El acuerdo entre PSOE y Podemos, bajo la lupa un año después: qué ha pasado exactamente con las medidas pactadas para formar Gobierno
- El primer preacuerdo para formar un Gobierno de coalición en la historia de la democracia española cumple un año, aunque el resultado queda algo descafeinado.
- La pandemia ha impedido que muchas de las propuestas acordadas entre PSOE y Unidas Podemos hayan podido prosperar del todo.
- Descubre más historias en Business Insider España.
Esta semana se celebra el primer aniversario desde las elecciones generales del 10 de noviembre y también del entonces sorpresivo preacuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. El 12 de noviembre de 2019 Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se fundieron en un icónico abrazo, en una de las imágenes más importantes de las últimas décadas en la política española.
Conformaban el primer Gobierno de coalición en la historia de la democracia.
Se anunció apenas unas horas después de que se conociesen los resultados de las generales del 10-N. Entonces, el PSOE volvía a lograr una mayoría en el Congreso de los Diputados con sus 120 escaños, 3 menos que los que recabó en la convocatoria de elecciones en abril también del año pasado.
España volvía a votar por segunda vez en menos de un año. Tras las generales de abril, PSOE y Podemos no alcanzaron ningún tipo de acuerdo para desbloquear la investidura. Pasó factura. Los socialistas perdieron 3 escaños y Unidas Podemos se quedó en 35, 7 menos que los 42 que había logrado en la convocatoria anterior.
También supuso de facto la recuperación del PP, que pasó de 66 diputados a 89; el auge de Vox, que dio el sorpasso a Ciudadanos consiguiendo más del doble que en abril —52 representantes—. Ciudadanos quedó en el ostracismo, pasando de 57 diputados a tan solo 10.
Después de las generales de abril, una de las imágenes más recurrentes durante los meses posteriores fue la de simpatizantes socialistas concentrados a las puertas de la sede del PSOE en la calle Ferraz. Cuando Sánchez se asomó al balcón, muchos empezaron a gritar"con Rivera no", en alusión al entonces líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que acabó dejando la política.
Con estos mimbres, PSOE y Unidas Podemos no quisieron seguir jugando a la tensión y en solo dos días anunciaron un preacuerdo de Gobierno que se articuló en varios ejes y puedes leer íntegro aquí.
Sánchez fue investido en enero, justo después del Día de Reyes, y el gabinete con los ministros se dio a conocer en los días posteriores. El resto, ya se sabe: la pandemia del COVID-19 llega a España y el Gobierno decreta un estado de alarma y un confinamiento domiciliario generalizado en todo el país. Todos los planes económicos del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos se fueron al traste.
Esto es todo a lo que se comprometió el Gobierno de coalición hace exactamente un año, y todo lo que no se ha cumplido —o no se ha podido cumplir todavía—.
#1 — Consolidar el crecimiento y la creación de empleo
El mes pasado el Gobierno anunció el nuevo Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE) dotado de 5.793 millones de euros. Se basa en su reformulación acordada en abril con las comunidades autónomas. Sin embargo, prometer consolidar el crecimiento y la creación de empleo es una quimera en el año de la pandemia del coronavirus, que ha provocado una gravísima crisis económica.
Por arrojar datos, la industria española ha perdido 5.000 puestos de trabajo que además en muchos casos serán reemplazados por robots, según advierten ya algunos informes. Los datos del paro de octubre reflejaron una subida —la menor desde 2016, eso sí— a pesar de la creación de 114.000 puestos de trabajo, y en este artículo se aportaron algunas claves para explicar el fenómeno.
Otros sectores muy castigados son la consultoría, el textil, la alimentación o la logística.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno, la segunda ola del coronavirus, que ha obligado a varias comunidades autónomas a imponer toques de queda y a cerrar establecimientos no esenciales a partir de las 18:00 horas —como Andalucía— está poniendo en un brete a sectores como el de la hostelería o el turismo.
A pesar de la situación de excepcionalidad, el Gobierno puso en marcha un escudo social que contempló también los famosos ERTE, fondos de ayuda a empresas y ayudas también para autónomos en caso de que su actividad decayese a causa de la crisis sanitaria.
#2 — Luchar contra la corrupción, blindar la educación, la sanidad, la dependencia y las pensiones, vivienda como derecho, y controlar la extensión de las casas de apuestas
Antes de que los ministros tomasen posesión de sus carteras, el Gobierno ya avanzó que trabajaría en un Plan Nacional contra la Corrupción que abordaría una posible reforma del Código Penal. Desde enero de este año no se ha vuelto a saber de él, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, solo pudo defender el compromiso del Ejecutivo en esta materia en una reunión con sus homólogos europeos.
