Un pacto de Estado por la ética en la IA, el nuevo guante que Carme Artigas lanza ante toda la industria tecnológica

Carme Artigas ha dejado caer una idea. Trabajar por la consecución de un nuevo Pacto de Estado por la Ética en la Inteligencia Artificial.

Ha ocurrido en la presentación del primer informe de la iniciativa GuIA de OdiseIA, una asociación privada fundada en 2019 para convertirse en el primer observatorio del impacto social y ético de la inteligencia artificial en España.

En su intervención, Artigas felicitó a los responsables de este primer informe al tiempo que echó un guante a la industria tecnológica, que estaba representada en el auditorio: al acto también acudieron representantes de compañías como Telefónica, IBM o Google.

"España está ya enmarcada en una serie de debates y discursos sobre la inteligencia artificial en los que hace año y medio, cuando se creó esta Secretaría de Estado, todavía no estaba". Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), dirige ese departamento que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Al término de su intervención, Artigas sugirió la posibilidad de construir ese nuevo Pacto de Estado trabajando previamente en una ronda de adhesiones. "Mi idea es que empecemos a comprometernos como sociedad y empresa: tendremos estos principios rectores" en el desarrollo y despliegue de algoritmos.

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"No tengáis dudas de que ese será el punto de partida material tanto en el ámbito europeo como en la futura Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Este nuevo organismo, sobre el que la Secretaría de Estado ya se había pronunciado previamente, también se recoge en la ley de los presupuestos generales de este año.

Con todo, fuentes de la Secretaría de Estado de Digitalización han enfatizado que la creación de esta nueva agencia sigue todavía "en fase de análisis y desarrollo", por lo que todavía no es posible hacer una estimación sobre a qué altura de año esta podría ver la luz.

Lo mismo ocurre con un observatorio del impacto social de los algoritmos en el que también trabaja la propia SEDIA. España ha intensificado en los últimos años su actividad reguladora en torno a las nuevas tecnologías, siguiendo una tendencia consolidada que también se da a nivel europeo. Bruselas trabaja en varios reglamentos que impactarán directamente sobre las multinacionales tecnológicas.

La ley rider que presentó el Ministerio de Trabajo el año pasado fue uno de esos puntos de partida: la norma prevé que las compañías sean transparentes con los algoritmos que utilizan las plataformas de reparto. Dichos algoritmos deberán ser fácilmente explicables y a ellos tendrán que tener acceso incluso los representantes sindicales de las firmas.

De la misma manera, esa ley prevé la creación de otro observatorio, este centrado sobre el impacto de los algoritmos en el ámbito laboral, sobre el que el propio Ministerio de Trabajo ya está trabajando realizando consultas a especialistas del sector, según ha podido saber este medio.

España, en sintonía con Europa

Algunas de esas leyes que se están preparando en el seno de la Unión Europea son la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act), un paquete que también engloba la Ley de Mercados Digitales (Digital Markets Act) o el Reglamento para la IA (AI Act). 

La propia Artigas avanzó en una entrevista en Business Insider Españaque el país se propondría como escenario para un programa piloto sobre esta última norma. El Reglamento sobre la IA que se desarrolla en Bruselas prevé que ningún algoritmo está exento de riesgos. Fuentes de la SEDIA señalan que todavía se están definiendo las líneas del proyecto con la Comisión Europea.

En ese sentido, todavía se depende de que el debate en el Parlamento Europeo sobre esta norma siga progresando para poder formalizar el inicio de ese 'experimento', algo que podría suceder poco después del verano de 2022.

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Las propias administraciones han definido el concepto de Pacto de Estado como aquel pacto que se da entre partidos políticos de diversas tendencias "para enmarcar la acción del Estado a largo plazo" en asuntos de trascendencia, para evitar que la alternancia de distintos partidos en el Gobierno puedan obstaculizar el desarrollo de ciertos asuntos.

En ese sentido, un Pacto de Estado sobre la Ética en la Inteligencia Artificial podría facilitar la cooperación entre lo público y lo privado para que estas cuestiones tan delicadas no dependan de guías o propuestas puntuales en el tiempo.

"De ahí nuestra apuesta por la Carta de Derechos Digitales, nuestra apuesta por empezar a poner en valor la visión del humanismo tecnológico, una visión en la que no vale todo", manifestó Artigas, que reivindicó el desarrollo tecnológico y la innovación "sin perder en este viaje ningún derecho ni ninguna libertad".