdelincuentes que habría llevado a cabo más de 800 estafas, usando portales de compraventa para hacerse con documentación personal y recibiendo pagos por productos que no existían.
  • Se estiman unas pérdidas de 190.000 euros, se han detectado más de 130 DNI de víctimas obtenidos por la trama criminal y 200 cuentas bancarias y giros postales a través de los que obtenían sus beneficios.
  • A los cabecillas del grupo, con epicentro en Cádiz, se les acusa de un delito de pertenencia a organización criminal y delitos continuados de estafa, blanqueo de capitales, y usurpación de identidad.

Imaginen un grupo de ciberdelincuentes capaz de realizar más de 800 estafas en toda España, con un perjuicio económico que supera con creces los 190.000 euros. O que esta trama involucre a alrededor de 100 personas, con epicentro en San Fernando (Cádiz) y con ramificaciones por todo el país. Suena a ficción, pero es la pura realidad.

Y es que, esta semana, la Policía Nacional ha llevado a cabo una macrooperación contra una organización criminal especializada en realizar estafas a través de Internet. En total, se ha imputado a más de 100 personas y detenido a una veintena de ellos, no descartándose nuevos arrestos ya que la operación continúa abierta.

Este grupo de estafadores ofrecía en una conocida aplicación de compraventa de segunda mano todo tipo de artículos como robots de cocina, carritos de bebe, teléfonos móviles e incluso alquileres falsos de inmuebles. Para dar mayor credibilidad ante quienes se interesaban por los anuncios, los estafadores creaban perfiles falsos en redes sociales y los vinculaban de forma fraudulenta a documentos de identidad que anteriores víctimas les habían facilitado con la excusa de realizarles un contrato de compraventa.

Los investigadores han detectado más de 130 documentos nacionales de identidad que la organización podría haber utilizado de forma ilegal usurpando la identidad de sus propietarios. Por lo que, al menoscabo económico sufrido por los perjudicados, en cuanto a la suma del dinero perdido, se le unen los posteriores agravios derivados del hecho de que esa identidad robada sea difundida en la red.

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Además, los agentes, que llevan años trabajando en este caso, descubrieron que los implicados buscaban y recopilaban datos de anuncios verdaderos en portales de Internet para obtener información original de artículos que posteriormente vendían como suyos. De esta forma se hacían pasar por compradores, interesándose por estos objetos y solicitando a los ofertantes copias digitales de las facturas, recibos o garantías. Además, a ser posible, intentaban conseguir una copia del documento de identidad del vendedor legítimo.

Finalmente, para realizar la compra de los falsos productos, los investigados solicitaban el dinero a los perjudicados a través de transferencias a cuentas bancarias o a nuevas modalidades de envío de dinero en la banca online. A lo largo de la investigación, los agentes han detectado más de 200 cuentas bancarias y giros postales. Para ello la cúpula de la organización se valía de una extensa red de “muleros” construida con el paso de los años.

La operación ha culminado con la detención de varios de los cabecillas, y con la ejecución de entradas y registros en varios domicilios. Los dirigentes están investigados como presuntos autores de un delito de pertenencia a organización criminal y delitos continuados de estafa, blanqueo de capitales, y usurpación de identidad. El resto de colaboradores en función de su grado de participación han sido investigados como presuntos autores de los delitos de estafa, usurpación y blanqueo de capitales.

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