180.000 empresas españolas, un 8% del total, cumplen los requisitos para recibir ayudas directas

Dentro de un mes, las comunidades autónomas podrían comenzar a repartir las ayudas directas del fondo para la solvencia empresarialaprobado por el Consejo de Ministros hace una semana con una dotación presupuestaria de 7.000 millones de euros, según la previsión de plazos que avanzó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. 

A pesar de que el Gobierno sigue estudiando cómo ampliar su margen de acción más allá de los 95 sectores de actividad para los que esta medida fue aprobada inicialmente, el alcance de las ayudas directas podría quedarse corto debido a los requisitos que se exigen a las empresas que quieran recibirlas, como haber cerrado 2019 con resultado positivo o no acumular impagos de impuestos o de cuotas a la Seguridad Social, segúnEl País.

De este modo, solo 180.000 empresas del total de 2,2 millones que existen actualmente en España, un 8%, estarían en condiciones de solicitar estas ayudas, según el diario del Grupo Prisa, que estima que 1 de cada 6 empresas, unas 355.000, forman parte de los 95 sectores en los que se enfocan las subvenciones estatales para la solvencia empresarial, mientras que la mitad de ellas cerraron 2019 en positivo, según datos de la Agencia Tributaria.

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Mientras, en lo que respecta a los autónomos, un porcentaje más elevado podrá beneficiarse de las ayudas directas, dado que 1 de cada 3 trabajadores por cuenta propia forma parte de los 95 sectores beneficiados, lo que supone unas 400.000 personas, y de que hay una mayor proporción de autónomos que de empresas con resultados positivos en el ejercicio anterior, según El País.

El requisito de haber cerrado 2019 en positivo busca evitar subvencionar a empresas económicamente inviables que vayan a cerrar igualmente tras recibir las ayudas directas, como exige Bruselas, estableciendo que las empresas deben destinar estas subvenciones a pérdidas ocasionadas por el coronavirus, destinando los fondos recibidos al pago de deudas pendientes con proveedores y a cubrir gastos fijos, como costes de alquiler o suministros energéticos.

Además de formar parte de los 95 sectores más afectados por la pandemia y haber cerrado 2019 en positivo, es necesario cumplir otros requisitos, como condicionar la devolución de estas ayudas a fondo perdido a que la empresa mantenga su actividad hasta junio de 2022, que no reparta dividendos ni suba salarios de directivos en un plazo de 2 años, que estén al corriente de pago de impuestos y cuotas y que no tenga domicilio fiscal en un paraíso fiscal.

Respecto a la cuantía de estas ayudas, el Gobierno anunció la pasada semana que los autónomos que tributan por módulos podrán pedir hasta un máximo de 3.000 euros, mientras que para el resto de autónomos y empresas el montante se eleva a entre 4.000 y 200.000 euros. Además, las micropymes y autónomos podrán compensar hasta un 40% de la caída de ingresos respecto a 2019 y el resto de empresas, hasta un 20%.