¿Por qué el bono joven de alquiler no funciona? Las 4 razones que lo explican
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- En las grandes ciudades donde hay problema de acceso al alquiler, no lo soluciona porque no puede aplicarse, y donde no había problemas, podría crearlos.
- El bono será como una lotería: sólo llegará a 60.000 jóvenes de los 9,7 millones de menores de 34 años.
- La ayuda dura dos años. Durante ese tiempo, los jóvenes podrán recibir 250 euros al mes. Pero, ¿y qué pasa después? Los contratos de alquiler son de cinco años.
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El Gobierno anunció esta semana el bono joven de alquiler como la medida estrella del plan estatal de vivienda. Se ha vendido tan bien que ha eclipsado otras 9 ayudas al alquiler incluidas en el plan.
Pero, ¿es tan bueno como lo pintan?
En cuestión de horas llovieron las críticas: unas voces decían que no podría aplicarse en las ciudades que más lo necesitan; otras, que daba igual que se aplicara, porque era una medida paliativa que no soluciona el drama del alquiler.
Lo cierto es que analizando los requisitos necesarios para pedir el bono joven y cruzándolos con la realidad del mercado del alquiler en España, es muy probable que la medida no alcance el efecto deseado.
"El bono no resuelve el problema de acceso a la vivienda que tienen los jóvenes, porque donde hay problemas, no los soluciona y donde no hay problema, les da el bono y entonces los crea", resume Gonzalo Bernardos, profesor Titular y director del Máster inmobiliario de la Universidad de Barcelona.
1. Donde hay problemas, no los soluciona, y donde no los hay... los crea
Para poder pedir el Bono joven de alquiler no vale estar viviendo en cualquier piso. Hace falta que el precio del alquiler sea inferior a 600 euros al mes. Este es el tope máximo, aunque el Gobierno abre la puerta a que en algunas capitales pueda subirse ese umbral.
El problema es, ¿dónde hay pisos a ese precio? En ciudades donde no hay un mercado tensionado.
Alquilar un piso en España cuesta, de media, 674 euros al mes, según el Observatorio de Vivienda y Suelo. Pero ese no es, ni de lejos, el precio que pagan los jóvenes en grandes capitales como Madrid, Barcelona o Valencia, que es precisamente donde se concentran los problemas de acceso a la vivienda.
"¿Dónde están los problemas de vivienda de España? ¿En Mérida?", pregunta Bernardos, que añade que "la inmensa mayoría de la población está pagando más de 900 euros al mes por un alquiler, y donde no es así, es porque no hay problemas".
En Madrid y Barcelona, sólo un 1% de los pisos en alquiler cuestan 600 euros o menos. En Palma de Mallorca, un 2%, en Valencia un 4%, según los datos de Fotocasa elaborados para BI España.
Cuanto más popular es el mercado de alquiler en una ciudad, más caros son los precios. ¿Por qué? Porque hay muchísima demanda y muy poca oferta. "En estas ciudades la demanda sobra. Si le das una ayuda a la demanda, la estás calentando todavía más, y el problema de oferta sigue existiendo", añade Bernardos.
"Hay que tener en cuenta que una vivienda en alquiler en Madrid ronda los 1200 euros y en Barcelona los 1300 euros. Estos jóvenes dedican más del 55% de su salario a pagar la renta de su vivienda", explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.
En la teoría, la idea de poner un tope máximo al alquiler tiene sentido. Lo que busca es evitar que los 250 euros de ayuda se trasladen al precio final de los alquileres.
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Si para recibir la ayuda pones un máximo de 600 euros, te aseguras que los propietarios no le repercutan los 250 euros del bono en el precio a los inquilinos, porque si el precio final supera los 600 euros, entonces ya no hay ayuda.
El problema está en que el máximo fijado deja fuera automáticamente a todas las ciudades donde hay problemas de alquiler, por lo que en estas, no lo soluciona.
¿Qué ocurre con las ciudades donde no hay problema de acceso al alquiler?
Que como el precio medio sí es inferior a los 600 euros, en éstas sí se recalentará el mercado. Como los propietarios tienen margen para subir el alquiler hasta los 600 euros, el bono podría traducirse en una subida generalizada de los alquileres en esa zona.
"Si yo tengo un piso en Huesca y veo que el joven tiene 250 euros más, no le voy a bajar el alquiler, porque sé que a partir de ese momento tiene mayor capacidad de pago", aclara Bernardos.
