Más de 136.000 de los votantes llamados a participar en las elecciones al parlamento de Cataluña del próximo 21D participarán por primera vez en unos comicios: tenían cuatro años en 2003, cuando se firmó el Pacto del Tinell y comenzó el proceso que ha desembocado aquí.
Entonces se inició una negociación para crear un nuevo estatuto de autonomía de la región (conocido como "Estatut") que, a lo largo de la siguiente década y con varios elementos inesperados (léase la crisis económica mundial) alimentó el movimiento independentista hasta la cristalización de la declaración de independencia de Cataluña el pasado 27 de octubre y la posterior convocatoria de elecciones por parte del Gobierno central.
Estos son los diez pasos que, desde aquel día de diciembre de hace catorce años, han marcado el desarrollo del conflicto y han conducido a estas elecciones.
Paso 1: 2003. El Partido Socialista, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya llegan a un acuerdo de gobierno (que incluye la reforma del estatuto de autonomía)
El 14 de diciembre de 2003, Pasqual Maragall (Partido de los Socialistas de Cataluña, PSC) estampó su firma y un beso en una carpeta: estaba a punto de convertirse en el nuevo presidente de Cataluña con el apoyo de sus dos nuevos socios de gobierno: Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya. Así nació el primer tripartito de izquierdas, que ponía fin a 23 años de gobierno de Jordi Pujol, el líder de Convergencia y Unión.
Ese pacto de gobierno se conoció como "Pacto del Tinell" por la sala en la que fue firmado. Era el fruto los intentos de los partidos de izquierdas (Iniciativa y PSC) por un lado y de Convergencia por otro para hacerse con el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya, el partido que con sus escaños podía decantar quién gobernaría la región.
Finalmente, se formó la coalición de izquierdas gracias a ese documento, que incluía como condición crear un nuevo estatuto de autonomía de Cataluña en los años siguientes que fuese aprobado en el parlamento regional primero y tramitado por el Congreso de los Diputados nacional después.
Unas semanas antes, en un momento que resultaría crucial en los episodios siguientes, el candidato del Partido Socialista nacional a la presidencia del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había dicho pública y rotundamente que si ganaba las elecciones y se convertía en presidente apoyaría el proyecto de estatuto que saliese del parlamento catalán.
Poco después, en marzo de 2004, Zapatero ganó las elecciones y se convirtió en presidente del Gobierno.
Paso 2: 2005. Todo el parlamento catalán (excepto el PP) aprueba la propuesta de modificación y la envía al Congreso de los Diputados, donde aprueban su tramitación todos los partidos (excepto el PP)
Durante casi veinte meses, y hasta el último momento, se estuvo negociando en el parlamento catalán el nuevo estatuto. La propuesta, que rápidamente puso de acuerdo a todos los partidos participantes (excepto al Partido Popular) en lo fundamental, se basaba en esencia en promover un modelo federal y otorgar más competencias al gobierno autonómico.
Sin embargo, tuvieron serias dificultades para llegar acuerdos en muchos detalles. Finalmente, el texto se votó y se aprobó con el apoyo de todos los partidos excepto del Partido Popular el 30 de septiembre de 2005.
Durante todo este trayecto, y a medida que se iban conociendo detalles, el gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero empezó a prepararse para conocer una ley que en algunos extremos pudiera no ser completamente constitucional, como en lo que tenía que ver con las competencias judiciales.
Un mes después de la votación en Cataluña, se celebró en Madrid el debate en el que el Congreso de los Diputados debía decidir si tramitaba el texto o si, como ya había ocurrido con el caso del País Vasco, lo devolvía al parlamento catalán por considerarlo inconstitucional.
En este punto es donde se introdujo uno de los principales motivos de polémica y debate, que aún hoy perdura: el uso de la palabra "nación" en el articulado del estatuto. El entonces jefe de la oposición en el Congreso y hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mostró su oposición frontal a que se aceptase el texto. Después de diez horas de debate, sin embargo, fue aceptado.
El Partido Popular de Rajoy presentó entonces un recurso ante el Tribunal Constitucional para evitar que se votase el texto.
