6 precedentes del atajo parlamentario que ha utilizado por el PSOE para eludir el veto del Senado

Los diputados socialistas aplauden en el Congreso una intervención de Pedro Sánchez
Los diputados socialistas aplauden en el Congreso una intervención de Pedro Sánchez
Reuters

Este martes, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprovechado un atajo parlamentario para acabar con el poder de veto del Senado en cuestiones de estabilidad presupuestaria. Esta prerrogativa de la Cámara Alta, establecida por el anterior Ejecutivo en 2012, supone el principal obstáculo para la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2019, dado que el PP cuenta con mayoría absoluta.

La aceleración del trámite para la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados dentro de una proposición de ley de medidas urgentes contra la violencia machista. Para ello, el PSOE ha aprovechado el final del plazo de enmiendas de esta ley orgánica de reforma del Poder Judicial dedicada a la formación de los magistrados para afrontar casos de violencia machista.

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Esta argucia ha tenido una respuesta inmediata de la oposición, que ha criticado que se "esconda" una medida para facilitar el procedimiento de urgencia que elimine el poder de veto del Senado sobre los Presupuestos de 2019 en una ley que no tiene nada que ver con ese ámbito. El PP ya ha anunciado que presentará un recurso de amparo a la Mesa del Congreso, en la que tiene mayoría junto a Ciudadanos.

El Gobierno, por su parte, ha asegurado que este atajo legislativo es "legal y constitucional" y ha señalado que este procedimiento ha sido avalado por el Tribunal Constitucional en otras ocasiones. Además, ha puesto como ejemplo la modificación de la Ley del Registro Civil a través del decreto de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Sin embargo, en el pasado los socialistas recurrieron ante el Constitucional para intentar frenar una triquiñuela similar por parte de un ejecutivo del PP. En aquel caso, el alto tribunal dictaminó que las enmiendas en el Senado a las iniciativas legislativas deben tener conexión con la materia de la ley que pretenden enmendar.

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En este precedente se basará el recurso del PP contra el atajo legal del Gobierno en el Congreso, a pesar de que la sentencia del TC sólo se refiere a enmiendas introducidas en el Senado. Dado que los populares cuentan con mayoría absoluta en la Cámara Alta, se niegan a perder poder sobre las decisiones presupuestarias del Ejecutivo.

¿Es habitual que se modifique una ley orgánica a través de la tramitación de otra? Hay al menos seis ejemplos destacados en los últimos diez años en los que tanto el PP como el PSOE han recurrido a este atajo para dar luz verde a varias reformas legales:

Reforma de la Ley de Extranjería a través de la Ley de Seguridad Ciudadana (2014)

Inmigrantes en Ceuta
Reuters / Fabian Bimmer

La reforma de la Ley de Extranjería para legalizar las devoluciones "en caliente" de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla es uno de los ejemplos más recientes de la introducción de una normativa dentro de la tramitación de una ley con la que apenas guarda relación.

En este caso, el PP presentó en noviembre de 2014 una batería con 25 enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana elaborada por el Gobierno de su propio partido. Entre ellas, incluyó una enmienda de adición con la que modificó la Ley de Extranjería, derogando los trámites administrativos para identificar y expulsar al inmigrante que cruce irregularmente la frontera y avalando el rechazo en frontera.

El aforamiento retroactivo de Juan Carlos I en la Ley Orgánica del Poder Judicial (2014)

El rey emérito de España, Juan Carlos I
El rey emérito de España, Juan Carlos I
Wikimedia

Meses antes, el Gobierno del PP aprovechó el paso por el Congreso de una reforma del régimen laboral de los funcionarios del Ministerio de Justicia para introducir una iniciativa parlamentaria que garantizase el aforamiento a Juan Carlos I tras su abdicación. Hasta el momento, sólo estaba prevista la inviolabilidad judicial del jefe de Estado, con lo que, al abandonar el cargo, el rey emérito podría ser sometido a acciones legales.

Con esta medida, cualquier demanda civil o querella penal contra el rey emérito, su esposa, la actual reina y la Princesa de Asturias será competencia del Tribunal Supremo. Además, una segunda enmienda presentada por el PP establece la retroactividad de esta medida, con lo que cualquier procedimiento previo pasaría directamente al Supremo.

Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dentro de la de la Ley Electoral (2010)

Edificio del Tribunal Constitucional en Madrid
Edificio del Tribunal Constitucional en Madrid
Wikimedia Commons

La modificación de una ley orgánica dentro del procedimiento de otra también tiene precedentes en Gobiernos del PSOE. En este caso, en octubre de 2010, socialistas y populares pactaron utilizar la tramitación de la reforma de la Ley Electoral para cambiar el formato de las papeletas electorales del Senado para modificar la limitación del mandato de cuatro jueces del Tribunal Constitucional.

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En este caso, los dos grandes partidos aprovecharon una enmienda de Convergencia i Unió para incluir en la reforma de la ley orgánica una provisión que fijaba en seis años la duración en el cargo de los cuatro nuevos jueces del TC que debían ser elegidos por el Senado. Con este atajo, redujeron tres años en el mandato de los magistrados para evitar problemas futuros en la renovación de un tercio del tribunal, establecida cada seis años.

Aprobación de la Ley Sinde dentro de la Ley de Economía Sostenible (2009)

Ángeles González-Sinde, ministra de Cultura entre 2009 y 2011
Ángeles González-Sinde, ministra de Cultura entre 2009 y 2011
La Moncloa

Mientras en el ejemplo anterior el consenso entre partidos facilitó el uso de la argucia parlamentaria, en el caso de la normativa contra la piratería informática la reforma levantó una polvareda política considerable. Esta medida, conocida popularmente por el apellido de la ministra de Cultura que la impulsó, Ángeles González-Sinde, fue presentada en 2009 dentro de la Ley de Economía Sostenible.

Sin embargo, la Ley Sinde no fue aprobada por el Congreso en 2009 junto al resto de artículos de la normativa de la que inicialmente formaba parte, tras diez prórrogas parlamentarias. La medida, que derivaba a un consejo la decisión de cerrar páginas web sin necesidad de orden judicial ante posibles vulneraciones de la propiedad intelectual, vio finalmente la luz bajo el mandato de su sucesor, José Ignacio Wert, aunque sujeta a múltiples modificaciones.

Limitación de la jurisdicción universal de la Audiencia Nacional en la Ley de Creación de la Oficina Judicial (2009)

Sede de la Audiencia Nacional en Madrid
Sede de la Audiencia Nacional en Madrid
Getty Images

De nuevo con acuerdo de PSOE y PP, el Gobierno eludió incluir en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial la desaparición de la llamada "justicia universal", que permitía a la Audiencia Nacional participar en causas fuera del país. Tras varios incidentes diplomáticos con China e Israel, el Ejecutivo decidió que era conveniente acelerar el proceso e incluir la modificación en una reforma con la que apenas tenía que ver.

De este modo, la limitación de la jurisdicción internacional se tramitó dentro de la Ley de Creación de la Oficina Judicial, centrada en el funcionamiento interno de los juzgados. Este atajo suponía evitar la obligación de pedir informes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Consejo de Estado o al Consejo Fiscal, acelerando de este modo su aprobación. 

Tipificación de la convocatoria de referéndums en el Código Penal en la Ley de Arbitraje (2003)

José María Aznar, presidente del Gobierno entre 1996 y 2004
José María Aznar, presidente del Gobierno entre 1996 y 2004
Wikimedia Commons

El recurso del PP contra la inclusión de la derogación del veto del Senado en temas presupuestarios se basará, precisamente, en una sentencia del Tribunal Constitucional en contra de una argucia similar. En este caso, se trataba de un atajo introducido por un gobierno de su partido en 2003, durante la segunda legislatura de José María Aznar como presidente. 

En este caso, el TC dictó en 2011 en contra de la inclusión en el Senado de enmiendas que no tuviesen que ver con la normativa que se votaba. Para ello, aceptó el precedente presentado por el PSOE, en el que argumentaba que el PP vulneró sus derechos políticos al incluir una modificación en el Código Penal para establecer penas por convocar un referéndum dentro de la reforma de la Ley de Arbitraje de 2003.

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