El despliegue de un sistema de reconocimiento facial en Serbia dispara las alarmas en Europa, donde activistas recogen firmas para vetar esta tecnología

Un dispositivo de reconocimiento facial en un congreso de telefonía móvil en China.
Un dispositivo de reconocimiento facial en un congreso de telefonía móvil en China.

REUTERS/Damir Sagolj

  • Los sistemas de reconocimiento facial y de vigilancia pública llegan a las puertas de la Unión Europea: Serbia bloquea un proyecto en Belgrado por la polémica que suscita.
  • Una campaña de activistas en defensa de la privacidad y de los derechos digitales continúan reuniendo firmas para vetar estas tecnologías del espacio público.
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Las cámaras se están multiplicando en Belgrado.

Forman parte de un sistema de reconocimiento facial que estaba desplegando la capital serbia con tecnología de Huawei. El Ejecutivo de Aleksandar Vučić comenzó a trabajar en esta iniciativa, conocida como Safe City, en 2019. Una eurodiputada francesa de Los Verdes lanzó la voz de alarma hace unas semanas y ha tenido tal eco que el país, candidato a formar parte de la Unión Europea, ha paralizado la implementación de este sistema de videovigilancia.

Milan Marinović, comisario de la agencia de protección de datos serbia, reconoció que en la ciudad "hay cada vez más cámaras". "Hasta donde sabemos, no se están usando con la aplicación de reconocimiento facial, sino para su objetivo primario: monitorizar el tráfico y garantizar la seguridad ciudadana", indicó, en unas declaraciones que recoge este viernes el diario El País.

Para comprender la implementación de este sistema en Serbia, hay que entender que el país forma parte de la conocida como Ruta de la Seda digital. Se trata de la pata de política tecnológica exterior que impulsa el tecnonacionalismo chino, la estrategia del gigante asiático por convertirse en motor y potencia tecnológica mundial. Los activistas serbios critican en los medios que la mayor parte de la información que han recibido del proyecto Safe City ha llegado de la propia Huawei, y no de las autoridades nacionales.

La Comisión Europea presentó hace escasas semanas su propuesta de reglamento para la inteligencia artificial, que aplaudieron en Business Insider España especialistas en IA y ética como las españolas Gemma Galdon, de Eticas Consulting, o Idoia Salazar, del observatorio ODISEIA. En concreto, destacaban que dicha propuesta asumía que cualquier uso de la IA, por tibio que fuese, conllevaba riesgos sociales.

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Organizaciones de activistas como la EDRi (Derechos Digitales de Europa) han cargado contra la iniciativa. Reconocen que la propuesta da "pequeños pasos" al vetar despliegues de sistemas de reconocimiento facial biométricos. Sin embargo, la propuesta fracasa al no parar aplicaciones de la IA que puedan utilizar las caras, cuerpos y comportamientos de los ciudadanos europeos contra ellos mismos, explicaban en este comunicado.

En España algunos sistemas de reconocimiento facial ya se han implementado, como es en el caso de una estación de autobuses de Madrid que llevaba años en funcionamiento y que recordó AlgorithmWatch. Unas 40 tiendas de Mercadona anunciaron a mediados del año pasado la implementación de cámaras similares para evitar la entrada en sus establecimientos de personas con órdenes de alejamiento de los supermercados o de sus trabajadores, algo que motivó a la AEPD a investigar esta implementación y que ha sido tumbada judicialmente hace poco.

La propia EDRi, con otros colectivos de activistas europeos por los derechos digitales y la privacidad, lanzaron a principios de este año una campaña de firmas, Reclaim Your Face (reclama tu cara) con la que buscaban forzar a Europa a vetar la implementación de estas tecnologías de vigilancia masiva por los riesgos que entrañan para los ciudadanos.

AlgorithmWatch destaca cómo la tendencia sugiere que estas implementaciones tecnológicas tan controvertidas siguen yendo a más: Grecia e Italia desplegaron sensores para monitorizar y controlar a los inmigrantes que llegan a sus centros de asilo. La autoridad de protección de datos italiana consideró que el empleo de esta tecnología era ilegal. Un proyecto de ciudad inteligente con sistemas de vigilancia en Alemania también echó el freno después de protestas de ciudadanos.

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