Paso 3: 2006. El año en que el Partido Popular pidió un referéndum en Cataluña y votó con los independentistas (y acudió al Constitucional)
El PP no logró su objetivo y el texto fue aceptado, pero sufrió muchos cambios desde ese momento hasta su votación y aprobación definitiva, en marzo de 2006.
El acuerdo entre el Gobierno y los partidos catalanes se sustanció en una reunión secreta que tuvo lugar en enero de 2006 entre Zapatero y Artur Mas, el nuevo líder de Convergencia y Unión y sucesor de Jordi Pujol, cuyo apoyo era necesario para aprobar en el Congreso un Estatut que ya no era solo una cuestión política catalana, sino nacional: ahí, por ejemplo, decidieron trasladar el término "nación" del articulado del estatuto al preámbulo, de modo que pudiese pasar el filtro de un más que previsible análisis del Tribunal Constitucional. El Congreso, en fechas siguientes, también retocó algunos artículos.
Mientras tanto, Mariano Rajoy comenzó una campaña de recogida de firmas para organizar un referéndum nacional sobre el Estatut, que no fructificó.
Después de todo lo ocurrido, el 30 de marzo se aprobó la reforma del estatuto de Cataluña en el Congreso de los Diputados. Curiosamente, de los tres partidos que votaron en contra uno era el Partido Popular y otro, el independentista ERC. Sus motivos eran bien distintos: el PP consideraba que el gobierno de Zapatero había hecho demasiadas cesiones al independentismo y ERC, que se habían hecho demasiadas concesiones al PP.
Entonces, el Partido Popular volvió a recurrir al Tribunal Constitucional, después de que el Estatut fuese aprobado en un referéndum celebrado en Cataluña en el que obtuvo un apoyo del 74% (pero una participación de menos del 50%) y entrase en vigor en agosto de ese año.
Paso 4: 2010. El Tribunal Constitucional avala (casi) la totalidad del Estatut, pero declara que Cataluña no es una "nación"
Después de cuatro años, en el verano de 2010 el Tribunal Constitucional por fin se pronunció sobre el Estatut que tanto había costado sacar adelante cuatro años antes. Quedaban anulados 14 de los 223 artículos que lo componían y el Tribunal reinterpretaba, además, otros 27.
Las reacciones no se hicieron esperar: el primero fue el presidente del gobierno catalán, que volvía a estar compuesto por un tripartito liderado por el PSC (en este caso, su líder era José Montilla), que habló de "agresión" del Tribunal Constitucional y encabezó la mayor manifestación de la historia reciente de la región, celebrada el día que se comunicó la sentencia. La manifestación, sin embargo, pronto derivó en una exhibición independentista.
El clima del tripartito era ya irrespirable, y en las elecciones de noviembre de ese año los partidos que lo componían se desplomaron. Convergencia y Unión volvía al poder después de 8 años, esta vez con Artur Mas al frente y con un giro de su programa electoral hacia el independentismo: Mas se había comprometido a emplear una nueva estrategia con el gobierno central, que no pasaba ya por la reforma del Estatut sino por lograr un pacto fiscal para Cataluña más ventajoso, similar al que tenían el País Vasco y Navarra.
Pero aún quedaba un invitado más: la monumental crisis económica que había estallado en 2008, y que se iba a cruzar en los planes de Mas y del independentismo.
Paso 5: 2012. Cataluña pide un pacto fiscal, el Gobierno central lo niega y el independentismo estalla
El 11 de septiembre es, desde 1980, el día de Cataluña. Era habitual que ese día se produjesen algunas manifestaciones independentistas pero, por ejemplo, a la de 2011 solo acudieron unas 10.000 personas. Un año más tarde, en 2012, pedían la independencia 600.000 según el Gobierno; y 1,5 millones según los organizadores.
El motivo principal era el inminente naufragio de las negociaciones de Artur Mas con el nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para lograr el deseado pacto fiscal. El parlamento catalán había aprobado su propuesta en julio, pero Rajoy, cuyo gobierno estaba desplegando una inmensa batería de recortes económicos, dejó claro que no veía posible aprobar la medida y que no tenía, además, margen para hacerlo.
