6 desafíos que afronta el Gobierno para cuadrar las cuentas de 2019
A lo largo del verano, los principales índices macroeconómicos han ido reflejando una ralentización de la economía española, que se refleja en los datos de paro, afiliación a la Seguridad Social, consumo, exportaciones e incluso en la llegada de turistas extranjeros. Además, esta desaceleración comienza a trasladarse al crecimiento del PIB, lo que puede tener consecuencias en la reducción del déficit y en el estado de la deuda pública.
Además de cuadrar las cuentas del próximo año, el Gobierno en minoría debe superar los escollos que le plantea la configuración política del Congreso. Así se ha reflejado en la definición del límite de gasto no financiero sobre el que se basarán las cuentas públicas y los objetivos de déficit y deuda pública, que fueron rechazados por el Congreso en primera instancia y que requerirán de acuerdos entre varias formaciones para sobrevivir al trámite parlamentario.
En cualquier caso, el reloj sigue corriendo y el próximo 15 de octubre el Ejecutivo español debe presentar a la Comisión Europea un borrador de las cuentas públicas para 2019, antes de dar a conocer en noviembre de forma oficial el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado. Con ese calendario, y si el Gobierno consigue los apoyos necesarios, las cuentas podrían aprobarse en torno al mes de febrero, en pleno año electoral a nivel municipal y autonómico.
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Por otra parte, la elaboración de los Presupuestos para 2019 estará marcada por un contexto económico caracterizado por el menor crecimiento de los países del entorno y de la demanda interna, por los conflictos comerciales a nivel internacional y por el fin de la política expansiva del Banco Central Europeo (BCE). Cualquier vaivén inesperado podría elevar la prima de riesgo, dificultando el calendario de venta de deuda pública y la reducción del déficit prometida a Bruselas.
Tras aprobar unas cuentas presentadas por el Gobierno anterior, al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez le llega el turno de presentar un proyecto propio bajo la premisa de conseguir el mayor consenso en el Congreso y con la presión de la desaceleración económica. De este modo, los Presupuestos Generales del Estado para 2019 pueden desvelar el rumbo económico y político del país en el futuro inmediato.
La construcción de acuerdos parlamentarios para pactar un techo de gasto
El Gobierno ha encontrado dificultades para establecer un límite de gasto no financiero a partir del que elaborar los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2019. La falta de apoyos parlamentarios y la necesidad de encajar en las cuentas públicas las peticiones de sus socios ha obligado a retrasar la fecha de publicación de los presupuestos hasta noviembre.
Así, el pasado 20 de junio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba que el techo de gasto para 2019 sería de 125.064 millones de euros, 5.230 millones o un 4,4% más que en 2018. Apenas siete días después, el Congreso de los Diputados rechazaba este límite junto con los objetivos de déficit y deuda, dado que el Gobierno sólo había conseguido sumar al PNV a su propuesta.
Ahora, la negociación se centra en encontrar el apoyo de Unidos Podemos, que apuesta por la recuperación del gasto público para revertir los recortes de ejercicios pasados. Su propuesta de incremento del techo de gasto oscila entre 10.000 y 15.000 millones de euros, multiplicando por dos y por tres, respectivamente, el alza inicial propuesta por el Ejecutivo, que propone un punto de equilibrio entre la consolidación presupuestaria y el nivel adecuado de gasto público.
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Además, para asegurar la aprobación del límite de gasto no financiero, el Gobierno debe revertir la reforma de 2012 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que establece que el Senado puede vetar el techo de gasto propuesto por el Congreso. Desde Moncloa se ha dado a entender que optarán por una tramitación de urgencia para poder sortear la mayoría absoluta del PP en la Cámara Baja.
El posible frenazo en el crecimiento del PIB
En la actualización del Programa de Estabilidad 2018-2021, el Gobierno fijó unas estimaciones del crecimiento de la economía del 2,7% para 2018 y del 2,4% en 2019, para después proyectar “una ligera moderación” en 2020 y 2021 hasta el 2,3%. Sin embargo, esas dos últimas previsiones fueron rebajadas al 2,2% y el 2,1%, dado que el Ejecutivo prevé que a partir de 2019 se producirá una ralentización del crecimiento de la actividad, motivada por la desaceleración del consumo y la inversión, así como por el desempleo.
Sin embargo, es la previsión a más corto plazo, la de 2018, la que corre un mayor peligro de cambio. Este pasado viernes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ajustó a la baja su termómetro de la economía española, estimando un crecimiento interanual del 2,4% del PIB tanto para el tercer trimestre como para el cuarto.
Este nuevo pronóstico supone que el crecimiento de 2018 se quedaría en el 2,6%, una décima menos de lo estimado por el Gobierno, debido a que la Airef prevé que la demanda externa cierre el año con una aportación negativa de medio punto porcentual, en tanto que para la demanda nacional espera una aportación del 2,9%.
Sin embargo, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha rechazado la posibilidad de modificar sus previsiones de crecimiento y ha urgido a "no lanzar un mensaje alarmista" sobre un cambio de tendencia de la economía española, afirmando que sigue mostrando un crecimiento "robusto" sobre unas bases "sólidas".
