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Así está Cataluña a los dos meses del 21D: fugas, desacuerdos y dudas legales

Reunión de la junta de portavoces del parlamento de Cataluña en febrero de 2018
Roger Torrent, en el centro, preside la Junta de Portavoces del Parlamento de Cataluña de ayer, en la que se decidió pedir nuevos informes legales sobre la investidura de Puigdemont. Toni Albir/EFE
  • El parlamento de Cataluña sigue buscando una fórmula legal para investir presidente, después de que el pleno de investidura fuese suspendido hace tres semanas.
  • La nueva ronda de interrogatorios en el Tribunal Supremo ha precipitado la fuga a suiza de Anna Gabriel, de la CUP.
  • Dos meses después de las elecciones convocadas por el Gobierno central de Madrid, el mapa político de Cataluña sigue bloqueado.

Hoy se cumplen dos meses de las elecciones del 21 de diciembre de 2017 en Cataluña, que el Gobierno de España convocó como respuesta a la declaración unilateral de independencia promovida por los partidos independentistas de la región el 27 de octubre anterior. Transcurrido este tiempo, sin embargo, la práctica repetición del equilibrio entre diputados a favor y en contra de la independencia y una enrevesada situación judicial han conducido a un escenario de bloqueo y a la imposibilidad de investir un nuevo presidente (o presidenta) de la Generalitat.

El bloqueo político viene acompañado por un frente judicial, el que está abierto en el Tribunal Supremo, para investigar las responsabilidades penales de la votación de independencia del 1 de octubre de 2017 que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal. El último capítulo de esa instrucción, que estos días ha vuelto a ponerse de actualidad debido a la ronda de declaraciones de líderes independentistas, es la fuga a Suiza de la ex diputada del partido antisistema CUP Anna Gabriel, que hoy se ha negado a comparecer en el Supremo.

El Parlament sigue a la espera (y encargando informes)

El pasado 30 de enero estaba previsto que se celebrase el pleno de investidura en el parlamento de Cataluña. En días anteriores, los diputados que se encontraban o fuera de España o en la cárcel habían delegado ya sus votos para que el independentismo pudiese elegir a su presidente pactado, Carles Puigdemont, pero que solo podría ser investido si se personaba en la cámara. De hacerlo, sería detenido.

Finalmente, Puigdemont no se movió de Bélgica (más que para un breve viaje a Dinamarca), lo cual precipitó que el también independentista Roger Torrent, que preside el parlamento catalán, decidiese posponer el pleno.

Tres semanas después, ese pleno sigue sin convocarse: ayer Torrent reunió a la Junta de Portavoces con el fin de estudiar la admisión a trámite de una ley que permitiría una investidura a distancia de Puigdemont, pero en la reunión se decidió encargar nuevos informes a los letrados de la cámara para asegurarse de que la ley pueda ser legal.

Anna Gabriel se fuga a Suiza; Puigdemont sigue en Bélgica

Carles Puigdemont se mudó a una mansión en Waterloo, a pocos kilómetros de Bruselas, a principios de este mes. El gesto, inmediatamente consecutivo a su decisión de no viajar a España y de no permitir que otra persona más que él fuese propuesta para presidir Cataluña, significa que no tiene intención de promover otra salida que no pase por el reconocimiento de su cargo.

Más allá de las consecuencias políticas y administrativas de que siga huido de España, su ausencia ha ido minando la confianza en el proceso de independencia: un estudio de enero de este año mostraba que solo el 23% de la población de Cataluña quería seguir el camino hacia la autodeterminación por la vía escogida por Puigdemont.

La sensación de desbandada se ha visto incrementada por la decisión de Anna Gabriel, ex diputada de la CUP (el partido independentista antisistema), que estuvo en el parlamento y votó la declaración de independencia de octubre, de no presentarse ante el juez del Tribunal Supremo que hoy la había llamado a declarar. En su lugar, Gabriel hizo público a principios de esta semana que había optado por quedarse en Suiza. Hoy mismo, el Supremo activará los resortes legales para pedir su detención y extradición a España.

La presión crece y los plazos corren

La situación judicial de todo el gobierno anterior, el hecho de que de no nombrar presidente en las semanas obligará a repetir las elecciones de diciembre y la falta de sintonía entre los partidos independentistas mayoritarios (ERC y Junts per Catalunya) está haciendo crecer la presión sobre los líderes independentistas.

La fórmula en la que están trabajando desde hace semanas ambos partidos es en el nombramiento de un presidente efectivo o rotatorio, y Puigdemont pretende reservarse para sí la presidencia "legítima" o "simbólica" desde su refugio belga. Esta solución no es del agrado de ERC, que solo aceptaría si tuviese mucho peso en el nuevo gobierno.

La cuestión es que, de no conseguir un acuerdo, el presidente del parlamento podría acabar por verse obligado a convocar el pleno. Allí podrían ocurrir dos cosas: que el independentismo se rompiese por completo y la ganadora de las elecciones, Inés Arrimadas, del partido constitucionalista Ciudadanos, fuese elegida presidenta sin mayoría (cosa que se antoja imposible) o bien que se repitiesen las elecciones. En ese caso, se trataría de las quintas en la región en lo que va de década.

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