Noruega, Baréin o Kuwait han transformado sus apps de rastreo de COVID-19 en herramientas de vigilancia, según Amnistía Internacional: por qué no sucederá lo mismo en España
- Amnistía Internacional advierte de que las apps de rastreo en varios países atentan contra la privacidad de sus usuarios.
- Ejemplos como el de Baréin o Kuwait geolocalizan el rastreo de un posible contagio de coronavirus con coordenadas GPS.
- En estos países es necesario registrarse con el documento de identidad, lo que ayuda a los gobiernos a identificar a los propagadores del COVID-19.
- Noruega ha tenido que retirar su app porque recopilaba demasiados datos innecesarios para hacer las labores de vigilancia epidemiológica.
- En España todavía no se ha lanzado la app, que comenzará con un piloto en Canarias, pero en principio mantendrá los estándares europeos de privacidad.
- Estas son las razones por las que las apps de rastreo por las que apuesta España y más países europeos no sufrirán estos problemas.
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Varios países han convertido, no está muy claro si a conciencia o no, sus apps de rastreo de contactos para frenar el coronavirus en herramientas de vigilancia masiva.
Lo denuncia Amnistía Internacional después de que su Laboratorio de Seguridad haya hecho una investigación. En un comunicado lanzado esta semana, la ONG apunta directamente a Baréin, Kuwait y Noruega como los países cuyas apps están siendo o han sido "las más invasivas del mundo", al poner "la privacidad y seguridad de cientos de miles de personas en riesgo".
La aplicación noruega comenzó a funcionar a mediados de abril, si bien este lunes dejó de recopilar datos de sus ciudadanos. La razón: el organismo de protección de datos del país había advertido el viernes que sus procesos eran demasiado invasivos. El problema estaba en que la app noruega no se basa en un protocolo Bluetooth como el que promulgan Google y Apple, sino que además contaba con la geolocalización GPS.
Bjørn Erik Thon, el director del organismo de control noruego, advierte que la intervención estaba siendo "mayor de la necesaria". "Con el GPS se puede monitorear el patrón de movimiento de los usuarios, demás de recopilar información sobre sus contactos con otros usuarios de la aplicación", explica en unas declaraciones que también recogía el diario El País.
No obstante, Smittestopp, la app noruega, no estaba cosechando demasiado éxito antes de que se paralizara su acopio de datos. El mismo diario explica que estaba siendo utilizada activamente por 600.000 usuarios, el 14% de la población, cuando lo ideal es que mínimo sea empleada por el 60% de los ciudadanos. En España esto se traduce en unos 23 millones de personas.
Noruega ha sido el caso más flagrante junto a las aplicaciones de Baréin y Kuwait según Amnistía Internacional. La organización desvela que el 2 de junio compartió los resultados de su estudio con las autoridades noruegas y que el día 10 de este mes mantuvo una reunión con los responsables del desarrollo de la herramienta.
Claudio Guarnieri es el jefe del Laboratorio de Seguridad de AI. Asegura que la aplicación noruega era "muy invasiva y la decisión de retirarla es la correcta". "Urgimos a los gobiernos de Baréin y Kuwait a retirar del uso su app. Están retransmitiendo la ubicación de los ciudadanos a una base de datos del gobierno en tiempo real", asegura.
El problema noruego también era que los ciudadanos debían registrarse con un número de teléfono válido. En el caso de Kuwait y Baréin, los ciudadanos deben inscribirse en la app con su documento de identidad. En otras palabras: los gobiernos lo tienen relativamente fácil para ser capaces de convertir los datos anónimos de sus apps de rastreo en herramientas de vigilancia masiva.
"Las aplicaciones de rastreo de Baréin, Kuwait y Noruega siguen un modelo de gestión de datos centralizados, lo que supone una gran amenaza para la privacidad", asegura Guarniero. La app de Qatar, por ejemplo, es capaz de activar la geolocalización en tiempo real de los ciudadanos con un simple interruptor —que por el momento permanece desactivado—.
AI recuerda que otras apps de rastreo como la de Francia, Islandia o Emiratos Árabes Unidos apuestan por un modelo centralizado, "pero la información de los contactos se sube a un servidor cuando los usuarios deciden informar voluntariamente de que tienen síntomas o de que quieren recibir atención médica".
En el caso de las apps de Kuwait o Baréin, los gobiernos recibían en un servidor no solo los dispositivos que habían hecho 'contacto' en un posible contagio de COVID-19: también la geolocalización mediante las coordenadas GPS del dispositivo.
Por qué España no sufrirá estos problemas
En abril Europa vivió un intenso debate sobre si la app para rastrear contactos debía ser gestionada de forma centralizada o descentralizada. Un consorcio público privado se formó en Alemania. A él se adhirió la propia Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España.
Su nombre era el PEPP-PT, pero finalmente acabó discontinuado cuando muchos de los científicos que impulsaban el proyecto mostraron su apoyo al DP-3T, un protocolo similar pero que abogaba por gestionar este sistema de rastreo de contactos de manera descentralizada.
La diferencia entre un sistema centralizado y descentralizado es que la información sensible de los usuarios se almacena en un servidor central al que puede tener acceso el gobierno, y en el caso de los sistemas descentralizados solo se suben los datos mínimamente necesarios para que el protocolo de rastreos pueda ejecutarse sin problema.
Finalmente fueron Google y Apple las que impusieron un protocolo descentralizado cuando crearon una API para permitir que esta tecnología funcionara en los teléfonos móviles de todo el mundo. Se trata de una tecnología que se basa en códigos encriptados emitidos por fogonazos de Bluetooth. Si sales a la calle, tu móvil será capaz de recibir muchos de estos códigos, del mismo modo que todas las personas con las que te cruces recibirán el tuyo.
De este modo, si en la app introduces que has sido contagiado de COVID-19, todas las personas que se cruzaron contigo en los últimos días recibirán una alerta para que extremen precauciones ante un posible contagio.
España aboga por este modelo. La secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas, aceptó el protocolo de Google y Apple, aunque cuestionó la forma con la que las dos multinacionales tecnológicas impusieron su desarrollo. Sin embargo, este modelo cuenta, hoy por hoy, con varias ventajas frente al modelo centralizado como los que denuncia AI.
AI en concreto no cuestiona un modelo centralizado. El homólogo de Artigas en Francia, Cédric O, defendía que Francia es un país democrático y soberano como para poder gestionar los datos sanitarios fruto del rastreo de contactos con las máximas garantías. El problema es que esas garantías no se han dado ni se están dando en todos los países.
Mientras que en España y en la Unión Europea eso es impensable, Amnistía Internacional denuncia que "para cumplir con los derechos humanos, las apps de rastreo deben contar, entre otras cosas, con una protección de la privacidad y de los datos definida por diseño". Es decir, las apps deben ser intrínsecamente seguras para los usuarios.
"Todos los datos que se reúnan deben recopilarse solo para controlar la propagación del COVID-19, y no debería ser empleado para ningún otro fin, incluyendo medidas legales, seguridad nacional o controles inmigratorios", detalla la ONG. "Además, la decisión de cualquier individuo de descargar y usar esta app de rastreo debe ser absolutamente voluntaria".
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