Reforma laboral, ERTE, 'riders' o salario mínimo: las 'patatas calientes' en materia de empleo que tiene por delante el Gobierno

Este pasado jueves, los sindicatos CCOO y UGT volvieron a las calles para reclamar al Gobierno que retome su agenda social y aborde los temas pendientes que quedan por resolver tras los acuerdos logrados durante el primer año de legislatura. En concreto, las movilizaciones sindicales se centraron en la subida del salario mínimo interprofesional, la reforma de las pensiones y la derogación de la reforma laboral.

Sin embargo, hay más "patatas calientes" que el Ejecutivo debe afrontar en materia laboral en los próximos meses y que están protagonizando sus negociaciones con los agentes sociales. En algunos casos, se trata de medidas que el Gobierno se comprometió a aplicar, pero han quedado en segundo plano durante 2020 debido a la pandemia y en otros son precisamente iniciativas para paliar el impacto del coronavirus en el empleo.

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Durante los 12 primeros meses de mandato, Gobierno, sindicatos y patronales consiguieron cerrar 7 acuerdos del diálogo social, como la derogación del despido por bajas médicas justificadas, la Ley de Trabajo a Distancia o la puesta en marcha y posteriores prórrogas de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la flexibilización de las prestaciones de cese de actividad para autónomos, entre otros.

5 son los frentes que el Gobierno tiene abiertos en materia laboral de cara a los próximos meses y que afectan a los posibles cambios en la reforma laboral de 2012, la revalorización de los salarios, la regulación de las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales, la mejora de las políticas activas de empleo y una nueva prórroga a ERTE y prestaciones para autónomos a partir del 31 de mayo, si la evolución de la pandemia lo requiere.

La derogación de la reforma laboral

El Ministerio de Trabajo comenzó 2020 con la intención de llevar a cabo la modificación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral aprobada en 2012. Sin embargo, la pandemia dio al traste con estos planes y solo se derogaron 2 puntos de esta normativa, el despido por bajas médicas justificadas, en el mes de febrero, y el despido objetivo por absentismo, en abril. 

La coalición de Gobierno llegó a tener cerrado en junio un acuerdo con EH Bildu para iniciar el desmontaje legal de la reforma laboral a cambio del apoyo de la formación abertzale a la prórroga del estado de alarma durante la primera oleada de la pandemia, pero el PSOE se retractó a las pocas horas ante la polémica suscitada y apostó desde entonces por derogar la reforma laboral a través del acuerdo con patronal y sindicatos.

CEOE, en cambio, se ha opuesto reiteradamente a cualquier cambio en la reforma laboral y su presidente, Antonio Garamendi, ha llegado a afirmar que modificarla sería "una hecatombe". Por su parte, los sindicatos han reclamado derogar la reforma de 2012 al completo, como defendieron durante sus movilizaciones de la semana pasada. 

Pese a estos desencuentros, el Ejecutivo incluyó la derogación parcial de la reforma laboral dentro de la propuesta que envió a Bruselas con 30 reformas y proyectos de inversión a los que preveía destinar los fondos del plan europeo de recuperación del coronavirus. Además, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado recientemente que negociará con los agentes sociales un acuerdo para derogar la reforma laboral, pero recalcando que la patronal no tiene derecho de veto sobre esta medida. 

Esta pasada semana, Díaz ofreció más detalles sobre el calendario para esta derogación, señalando a El Periódico que una primera parte se llevará a cabo en 2021, destacando la limitación de la subcontratación y la reforma de la contratación para pasar de los 40 tipos de contratos vigentes actualmente a solo 3 variantes, indefinido, formativo y temporal, que quedaron pendientes en 2020. 

Además, en esa primera fase también se incluirían la recuperación de la ultraactividad de los convenios y de la primacía de los sectoriales sobre los de empresa, el reequilibrio de la negociación colectiva y la nueva regulación de descuelgues salariales, aunque Trabajo también ha destacado que buscará medidas para combatir la precariedad del mercado laboral que impliquen bonificar el empleo estable o aplicar un nuevo plan de empleo joven.

La revalorización del salario mínimo interprofesional

Otra de las medidas que no llegó a concretarse en los últimos meses ha sido la revalorización del salario mínimo interprofesional para 2021, después de la polémica entre las ministras de Economía y Hacienda, Nadia Calviño y María Jesús Montero, que proponían congelarlo, y la titular de Trabajo, que ya había iniciado negociaciones con los agentes sociales para elevarlo 1.000 euros al mes en 14 pagas, un 5,5% más que en 2020, pero todavía un 20% por debajo de lo que reclama Bruselas.

De hecho, en octubre el comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit, reiteró la necesidad de subir los salarios mínimos en los 21 socios comunitarios que cuentan con una medida así, para reducir las diferencias salariales y el porcentaje de trabajadores pobres, que cifró en el 10%. 17 países de la UE hicieron caso a esta recomendación, mientras que España, Estonia y Grecia lo mantuvieron sin cambios y Hungría lo redujo un 9%.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ha retomado la negociación para subir el salario mínimo y ha creado a finales de enero un comité de 14 expertos académicos, de la patronal y los sindicatos para estudiar cómo elevar el salario mínimo a los estándares europeos, que lo establecen en el 60% del salario medio y como PSOE y Podemos prometieron alcanzar de cara a 2023 en su acuerdo de coalición.

