Acelerón en políticas digitales al final de la legislatura: el Gobierno confía en que el Reglamento de IA salga adelante bajo su presidencia europea

España presentó este lunes en Bruselas su propuesta para el sandbox regulatorio con el que empresas y administraciones podrán comprobar los efectos del futuro Reglamento de la Inteligencia Artificial que se cocina ahora mismo entre Consejo de la Unión Europea y Parlamento Europeo.

El borrador del texto normativo lo presentó la Comisión en abril del año pasado. La misma Comisión ha dado la bienvenida y felicitado al Gobierno por la propuesta que articuló a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), cuya intención —la de crear este piloto— desveló hace un año.

En el acto de este lunes, la propia secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas, enumeró algunas de las características con las que contará este sandbox regulatorio: 4,3 millones de euros cuya dotación parte de los fondos europeos de recuperación, especial énfasis en la adaptación de pymes a esta nueva regulación, varios grupos de trabajo y la elaboración de guías y metodología.

Todo para evitar, según explicó la propia Artigas en un encuentro con periodistas hace varios días, que suceda lo que ya sucedió con el Reglamento General de Protección de Datos. El RGPD, aprobado en 2016, no entró en vigor hasta 2018 para que todos los países miembros y sus correspondientes industrias pudiesen adoptar de la mejor manera el nuevo marco normativo.

El sandbox, al que podrán adscribirse diversas compañías y que será organizado por la propia SEDIA, se extenderá desde después de este verano —el propósito es que arranque en octubre de este mismo año, como ya avanzóBusiness Insider España— hasta por lo menos 2024. Se espera que el 1 de enero de ese año el Reglamento europeo de la IA entre finalmente en vigor.

Guías, metodología y una dotación de 4,3 millones de euros: así será el 'sandbox' español para el Reglamento de la Inteligencia Artificial que celebra Bruselas

Aunque esta fecha de entrada en vigor no es sólida —el Consejo de la Unión Europea y la Eurocámara están ahora mismo en conversaciones para aprobar su texto definitivo—, la aprobación de esta AI Act, por el nombre que recibe en inglés, coincidiría con la presidencia española del Consejo.

El Consejo de la Unión Europea tiene una presidencia que va rotando entre cada estado miembro. La presidencia española arrancará dentro de un año, en julio de 2023. Todos los estados miembros de la Unión son conscientes del enorme capital político que un Ejecutivo puede reunir al presidir uno de los dos colegisladores en Bruselas.

Lo sabe por ejemplo Francia, cuya presidencia culmina esta misma semana y que ha intentado por todos los medios desbloquear dos reglamentos cruciales para el futuro tecnológico del Viejo Continente: el Reglamento de Servicios Digitales y el Reglamento de Mercado Digital. El DSA y el DMA —acrónimo por sus nombres en inglés— han dado varios pasos, pero no todos.

Ambos reglamentos contaron con el beneplácito provisional en los trílogos —reuniones formales entre Comisión, Consejo y Parlamento— de cara a sus dos textos definitivos. Sin embargo, detalles puntuales en su redacción han retrasado la luz verde definitiva que puede llegar esta misma semana, después de que el Parlamento Europeo rechazase una versión de la DSA hace apenas unos días.

El Consejo de la Unión Europea organiza sus presidencias en "tríos", un sistema que se introdujo a través del Tratado de Lisboa rubricado en el año 2009. De esta manera, los países que ostentan la Presidencia del Consejo se organizan estrechamente. Francia termina su mandato este jueves, pero el trío lo conforman también República Checa y Suecia hasta junio de 2023.

Será dentro de un año cuando dé comienzo el trío del que forma parte España, con la singularidad de que el actual gabinete de Pedro Sánchez no solo ostentará el Consejo de la Unión Europea entre julio y diciembre de ese año: también agotará los últimos meses de su legislatura. El propio Sánchez incidía hace escasos días en que las elecciones generales de 2023 serán en diciembre de ese año.

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España no estará sola. El trío que conforma las presidencias del Consejo lo iniciará el Gobierno de Sánchez, pero tras Madrid se dará paso a la Presidencia de Bélgica, entre enero y junio de 2024, y Hungría, entre julio y diciembre del mismo año.

Con todo, el Reglamento de la IA se espera que esté en vigor para entonces, mientras que el sandbox regulatorio ya se habrá puesto en marcha para la segunda mitad de este 2022. Madrid no solo confía en aunar el capital político que supone presidir el Consejo de la Unión Europea: también quiere liderar debates y discusiones relativas a este Reglamento gracias a su piloto de sandbox.

En conversación con periodistas, fuentes de la SEDIA confirmaron hace días que no había ninguna otra candidatura para organizar un sandbox del estilo a nivel europeo porque la iniciativa había nacido desde España hacia Bruselas. Sin embargo, las autoridades nacionales y comunitarias han abierto la puerta a que este sandbox cuente con la participación de otros estados miembros.

Varias expertas consultadas por Business Insider España han reivindicado en otros momentos el rol que España ha adoptado en Europa, como pionera también en el ámbito de la ética digital y algorítmica. Tras la aprobación de la Carta de Derechos Digitales —que tampoco estuvo exenta de polémica— varios países europeos se están fijando en el Gobierno español para estos asuntos.

La atención también se está prestando para ver cómo los estados miembros crean sus propias agencias de supervisión de algoritmos. El Gobierno confía en tener lista para 2023 la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) a comienzos del año que viene, y que podría estar ubicada en algunas de las candidatas que ya se han ofrecido, como Granada y Ourense.