De hecho, este verano el Congreso tumbó una proposición de Ciudadanos para crear una nueva ley contra la corrupción.
En materia de vivienda, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, anunció cuando presentaba los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2021 que el Gobierno intervendrá el mercado inmobiliario en las zonas con el alquiler tensionado. El Ejecutivo presumió también de haber redactado una de las cuentas más sociales de la historia. El foco sí estuvo puesto en la educación y la sanidad, también en la dependencia, y la subida de las pensiones fue una de las primeras medidas adoptadas después de la investidura.
En el ámbito de las casas de apuestas, y dentro de su plan para combatir la ludopatía, el Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón ya ha visto cómo entraba en vigor una nueva norma que impedirá la publicidad de este tipo de establecimientos en retransmisiones deportivas y medios de comunicación, salvo contadas excepciones. También dijo que subiría el IVA de este tipo de negocios.
#3 — Frenar el cambio climático: transición ecológica justa
El Gobierno elevó el Ministerio de Medio Ambiente a vicepresidencia, la tercera en concreto. Ahora recibe el nombre de Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico —de este modo, el Ejecutivo invita a entender el fenómeno de la España vaciada también como una consecuencia de los desafíos medioambientales—.
Sin embargo, y a pesar de que una nueva economía verde forma parte del relato del Gobierno, la realidad es que todavía no hay una Ley de Cambio Climático y Transición Energética en vigor.
La titular de la vicepresidencia, Teresa Ribera, advertía hace meses que esta iba a ser una norma de consenso y emergencia. No obstante, casi 10 meses después de que el Gobierno asumiese sus plenas competencias tras mucho tiempo en funciones, no se ha progresado demasiado en este camino.
En enero, el Ejecutivo declaró la emergencia climática. Meses después, en mayo, el Gobierno relanzó la esperada ley. En junio, un nuevo real decreto pretendía impulsar las energías renovables. Pero hoy por hoy, toda la acción legislativa en pos de frenar el cambio climático sigue llegando de la Unión Europea.
#4 — Fortalecer las pymes y autónomos, impulsar la reindustrialización y apostar por un impulso digital
Volver a ver el punto uno. La crisis del COVID-19 ha obligado al Gobierno a apostar por un escudo social y empresarial con el fin de tratar de mantener la economía a flote, mientras las peores previsiones siguen sin cesar. Aunque el Gobierno siempre se ha mostrado optimista por su recuperación en V asimétrica, y para mediados de año ya había destinado 92.000 millones en avales del ICO, la incertidumbre continúa.
Aunque el país creció más de un 16% en el PIB —su mayor crecida en la historia— y de facto confirmó que España salía de la recesión, las previsiones fuera no son del todo halagüeñas. La Comisión Europea rebajó sus expectativas. Si en un principio pensaba que España solo caería un 10,9% del PIB, ahora pronostica una caída del 12,4%. La Airef estima que el PIB caerá un 11,1% este año. Y BBVA Research opina que un 11,5%.
El Gobierno, por su parte, considera que las previsiones de Bruselas están desfasadas.
Aunque la pandemia ha constatado, en boca de varios ministros, que España no debe depender única y exclusivamente del turismo y la hostelería, por el momento no se ha materializado cambio alguno.
En el ámbito digital, Sánchez anunció este verano la estrategia España Digital 2025 que movilizará cerca de 140.000 millones de euros.
#5 — Derecho a la eutanasia, a la muerte digna, y asegurar España como país "de memoria y dignidad"
La pandemia retrasó los planes, pero España ya tiene en el Congreso de los Diputados a una comisión redactando la ponencia definitiva de la nueva ley que autorizará la pandemia. La Cámara también tumbó enmiendas de la oposición, y es posible que en los próximos meses entre en vigor esta nueva norma, en caso de que prospere en votación definitiva, lo que es de esperar.
Tras la polémica y esperada exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos hace ya un año, el Gobierno también ha anunciado hace apenas unas semanas que resignificarán el recinto y lo convertirán en cementerio civil.
#6 — Combatir la precariedad en el sector cultural y fomentar el deporte
El sector cultural está siendo uno de los más vulnerables ante las restricciones a las que obliga la pandemia de COVID-19. El ministro del ramo, Rodríguez Uribes, zanjó todo debate cuando comenzó la pandemia alegando que los ERTE que estaba facilitando el Ejecutivo serían suficientes para tratar de salvaguardar la actividad económica en este ámbito.