Las negociaciones se rompieron completamente el 20 de septiembre de 2012 y el pacto fiscal quedó aparcado, puesto que el Gobierno de Rajoy poseía mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y era imposible, por tanto, aprobar ninguna medida sin su apoyo.
Al punto, Convergencia y Unión decidió romper la baraja y pasar a la ofensiva: a los pocos días, Artur Mas convocó elecciones anticipadas e incluyó —esta vez explícitamente— una consulta de autodeterminación en su programa electoral. Había firmado un pacto con Esquerra Republicana de Catalunya: Artur Mas volvió a convertirse en presidente, aunque ya había hipotecado la legislatura al independentismo.
Paso 6: 2012-2014. El camino hacia el 9N: Nace la expresión "derecho a decidir"
Desde finales de 2012 y hasta finales de 2014, el gobierno catalán comenzó a preparar un referéndum o consulta. No lo hizo de manera súbita, precipitada, ni explícita, sino que empezó por promover lo que dio en llamar "Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo catalán" en enero de 2013 y en tratar de fundar una base social sólida en lo que llamó el "Pacto por el derecho a decidir", que se reunió por primera vez en el verano de 2013.
A ese encuentro no fueron invitados ni Ciutadans ni el PP (los partidos que hoy forman parte del conocido como "bloque constitucionalista" o contrario a la declaración de independencia); sí lo fue el PSC, pero los socialistas eludieron participar porque, consideraban, lo que en realidad se estaba persiguiendo era la independencia.
A lo largo de 2013 y 2014 la tensión entre el gobierno catalán y el central se fue avivando mediante esta sucesión de declaraciones y acciones parlamentarias, y se trasladó a los tribunales: otra vez, el Tribunal Constitucional entraba en escena a petición de la Abogacía del Estado para impedir que la anunciada consulta se celebrase, después de haber sido requerido para pronunciarse sobre los pasos que había ido dando el gobierno catalán en esa dirección.
En última instancia, gobierno catalán retiró la formulación de la consulta como tal y celebró en su lugar, finalmente, lo que bautizó como "Proceso participativo sobre el futuro de Cataluña". El Tribunal Constitucional también la había anulado unos días antes: a Artur Mas iba a costarle, año y medio más tarde, la inhabilitación.
Paso 7: 2015. Artur Mas convoca elecciones plebiscitarias, pero no logra ser presidente
Con esta nueva negativa y su inminente encausamiento judicial por la consulta del 9N, Artur Mas decidió a principios de 2015 volver a subir la apuesta: anunció elecciones anticipadas (las terceras en cinco años), pero esta vez con carácter plebiscitario, es decir, el objetivo de los comicios era dilucidar el apoyo que tenía el independentismo, y se forzaba así a los partidos que se presentasen a posicionarse a favor o en contra de un proceso de independencia de Cataluña.
Como fecha, eligió el 27 de septiembre de ese año. No era una fecha cualquiera: según la ley electoral española, el inicio de la campaña coincidiría así con el 11 de septiembre de ese año.
A lo largo de 2015 los partidos independentistas negociaron una lista electoral única, que resultó en el nacimiento de la coalición Junts pel Sí y en la desaparición de Convergencia y Unión por diferencias internas ante la declaración de independencia resultante de los comicios.
Finalmente, Junts pel Sí ganó las elecciones, pero no por mayoría absoluta: consiguió 62 de los 135 escaños que componen el parlamento de Cataluña y se quedó a seis de la mayoría absoluta. Podía lograr gobernar si sumaba el apoyo de la CUP (Candidatura de Unidad Popular), el partido independentista de extrema izquierda que no se había integrado en Junts pel Sí. Aunque ganaron en escaños, las dos formaciones no lograron alcanzar la mitad de los votos totales.