El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, considera que no es importante si se crece un 2,6% o un 2,7% del PIB, ya que considera que "en cualquier caso es un dato razonable, dado que se sigue creciendo, que es lo importante, y llega después de cuatro años creciendo el doble de la media de la Unión Europea".
El presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Manuel García-Izquierdo, afirma que su pronóstico para 2019 "no es nada bueno", añadiendo que "estamos asistiendo en el primer semestre del año y el comienzo del segundo que la economía está comenzando a perder ritmo de alguna forma y viene a confirmar los augurios que ya se hacían anteriormente".
La urgencia de seguir creando empleo al ritmo de los últimos ejercicios
Otro de los factores clave dentro del cuadro macroeconómico es el de la creación de empleo. En las expectativas del Gobierno, figura reducir el paro registrado del 17,2% con el que cerró 2017 al 15,5% este año, para pasar a un 13,8% en 2019, un 12,3% en 2020 y un 11% en 2021, que, de cumplirse, supondría una reducción de más de seis puntos en un lustro.
La ministra de Economía aseguró en julio que entre el cuarto trimestre de 2018 y el de 2021 se crearán 1,2 millones de puestos de trabajo, lo que supone 400.000 nuevos empleos al año. De cumplirse esta expectativa, en 2020 recuperaría el nivel de ocupados previo a la crisis, por encima de los 20,2 millones de personas. En 2021 se alcanzarán los 20,65 millones de ocupados y bajará a 2,47 millones el número de desempleados.
Además, según los cálculos del Ejecutivo, el número de desempleados se situará por encima de los 3 millones para el próximo año y de 2,7 millones para el siguiente. Sin embargo, los resultados de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de junio, julio y agosto no ayudarán a cumplir esas expectativas.
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El desempleo se ha reducido en poco más de 70.000 personas en estos tres meses, su menor ritmo de bajada en siete años, mientras que la Seguridad Social ha perdido casi 76.000 cotizantes tras sufrir el peor agosto en una década. El menor crecimiento en la llegada de turistas internacionales, que sufrió en julio su peor descenso en ocho años, ha ayudado a frenar la creación de empleo.
El presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Manuel García-Izquierdo, asegura que es "optimista sobre el mantenimiento y creación de empleo en el pequeño y mediano comercio", a pesar de los datos que se han publicado recientemente, destacando que este sector ha sustentado gran parte del peso de la economía durante décadas.
Valentín Pich, por su parte, pone el foco en los últimos ejercicios para recordar que "llevamos prácticamente tres años empleando a medio millón de personas por año, lo que lleva a pensar que, a medida que se van superando las cotas más bajas de desempleo, más difícil será aguantar estas cifras, aunque se seguirá creando empleo". Además, ha destacado el componente estructural de la tasa de desempleo "que nadie ha sido capaz de cambiar en los últimos 30 años".
La obligación de cumplir al fin los objetivos de déficit prometidos a Bruselas
El Gobierno elevó cinco décimas los objetivos de déficit para este año y el próximo, hasta el 2,7% del PIB en 2018 y al 1,8% en 2019, asegurando que las metas fijadas por el anterior Gobierno “no eran realistas”. Calviño señaló que el objetivo fijado para 2019, que era inicialmente del 1,3% del PIB, obligaría a emprender medidas de ajuste que podrían afectar a la creación de empleo y recortar entre “cuatro o cinco décimas de crecimiento real del PIB”, aseguró la ministra.
En cualquier caso, el Gobierno adoptará ajustes equivalentes al 0,4% del PIB, que se corresponden con una cifra de 4.470 millones de euros, para cumplir los objetivos fijados por Bruselas. Si finalmente lo consigue, España podría abandonar en 2019 el procedimiento comunitario de déficit excesivo, del que salieron en 2017 Portugal, Croacia, Grecia y Bélgica y que en 2018 ha abandonado a Francia.
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, señaló la semana pasada durante su visita a España que, una vez que el país esté fuera de esa lista negra, de la que es actualmente el único componente, la prioridad debería pasar ahora a la contención del déficit estructural y de la deuda.
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Moscovici también advirtió de que hará falta “un esfuerzo fiscal importante” para sacar adelante las cuentas públicas. De hecho, para mantener los objetivos de reducción de déficit y combinarlos con el aumento de gasto social que proponen los socios del Gobierno, será necesario aumentar los ingresos, lo que podría suponer la reforma de algunos impuestos, como el de Sociedades y el IRPF, o la creación de otros, como la implantación de la tasa Tobin a las transacciones financieras.
Para el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit comprometidos con Bruselas, "que nos daría más imagen de estabilidad frente a los problemas que se están viviendo en Italia o Francia", es el componente más importante de los Presupuestos Generales del Estado de 2019.