Parece que no fue suficiente porque en octubre el propio ministro defendió que la prórroga de los ERTE también ayudaría a las empresas de la industria. El Gobierno lanzó una campaña llamada "la cultura es segura" para incentivar acudir a teatros y cines, pero un colectivo, Alerta Roja, declinó acudir a su presentación. Conformado por más de 200 asociaciones, sindicatos y profesionales, la organización estimó que eran necesarias medidas más urgentes.
Y a su vez, para algunas organizaciones sindicales, como CNT y CGT, las propuestas de Alerta Roja también son insuficientes. En un reciente comunicado conjunto, ambas centrales defendían que para el sector de la cultura era necesario fomentar la contratación directa, acabar con los falsos autónomos, defender y ampliar los convenios, y frenar y revertir las externalizaciones de servicios.
#7 — Política feminista y elaboración de una Ley de Igualdad Laboral
La ministra Irene Montero anunció en junio una nueva Ley de Tiempo Corresponsable que garantice que tanto hombres como mujeres disfrutan del derecho al trabajo así como del derecho a la conciliación en condiciones de igualdad. Fue en la Comisión de Reconstrucción del Congreso. Pero no se ha vuelto a saber nada de ella.
Sí que ha habido polémicas con la conocida Ley Trans que el Gobierno lleva impulsando desde el verano. Colectivos en contra de reconocer derechos de transexuales defienden que una normativa de esa índole provocaría un "borrado de mujeres", una idea que muchísimas organizaciones feministas rechazan de pleno.
#8 — Revertir la despoblación
En febrero se dieron a conocer 9 de las 30 medidas que ejecutaría el Gobierno de España para acabar con la España vaciada. Su presentación tendría lugar en La Rioja, en el marco de una Comisión Delegada para el Reto Demográfico que acogió Logroño. Entre estas medidas, está simplificar trámites, desarrollar un estatuto para pequeños unicipios, y descentralizar todavía más la Administración General del Estado.
Varios meses después, no se ha vuelto a saber nada del tema.
#9 — Fomentar el diálogo con Cataluña "siempre dentro de la Constitución"
La legislatura arrancó con las primeras conversaciones de la famosa Mesa de Diálogo entre Gobierno central y Generalitat de Cataluña. La pandemia las interrumpió. En abril, ERC pidió retomarlas, mientras que JxCat pidió reflexionar. En septiembre, el Gobierno de España se mostró dispuesto a retomar las conversaciones, cosa que todavía no ha sucedido, mientras que Rufián, diputado de ERC, aseguró que su formación tampoco era responsable de esos retrasos.
#10 — Impulsar políticas sociales y nuevos derechos "con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa" e impulsar una reforma fiscal justa y progresiva
El Gobierno, en plena pandemia, anunció un "escudo social" sin precedentes que, además de ayudar a las empresas, también supuso la creación del Ingreso Mínimo Vital. Lejos de ser una renta básica universal como la que muchos expertos demandan desde hace tiempo, este nuevo ingreso es una ayuda que ha llegado para quedarse, y el Gobierno se ha comprometido a mejorar la agilidad de su tramitación así como a flexibilizar las condiciones para solicitarlo.
Sobre la progresividad del sistema fiscal, el Gobierno también ha presentado en sus nuevas cuentas de Presupuestos Generales del Estado para 2021 una subida de impuestos que está todavía lejos de ser la subida a la que se comprometieron PSOE y Unidas Podemos.
Estos son algunos de los impuestos que suben en los nuevos PGE:
- 1 punto el Impuesto del Patrimonio para patrimonios de más de 10 millones de euros.
- 3 puntos el IRPF para rentas del capital de más de 200.000 euros.
- 2 puntos el IRPF para rentas del trabajo de más de 300.000 euros.
- Socimis: tendrán una tributación mínima del 15%.
- Se reducirán las desgravaciones a los planes de pensiones privados.
Sin embargo, el propio vicepresidente Iglesias reconocía que estas reformas están encaminadas a corregir una "desventaja de 7 puntos en justicia fiscal" que se da con respecto al resto de países europeos, y sobre lo que ya se pronunciaba el propio FMI antes de que comenzase la pandemia.
Otros artículos interesantes:
Descubre más sobre Alberto R. Aguiar, autor/a de este artículo.
Conoce cómo trabajamos en Business Insider.