Yolanda Díaz ha reiterado esta semana que "no subir el salario mínimo fue un error, nadie puede entender que subamos el sueldo a los funcionarios y a los más golpeados les castiguemos", en declaraciones a El Periódico, en las que destacó que el calendario para aprobar esta medida depende del diálogo social y no exclusivamente de la iniciativa de su ministerio.

Por otra parte, la modificación de la reforma laboral para reforzar la negociación colectiva también podría incluir restringir la flexibilidad que se otorga a las empresas para reducir unilateralmente los sueldos de sus empleados como vía para evitar una mayor devaluación de los salarios, según avanza Cinco Días, que destaca que la patronal se opone a esta medida.

La mejora de las políticas activas de empleo

El diálogo social inició sus negociaciones sobre el decreto que regule las políticas activas de empleo en noviembre, incluyendo en el debate la renovación de la estrategia de creación de empleo para el periodo 2021-2024, el plan de garantía del empleo juvenil y el uso de los fondos europeos de recuperación del coronavirus para potenciar la formación tanto de los trabajadores desempleados como de los ocupados.

En cuanto a la formación, el Ministerio de Trabajo ha apostado por ofrecer itinerarios personalizados para los trabajadores en paro, con nuevas propuestas formativas y orientación centrada en el empleo, mientras que en lo que respecta a los trabajadores en activo, las medidas se centrarán en los colectivos más vulnerables, como mujeres, jóvenes y desempleados de larga duración y mayores de 45 años.

Dentro de los cambios previstos, también se incluye la revisión de las bonificaciones a los contratos temporales, que suponen un 25% del gasto en políticas activas, segúnCinco Días, y la creación de un mecanismo de eficiencia de ese gasto, que se está negociando tanto con sindicatos y patronal como con las autonomías, que ostentan las competencias en esta materia, segúnPúblico, que señala que su presupuesto aumentó un 35,7% en 2021, hasta 6.480 millones de euros.

La Ley de riders y la regulación del empleo en plataformas digitales

Esta pasada semana, Trabajo, CCOO y UGT y CEOE anunciaron que habían llegado a un principio de acuerdo para regularizar a los repartidores de las plataformas de reparto de comida a domicilio, los llamados riders, consensuando que se les considere trabajadores asalariados de las plataformas, después de que el Tribunal Supremo sentenciase en septiembre que la relación entre los repartidores de Glovo y la empresa tiene naturaleza laboral y, por tanto, trabajan como falsos autónomos.

Este consenso facilitará la aprobación de la futura ley de riders en las próximas semanas, aunque el proceso no puede darse por cerrado, dado que el ministerio recopilará sus propuestas y las presentadas por los sindicatos y la patronal dentro de un documento de trabajo que enviará a ambas partes para intentar acordar definitivamente el contenido de la ley antes de enviarla al Consejo de Ministros para su aprobación.

Sin embargo, hay un importante punto de desencuentro entre los agentes sociales. Así, la patronal ha reclamado que las condiciones que se acuerden para la ley de riders y la condición de asalariados de estos trabajadores no se apliquen a otros autónomos que trabajan para plataformas digitales de otros sectores, una posición que comparte la vicepresidenta Calviño, mientras que Yolanda Díaz ha defendido ampliar su ámbito, al igual que los sindicatos.

La posible quinta prórroga de los ERTE y las prestaciones para autónomos

Por último, entre las tareas pendientes del Gobierno en materia laboral está la posible prórroga de las medidas de apoyo al empleo ante el impacto del coronavirus, como los ERTE y las prestaciones de cese de actividad para autónomos, una cuestión que está en el aire y que solo se aclarará según evolucione la pandemia y el calendario de vacunaciones.

En principio, la cuarta prórroga de los ERTE y las prestaciones, que el Gobierno acordó con los agentes sociales a finales de enero, extiende la vigencia de ambas medidas hasta el 31 de mayo para mantener la cobertura a las 710.000 personas que siguen acogidas a un ERTE en España y a los autónomos beneficiarios de prestaciones durante la tercera ola del coronavirus, que ha provocado nuevas restricciones de movimiento y actividad.

En caso de que fuese necesaria una quinta prórroga de los ERTE y las prestaciones, el diálogo social volvería a reunirse para acordar sus condiciones, después de los desencuentros en la anterior negociación sobre la cláusula de salvaguarda del empleo, que establece que las empresas acogidas a este régimen deberán devolver todas las exoneraciones de cotizaciones sociales de las que se han beneficiado si realizan despidos menos de 6 meses después de haberse acogido a un ERTE.

La patronal ha manifestado reiteradamente su rechazo a esta cláusula y, pese a que aceptó que se mantuviese en la anterior negociación, su persistencia podría ser un escollo para un nuevo acuerdo. Mientras, el Gobierno ha destacado su intención de mantener las medidas de protección del empleo ante la pandemia durante todo el tiempo que sea necesario.