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5.000 dólares de multa por negarte a desbloquear el móvil en la frontera de Nueva Zelanda

Aeropuerto

Nueva Zelanda ha corregido un vacío legal que, a partir de ahora, implicará que quienes se nieguen a desbloquear su móvil en la frontera del país a petición de las fuerzas de seguridad se enfrentará a una multa de 5.000 dólares.

Se trata de una actualización de la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales, que ha entrado en vigor este 1 de octubre y que permite a las autoridades rastrear en el móvil de cualquier viajero cualquier indicio de delito, tal y como recoge este artículo de RadioNZ.

Esta obligación ya estaba recogida en la anterior versión de la citada ley. Sin embargo, lo paradójico es que si bien todo el mundo antes estaba obligado a entregar su móvil para que fuese inspeccionado, no existía ninguna norma que obligase a desbloquear el teléfono.

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En la práctica, esto se traducía en que sólo en aquellos casos en los que los usuarios deseaban colaborar, las autoridades podían acceder al dispositivo en cuestión. 

Multa de 5.000 dólares por no desbloquear el teléfono

Lo que la nueva ley corrige, por tanto, es este vacío legal. A partir de este 1 de octubre, es obligatorio desbloquear el teléfono a petición de las autoridades, bien mediante contraseña, patrón, huella dactilar o cualquier otro método presente en el dispositivo.

Eso sí, como en la mayoría de los países que tratan de mantener un equilibro entre la privacidad y la seguridad, sólo se debe solicitar el desbloqueo en aquellos casos en los que exista una sospecha fundada de que se puede estar cometiendo un delito.

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"Buscaremos archivo por archivo en el teléfono. No entraremos en la nube. Examinaremos el teléfono mientras está en modo avión", aseguraba a RadioNZ el portavoz de Aduanas del país, Terry Brown.

En este sentido, el asunto ha generado un debate público en Nueva Zelanda acerca de la violación de la privacidad que puede suponer esta medida, frente a la necesidad de preservar la seguridad en el las fronteras del país.

Delitos en entornos digitales, frente a la privacidad

"Personalmente, tengo un dispositivo electrónico y mantiene todos mis registros (como los datos bancarios), por lo que comprendemos su importancia", reconocía Brown, quien en cualquier caso considera que la ley supone un reto para el "delicado equilibrio" entre privacidad y seguridad.

Así, el ministro de Aduanas neozelandés, Kris Faafoi, advirtió de que "muchos de los grupos del crimen organizado se están volviendo mucho más sofisticados en la forma en que intentan cruzar las fronteras. Y si creemos que están haciendo ese tipo de negocios, obtener información de los smartphones y los ordenadores puede ser útil para una acusación".

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Algo que contrasta con la visión del portavoz del Consejo de Libertades Civiles, Thomas Beagle: "Hoy en día tenemos todo en nuestros teléfonos, tenemos toda nuestra vida personal, todos los registros de nuestros médicos, nuestros correos electrónicos, absolutamente todo; y las aduanas pueden aprovecharlo y conservarlo".

Sea como fuere, la legislación que ha entrado en vigor este lunes supone multas de hasta 5.000 dólares, así como la incautación del dispositivo, que será inspeccionado por un forense en busca de indicios de delito.

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