Si finalmente se subiera el umbral a 900 euros, tampoco solucionaría gran cosa. Sólo el 29% de los pisos de Madrid y el 18% de los de Barcelona tienen un precio por debajo de los 900 euros.
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¿Reparto desigual entre comunidades?
Por otro lado, está el tema de que el Gobierno presupuesta 200 millones de euros para las ayudas, pero este importe tendrá que repartirse entre las comunidades. Por lo que incluso podría ocurrir que haya regiones donde no existen estos problemas que accedan a estos importes, minimizando el impacto que tendrían los fondos en regiones donde sí hay dificultades de acceso a la vivienda.
"Lo alambicado de la propuesta y las transferencias territoriales hacen difícil saber qué porcentaje de la población se beneficiará finalmente de las medidas”, coincide Francisco Iñareta, portavoz de idealista.
2. Sólo llega a un 1,7% de los jóvenes emancipados y a un 0,7% sin emancipar
En España hay 2,8 millones de jóvenes menores de 34 años que viven emancipados y 6,7 millones que no han conseguido emanciparse. El Bono de alquiler nace con el objetivo de aliviar el esfuerzo que supone el pago del alquiler para los primeros, y ayudar a los segundos a poder independizarse.
Sin embargo, el Gobierno estima que esta ayuda llegará a unas 60.000 personas. Es decir, que sólo el 1,7% de personas jóvenes emancipadas podrán beneficiarse de estas ayudas, según cálculos del Consejo de la Juventud de España (CJE).
En el caso de los jóvenes sin emancipar, todavía sería peor: la medida sólo alcanzaría a un 0,7%. "Esta medida es completamente errónea y puede convertirse en una especie de lotería en la que sólo un puñado de personas jóvenes en España podrá tener fortuna y beneficiarse de las ayudas", critican desde el CJE.
3. El bono dura dos años, los contratos de alquiler, cinco
Los jóvenes que reciban este bono tendrán una ayuda de 250 euros al mes durante dos años. Pero, ¿y qué pasa después?
Resulta que la duración del bono son 24 meses, dos años, pero los contratos de alquiler duran cinco años, y cuando alguien se emancipa lo hace con la perspectiva de ganar estabilidad.
"La gente joven que se va a emancipar, ¿Cuántos años podrá estar en esa vivienda? Esto no es una medida permanente, es una medida electoralista", zanja Bernardos.
Curiosamente, el tiempo que dura la medida es el tiempo que falta, más o menos, para llegar a las elecciones generales de 2023. Igual de curioso es que, como recuerda Bernardos, José Luis Rodríguez Zapatero también aprobó un cheque vivienda para los jóvenes en septiembre de 2007, seis meses antes de las elecciones generales.
¿Qué pasará con los jóvenes que se emanciparon con el bono dentro de dos años? ¿Tendrán que regresar a sus casas? Lo que estas preguntas revelan es que en realidad el problema de fondo de los jóvenes tiene que ver con la situación de precariedad e inestabilidad que sufren en el empleo.
"Este bono público solo sería un respiro temporal (para muy pocos), ya que no solucionaría el verdadero problema de raíz: la temporalidad, inestabilidad y precariedad laboral de los menores de 35 años de nuestro país", señala Matos.
“Es una medida más estética que otra cosa. Debido a que es temporal y los ingresos que van a dar a jóvenes luego tributan vía IRPF, puede que luego tengan que devolver una parte en función de qué porcentaje les estén reteniendo. Habrá que ver si será suficiente para alquilar a alguien con un contrato temporal, si no va acompañado de más garantías, ya que el contrato es de 5 años”, coincide Montse Moreno, vicepresidenta de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI).
4. Riesgo de que estimule el mercado negro
¿Qué puede ocurrir en grandes capitales donde el precio de los alquileres supere el máximo de 600 euros? Que los propietarios bajen el precio oficial del piso por debajo de ese umbral y pidan el resto en negro.
"El alquiler máximo está limitado a 600 euros (o 900 si así lo acuerdan las comunidades). Esto hará que los alquileres disponibles, especialmente en las zonas de mayor demanda de vivienda, se acumulen en esos límites, exigiendo un sobreprecio no declarado", avisan desde Comisiones Obreras.
Desde UGT coinciden en que "los límites de precio para poder acceder a la subvención estimulan que el mercado se eleve".
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