El 21D en Cataluña: los diez pasos que nos han traído hasta aquí

Más de 136.000 de los votantes llamados a participar en las elecciones al parlamento de Cataluña del próximo 21D participarán por primera vez en unos comicios: tenían cuatro años en 2003, cuando se firmó el Pacto del Tinell y comenzó el proceso que ha desembocado aquí.
Entonces se inició una negociación para crear un nuevo estatuto de autonomía de la región (conocido como "Estatut") que, a lo largo de la siguiente década y con varios elementos inesperados (léase la crisis económica mundial) alimentó el movimiento independentista hasta la cristalización de la declaración de independencia de Cataluña el pasado 27 de octubre y la posterior convocatoria de elecciones por parte del Gobierno central.
Estos son los diez pasos que, desde aquel día de diciembre de hace catorce años, han marcado el desarrollo del conflicto y han conducido a estas elecciones.
Paso 1: 2003. El Partido Socialista, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya llegan a un acuerdo de gobierno (que incluye la reforma del estatuto de autonomía)
El 14 de diciembre de 2003, Pasqual Maragall (Partido de los Socialistas de Cataluña, PSC) estampó su firma y un beso en una carpeta: estaba a punto de convertirse en el nuevo presidente de Cataluña con el apoyo de sus dos nuevos socios de gobierno: Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya. Así nació el primer tripartito de izquierdas, que ponía fin a 23 años de gobierno de Jordi Pujol, el líder de Convergencia y Unión.
Ese pacto de gobierno se conoció como "Pacto del Tinell" por la sala en la que fue firmado. Era el fruto los intentos de los partidos de izquierdas (Iniciativa y PSC) por un lado y de Convergencia por otro para hacerse con el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya, el partido que con sus escaños podía decantar quién gobernaría la región.
Finalmente, se formó la coalición de izquierdas gracias a ese documento, que incluía como condición crear un nuevo estatuto de autonomía de Cataluña en los años siguientes que fuese aprobado en el parlamento regional primero y tramitado por el Congreso de los Diputados nacional después.
Unas semanas antes, en un momento que resultaría crucial en los episodios siguientes, el candidato del Partido Socialista nacional a la presidencia del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había dicho pública y rotundamente que si ganaba las elecciones y se convertía en presidente apoyaría el proyecto de estatuto que saliese del parlamento catalán.
Poco después, en marzo de 2004, Zapatero ganó las elecciones y se convirtió en presidente del Gobierno.
Paso 2: 2005. Todo el parlamento catalán (excepto el PP) aprueba la propuesta de modificación y la envía al Congreso de los Diputados, donde aprueban su tramitación todos los partidos (excepto el PP)
Durante casi veinte meses, y hasta el último momento, se estuvo negociando en el parlamento catalán el nuevo estatuto. La propuesta, que rápidamente puso de acuerdo a todos los partidos participantes (excepto al Partido Popular) en lo fundamental, se basaba en esencia en promover un modelo federal y otorgar más competencias al gobierno autonómico.
Sin embargo, tuvieron serias dificultades para llegar acuerdos en muchos detalles. Finalmente, el texto se votó y se aprobó con el apoyo de todos los partidos excepto del Partido Popular el 30 de septiembre de 2005.
Durante todo este trayecto, y a medida que se iban conociendo detalles, el gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero empezó a prepararse para conocer una ley que en algunos extremos pudiera no ser completamente constitucional, como en lo que tenía que ver con las competencias judiciales.
Un mes después de la votación en Cataluña, se celebró en Madrid el debate en el que el Congreso de los Diputados debía decidir si tramitaba el texto o si, como ya había ocurrido con el caso del País Vasco, lo devolvía al parlamento catalán por considerarlo inconstitucional.
En este punto es donde se introdujo uno de los principales motivos de polémica y debate, que aún hoy perdura: el uso de la palabra "nación" en el articulado del estatuto. El entonces jefe de la oposición en el Congreso y hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mostró su oposición frontal a que se aceptase el texto. Después de diez horas de debate, sin embargo, fue aceptado.
El Partido Popular de Rajoy presentó entonces un recurso ante el Tribunal Constitucional para evitar que se votase el texto.