La CUP, sin embargo, anunció que no apoyaría que Artur Mas volviese a ser presidente. Después de una larga y tensa negociación, y cerca ya de que fuese obligatorio volver a convocar elecciones para formar gobierno, Mas fue apartado y Carles Puigdemont, número 3 de la lista de Junts pel Sí por Gerona, fue propuesto como candidato e investido presidente.
Paso 8: 2016. Puigdemont entra en escena y comienzan los preparativos del 1O
A finales de enero de 2016 se dio el primer paso hacia el referéndum de independencia de Cataluña, anunciado en la campaña electoral anterior, mediante la formación de una comisión parlamentaria de estudio. Poco después se abrió la primera crisis en el acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP, que se negó a aprobar los presupuestos. Para asfaltar el camino, Puigdemont se sometió a una moción de confianza en el parlamento, que superó con éxito.
A lo largo de los meses siguientes, hasta verano de 2017, el gobierno catalán comenzó a preparar el referéndum ofreciendo al Gobierno central que se celebrase de forma pactada primero (propuesta que fue rechazada) y, luego, avivando una campaña social, política y propagandística dentro y fuera de Cataluña que tuvo uno de sus puntos fuertes en marzo de 2017, cuando el ex presidente Artur Mas fue condenado por la organización de la consulta de 2014.
En junio, Puigdemont anunció la celebración del referéndum en otoño de este año y, a lo largo del verano de 2017, el parlamento comenzó los preparativos legales para llevarlo a cabo: entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre se aprobaron en el parlamento las dos leyes que, a pesar de todas las advertencias del gobierno central y, de nuevo, del Tribunal Constitucional, sirvieron para organizar el referéndum y ponerle fecha: 1 de octubre de 2017.
Paso 9: 2017. La guerra total
El grado de tensión y la inminencia del referéndum culminaron el 20 de septiembre en una gran operación policial que pretendía evitar que se celebrase. Practicaron 14 detenciones y se produjeron algunos incidentes, que a la postre enviarían a prisión a los líderes de dos organizaciones independentistas, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. A resultas de lo ocurrido ese día, el Gobierno redobló la presencia policial, hasta enviar a 10.000 agentes a la región con vistas a impedir la votación del 1 de octubre.
A pesar de los intentos tanto directos como informáticos del Gobierno por impedir el referéndum, este se celebró, con una participación reconocida por los organizadores del 43%, más de un 30% menos que en las elecciones autonómicas de 2015, en las que se produjo una histórica movilización del 77%.
A partir de los resultados, se abrió el debate sobre la necesidad o no de declarar la independencia de Cataluña abiertamente. El Gobierno advirtió a Puigdemont que, de hacerlo, aplicaría el ya famoso artículo 155 de la Constitución, que le otorga al Ejecutivo la facultad de intervenir la autonomía.
Tras un mes de dudas e intercambios entre Madrid y Cataluña, finalmente Carles Puigdemont declaró la independencia el viernes 27 de octubre, lo cual precipitó los acontecimientos: ese mismo día el Gobierno central invocó el artículo 155 y destituyó a todo el gobierno catalán, además de convocar elecciones. Puigdemont huyó a Bruselas al cabo de dos días, temeroso de ser detenido por la Justicia (que decretó prisión provisional para todos los organizadores del referéndum la semana siguiente).
Paso 10: 2017. Buscando una salida catorce años y una semana después
Las del 21D son, por lo tanto, las cuartas elecciones autonómicas que se celebran en Cataluña en siete años, y justo coinciden con el decimcuarto aniversario (más una semana) de la firma del Pacto del Tinell con el que todo comenzó.
Lejos de abrirse una perspectiva de solución, los últimos sondeos dan la victoria a ERC en escaños, que en esta ocasión se presenta en solitario, y la victoria en votos a Ciutadans. Además, Mariano Rajoy fue reelegido presidente del Gobierno de España en verano de 2016, conque hasta 2020, al menos, será el Partido Popular quien siga siendo el interlocutor del gobierno catalán.
Por lo tanto, se presenta un panorama fragmentado en el parlamento catalán y una resistencia del gobierno español a negociar con los independentistas.
A menos que las urnas deparen alguna sorpresa, este camino no ha terminado.