4 empresas acaparan el 10% de los fondos de adjudicaciones públicas de emergencia durante 2020

Durante los primeros meses de la pandemia las administraciones públicas españolas se toparon con una situación de emergencia sanitaria sin apenas tiempo para prepararse o para hacer acopio de suministros y con la dificultad añadida de que las cadenas de abastecimiento se habían visto afectadas por las restricciones ante el coronavirus, lo que complicaba aún más la disponibilidad de respiradores, mascarillas, gel hidroalcohólico o test de antígenos.

Esta situación ha provocado que, durante 2020, un 15% de todos los contratos firmados a lo largo del año se tramitasen de emergencia, lo que implica que se pueden conceder de forma más rápida y con menos controles, segúnCivio, que asegura que estos contratos se pueden otorgar "a dedo" e incluso sin establecer condiciones por escrito como vía para agilizar la respuesta ante catástrofes, situaciones de grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional.

En total, en 2020, este sistema de adjudicación de emergencia dio lugar a 16.589 contratos con administraciones públicas valorados en 6.445 millones de euros. De esa cantidad, casi la mitad, unos 3.200 millones de euros, corresponden a 658 contratos de emergencia de la administración del Estado, lo que contrasta con los 27 millones de euros de 2019 repartidos en 50 contratos o los 3 millones de euros de 2018 para 12 adjudicaciones de emergencia.

De ese total de 6.445 millones de euros empleados en adjudicaciones de emergencia el año pasado, un 83,5%, equivalente a 5.389 millones, se destinó a contratar suministros, dedicando 1.447 millones de euros en mascarillas, 1.467 millones para equipos de protección individual (EPI) y otras vestimentas, casi 600 millones de euros en test, 524 millones en guantes y 156 millones en respiradores, entre otros.

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Mientras, otros 694 millones de euros se destinaron a contratos de servicios, de los que 122 millones se destinaron a pruebas para detectar el coronavirus, rastreo de contactos, asistencia sanitaria y alojamiento y manutención de pacientes y sanitarios, 121 millones para transporte y logística, 88 millones para atender colectivos vulnerables y 86 millones en limpieza, desinfección y lavandería.

Por último, la otra gran categoría de gasto en los contratos de emergencia son las obras, a las que se destinaron unos 325 millones de euros, especialmente para acondicionamiento, adaptación, reparación y mantenimiento de espacios sanitarios, arreglo de carreteras y vías férreas, a los desperfectos del temporal Gloria o a la gestión, canalización y saneamiento de aguas.

Sin embargo, como desvela Civio, no todos los gastos y proyectos cubiertos con contratos de emergencia están vinculados a la pandemia. Así, desvela que el Gobierno autonómico de Murcia adjudicó un contrato de emergencia a la empresa CBM por 744.000 euros para gestionar su televisión pública apenas 2 semanas después de la puesta en marcha del estado de alarma, hasta que se eligiese a un ganador en un concurso para gestionar ese servicio. 

Mientras, el ayuntamiento tinerfeño de Icod De los Vinos recurrió al sistema de adjudicación de emergencia en enero de 2020 para alquilar 3 camellos para su cabalgata de Reyes, mientras que Cádiz hizo lo propio para los pasacalles navideños. Tras el inicio de la pandemia, el ayuntamiento de Marbella (Málaga) pagó con 36.000 euros los contratos de emergencia para comprar 15 pistolas táser, mientras el de Meco (Madrid) empleo este sistema para gestionar su piscina municipal. 

Pese a casos como este, la fundación destaca que las 4 empresas que más dinero han recibido en estas 16.600 adjudicaciones de emergencia fueron contratadas para suministros sanitarios. Además, afirma que esas 4 compañías acaparan un 10% de los fondos de adjudicaciones públicas de emergencia, sumando un total de 637 millones de euros por un total de 337 contratos con el sector público.

La empresa que ha manejado contratos más abultados ha sido FCS Select Products, radicada en Barcelona y con sede en China, que gestionó 4 contratos con el Ministerio de Sanidad por valor de 217 millones a pesar de dedicarse al sector de las bebidas energéticas y de que una de sus administradoras había sido condenada en 2015 por estafa, segúnEl Confidencial.

En segundo lugar figura la china Hong Kong Travis Asia, a la que se adjudicaron 5 contratos de emergencia por valor de 187 millones de euros para importar 150 millones de mascarillas, seguida de 2 empresas sanitarias, Barna Import Médica, con 225 adjudicaciones para un total de 121 millones para la compra de batas, mascarillas y guantes, y Abbott, que acaparó 111 millones de euros en 103 adjudicaciones para la compra de test de antígenos.