El rey Juan Carlos, la reina Sofía y algunos de sus nietos serán investigados por Anticorrupción por el uso de tarjetas de crédito opacas entre 2016 y 2018

Juan Carlos I, rey emérito de España.
Juan Carlos I, rey emérito de España.
REUTERS/Jon Nazca
  • Juan Carlos I, Sofía y varios de sus familiares más directos —entre ellos, algunos nietos— serán investigados por utilizar presuntamente unas tarjetas opacas entre 2016 y 2018, según elDiario.es.
  • La Fiscalía del Tribunal Supremo va a archivar la causa de los 65 millones de euros ocultados a Hacienda, escándalo por el cual el rey emérito se fue en agosto de España.
  • Aunque se va a pedir el archivo de esa causa, esta nueva investigación de las tarjetas opacas vuelve a poner en el disparadero a la Familia Real española.
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La Fiscalía Anticorrupción va a investigar a los reyes eméritos, Juan Carlos I y Sofía, así como a varios de sus familiares más directos —entre ellos, nietos— por el presunto uso de tarjetas de crédito opacas entre los años 2016 y 2018.

Es lo que ha adelantado este martes en exclusiva elDiario.es. Según detalla el digital, se tratarían de unas tarjetas con unos fondos que se abonaban desde unas cuentas en las que ni el emérito ni nadie de su familia figuran como titulares. Los actuales reyes, Felipe VI y Letizia Ortiz, así como la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, o su hermana, Sofía de Borbón, no habrían aprovechado estas tarjetas.

Lo que Anticorrupción pretende escrutar son los movimientos financieros que se produjeron en la cuenta así como en las tarjetas entre los años 2016 y 2018. Juan Carlos I abdicó en 2014, por lo que perdió entonces la prebenda constitucional que le hace inimputable ante la ley.

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La Fiscalía, según han relatado a elDiario.es fuentes conocedoras de la investigación, también investigará el origen de los fondos con los que se cubrían los gastos de estas tarjetas: provenían del extranjero y son movimientos de capital posteriores precisamente al año 2014. La justicia ya ha solicitado información a distintos países —no han trascendido cuáles— para rastrear los movimientos.

A la espera de que llegue la información solicitada, Anticorrupción ya cuenta con indicios de un presunto delito fiscal: de los gastos detectados en estas tarjetas se han detectado incrementos de renta que no se han declarado a Hacienda y que son superiores a los 120.000 euros en un solo año. Debido a que tanto Juan Carlos I como Sofía son aforados, la investigación será cursada por el Tribunal Supremo.

elDiario.es también avanza que un ciudadano mexicano y un mando de la Guardia Civil estarían implicados en esta trama.

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Algunos de los gastos que se están escrutando ahora son viajes de la reina Sofía a Londres, donde aparentemente la reina emérita mantiene su residencia habitual desde hace unos años. La emérita mantiene una asignación anual de dinero público. Juan Carlos I ya no conserva dicha asignación, después de que Felipe VI se la retirara el pasado mes de marzo.

El rey emérito sigue lejos de España

El pasado mes de agosto trascendió la noticia de que el emérito, Juan Carlos I, abandonaba España. Lo hacía apenas unos meses después de que precisamente su hijo le retirase la asignación anual del presupuesto de la Casa Real, debido al escándalo y a la presión cada vez mayor que incidía en los titulares de medios de comunicación en todo el país.

El escándalo entonces era por la presunta participación de Juan Carlos I como beneficiario de una estructura offshore con la que habría ocultado a Hacienda hasta 65 millones de euros percibidos como comisiones en Arabia Saudí tras la adjudicación del contrato del AVE de Medina a La Meca a un consorcio de empresas españolas por valor de casi 7.000 millones de euros.

El entorno del emérito mantiene desde entonces que no fueron comisiones, sino un "regalo", según abundan medios como Vozpópuli. Si la historia no era lo suficientemente rocambolesca, estos 65 millones de euros fueron transferidos por Juan Carlos I a una empresaria alemana, Corinna Larsen, que algunos medios han situado como la amante del monarca.

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Esta polémica fue la que provocó que en agosto el rey abandonase España y no se supiese hasta varias semanas después cuál fue su destino: Emiratos Árabes Unidos.

La Fiscalía Anticorrupción remitió esta investigación a la Fiscalía del Tribunal Supremo —por el mismo motivo de que Juan Carlos I es aforado y por lo tanto solo puede ser sometido a escrutinio por el Alto Tribunal—. Según explica ahora elDiario.es, el Fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campo, va a solicitar archivar la causa, ya que el delito de ocultar los casi 65 millones se produjo cuando el rey todavía no había abdicado —y por tanto, era inviolable ante la ley—.

elDiario.es asegura que en la petición para archivar la causa, el fiscal Campo detallará que de no ser por esa inviolabilidad, se habría propuesto la imputación de Juan Carlos I.

Ahora se le abre otro frente a Juan Carlos I con la investigación de estas tarjetas opacas.

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