Convenios, subcontratas y condiciones: las 4 prioridades del Gobierno para modificar la reforma laboral

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz
Ministerio de Trabajo y Economía Social
  • El Gobierno anunció este martes que la modificación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral forma parte de sus principales líneas políticas para 2021 y figurará en la agenda legislativa para el próximo curso.
  • Tras haber derogado el despido por bajas médicas justificadas en febrero y del despido objetivo por absentismo en abril, el Ejecutivo retoma uno de los puntos del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidos Podemos para esta legislatura.
  • Entre los cambios que el Gobierno busca introducir en la legislación laboral, se incluyen modificaciones sobre los convenios colectivos, las subcontratas o la capacidad de la empresa de variar las condiciones laborales de sus empleados, según El País.
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Con el reinicio del curso político en septiembre, el Gobierno está retomando poco a poco los asuntos que la pandemia de coronavirus ha ido postergando. Así, se ha retomado el diálogo en el seno del Pacto de Toledo para abordar la reforma de las pensiones, pendiente desde hace 4 años a falta de consenso político para aplicar cambios.

Del mismo modo, este martes, en su primer Consejo de Ministros tras el verano, el Ejecutivo ha aprobado la agenda legislativa para 2021, en la que ha incluido la derogación o modificación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, que es uno de los puntos principales del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidos Podemos para esta legislatura.

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9 meses después de la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solo 2 puntos de la reforma laboral aprobada en 2012 han sido derogadosel despido por bajas médicas justificadas en febrero y del despido objetivo por absentismo en abril. Sin embargo, tanto el PSOE como el Ministerio de Trabajo han reiterado durante el verano que la modificación de la reforma laboral seguía siendo una de sus prioridades.

Para abordar esa reforma, Trabajo tiene previsto iniciar negociaciones con los agentes sociales, que tienen posturas enfrentadas respecto a los posibles cambios de esta normativa. Así, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, calificó de "hecatombe" cualquier cambio en la reforma laboral, mientras que los sindicatos defienden derogar la norma por completo y no solo sus medidas más polémicas para dar paso a "una legislación más justa".

De hecho, los 2 partidos de la coalición de Gobierno llegaron a pactar con EH Bildu la derogación total de la reforma laboral, dentro de las negociaciones para la prórroga del estado de alarma durante la pandemia, aunque el PSOE se retractó a las pocas horas. Ahora, en cambio, el Gobierno opta por una derogación parcial que dependerá de los acuerdos que alcance el diálogo social antes de fin de año

Ante una negociación que previsiblemente será complicada, el Gobierno valora introducir cambios en varios puntos de la reforma laboral, especialmente aquellos que tienen que ver con la prioridad y duración de los convenios colectivos, con la mejora de las condiciones de las subcontratas y con la capacidad de las empresas para variar unilateralmente las condiciones de sus empleados, según avanza El País.

Ultraactividad y prioridad de los convenios sectoriales

En materia de convenios colectivos, el Gobierno considera prioritario recuperar la ultraactividad, que fue derogada en la reforma de 2012 en la que se estableció que los convenios que no fuesen renovados por acuerdo entre empresas y trabajadores perderían vigencia en un año. Por ello, la intención del Ejecutivo y los sindicatos es que los convenios se renueven automáticamente mientras se negocia un nuevo acuerdo laboral.

La recuperación de la ultraactividad es una prioridad para el Ejecutivo, que se plantea incluso modificar este aspecto de la normativa al margen de los agentes sociales si no se consigue un acuerdo entre sindicatos y patronales, como avanza Cinco Días, al igual que podría suceder con el plan de lucha contra el fraude fiscal.

Además, en la agenda de negociación también figura la supresión de la prioridad de los convenios de empresa respecto a los sectoriales, que permite que cada compañía establezca condiciones salariales por debajo de sus competidoras, como señala El País. Por ello, uno de los objetivos del Gobierno pasa por la recuperación de la primacía de los convenios de ámbitos superiores para frenar posibles pérdidas de derechos laborales.

Mejorar las condiciones de las subcontratas

Otra de las claves de la modificación de la reforma laboral pasa por el establecimiento de unas condiciones básicas en la subcontratación que eviten que las empresas recurran a esta fórmula para pagar salarios por debajo de lo que marca su respectivo convenio. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha señalado que es necesario regular las subcontratas "para que no se utilice para ahorrar en costes de salario", en declaraciones a El País.

Sin embargo, las patronales han rechazado esta medida, criticando que supondrá precisamente un fuerte incremento de los costes laborales que perjudique la descentralización de la actividad y que pondrá en peligro tanto el proceso de subcontratación como miles de empleos, según Expansión, que asegura que esta norma obligará a contratar a subcontratados, autónomos o colaboradores que realicen la misma actividad que la empresa.

Modificar este punto de la reforma laboral supone introducir cambios de calado en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que establece garantías para los trabajadores implicados en subcontratas de una obra o servicio. Esta medida también podría afectar a los riders de servicios como Deliveroo o Glovo, que la justicia ha reconocido repetidas veces como falsos autónomos, aunque no se descarta que se apruebe una ley propia.

Evitar cambios unilaterales de condiciones

Por último, la modificación parcial de la reforma laboral también podría centrarse en limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte de la empresa cuando no se alcanza un acuerdo al respecto con el empleado, como vía para frenar la precarización del empleo y para evitar posibles abusos.

Mientras, otras cuestiones, como la regulación de las condiciones laborales de los becarios, la recuperación de la autorización administrativa para realizar despidos colectivos o de la indemnización por despido de 45 días por año trabajado quedarán fuera del debate de la derogación parcial de la reforma laboral, salvo cambios de última hora.

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