Sin embargo, Pich recuerda que sólo hay tres formas de elevar los ingresos y compensar la subida del gasto: "o porque se gestiona mejor, que es complicado de aplicar en un Gobierno con tan poco tiempo por delante, o porque se mejora la política contra el fraude fiscal o porque se suben los impuestos".
La necesidad de encontrar un ritmo adecuado de reducción de la deuda pública
La deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en junio en 7.144 millones de euros respecto al mes anterior y suma ya 1,162 billones de euros, un nuevo máximo histórico que equivale al 98,8% del PIB, según los datos publicados a mediados de agosto por el Banco de España. En rango interanual, la deuda pública se ha incrementado en 27.808 millones o un 2,45%.
Por administraciones, la mayor parte del repunte de la deuda pública en junio se debe al Estado, que elevó su endeudamiento en 10.006 millones de euros, hasta 1,019 billones, un 4,4% más que en el mismo mes de 2017. La deuda de las comunidades creció en junio, pero a menor ritmo, elevándose en 1.058 millones de euros hasta 292.372 millones, que equivale a un incremento interanual del 2,3%.
En el caso de los ayuntamientos, la deuda pública avanzó en junio en 485 millones de euros en junio hasta un total de 29.349 millones, un alza de un 9,5% interanual. Mientras, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social aumentó en 7.501 millones de euros respecto a mayo hasta totalizar 34.888 millones, lo que supone un repunte interanual del 7,6%, debido a un préstamo del Estado para poder abonar las pensiones de julio.
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Un 98,8% de deuda pública sobre PIB supera en dos puntos porcentuales el objetivo marcado para este año, fijado en el 96,8%. De cara al futuro, se prevé que el Gobierno opte por un ritmo suave de reducción del endeudamiento, dado que estima que la deuda superará el 90% del PIB en 2021. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Banco Central Europeo dejará de comprar deuda a final de año y España afronta en 2019 emisiones por valor de 200.000 millones de euros, casi un 20% de su PIB.
El presidente del Consejo General de Economistas de España destaca la importancia de mantener la prima de riesgo para que “nuestra deuda pública pueda colocarse a tipos bajísimos”. Por ello, asegura que cualquier cambio monetario o de compraventa de activos por parte del BCE "podría echar por la borda el presupuesto", destacando el grado de internacionalización de la economía española. Además, afirma que los presupuestos mandan "un mensaje a la sociedad y a nivel internacional de que se puede gestionar, a pesar de los problemas políticos que hay, como en todas partes".
El fomento de la demanda interna y externa pese al clima de agotamiento
El cuadro macroeconómico prevé que la demanda nacional crecerá un 2,5% este año y un 2,2% el siguiente, para fijarse en el 2% en 2020 y 2021. Por su parte, para el consumo privado estima un alza del 2,4% en 2018, que se reduciría a partir de 2019, con subidas del 1,9% ese año y del 1,8% y 1,7% en 2020 y 2021. Mientras, el consumo de las administraciones públicas aumentaría el 1,5% a finales de 2018, caería una décima en 2019 hasta el 1,4% y se ceñiría al 1,2% en los dos ejercicios siguientes.
Estas previsiones contrastan con los últimos datos. Así, el consumo privado sube a un ritmo del 0,2%, seis décimas menos que en el segundo trimestre de 2017, afectado por la reducción del poder adquisitivo debido a las alzas en la inflación y el precio de los carburantes. Esto se ha reflejado en las ventas minoristas a precios constantes, que cayeron en julio un 0,4% interanual, y en el índice de Comercio al por Menor, que mide las ventas y el empleo en el sector del comercio minorista, descendió un 0,6% respecto al año anterior.
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El presidente de la Confederación Española de Comercio alude a la necesidad de "definir el modelo de comercio que queremos para nuestro país" con la colaboración de la administración estatal, autonómica y local para aumentar la competitividad, reducir la brecha digital y revertir el agotamiento económico.
García-Izquierdo destaca también que "el Gobierno genera incertidumbre en el consumidor porque no sabemos hasta cuándo va a estar y eso se traduce para nuestro sector en un menor consumo y en un menor empleo, si estas características se mantienen, no creemos que 2019 vaya a ser mejor de lo que está siendo 2018". Además, señala como factor que "el poder adquisitivo sigue siendo bajo, lo que contribuye a que la recuperación del comercio sea mas lenta de lo previsto".
Además, hay que tener en cuenta las exportaciones, que se redujeron un 1% en el segundo trimestre debido a la desaceleración de los socios comerciales europeos. Este fenómeno ha significado que la demanda exterior le ha restado dos décimas al crecimiento del PiB anual, tras caer un 0,4% respecto al trimestre anterior.
Mientras, el Observatorio de Actividad de agosto de BBVA Research se muestra optimista de cara al segundo semestre de 2018 y señala que "los indicadores de gasto y expectativas de los consumidores, los registros del mercado laboral, y las estimaciones de la respuesta al impulso fiscal incorporado en los Presupuestos Generales de 2018, respaldan una recuperación del consumo privado hasta cotas próximas a las registradas al arranque del año", al igual que augura que la demanda exterior recuperará tracción en el corto plazo.
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