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Así quiere Competencia ordenar las leyes autonómicas sobre pisos turísticos de Airbnb

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC.
José María Marín Quemada, presidente de la CNMC. APIE

Los pisos turísticos han vivido un auge en España en paralelo al boom turístico que se está viviendo en los últimos años a la par que se producía el crecimiento de las nuevas plataformas de apartamentos como Airbnb o Homeaway. El sector se ha ido regulando a base de decretos de comunidades autónomas y sentencias, tanto a favor como en contra, tras los recursos de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) sobre los mismos al considerar que iban contra la libre competencia. 

El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, ha anunciado que han creado un grupo de trabajo con autoridades de la competencia de las comunidades autónomas para sentar unas líneas sobre las cuáles se desarrollen las normativas autónomicas, ya que son estas administraciones quienes tienen competencia sobre esta actividad. 

"Lo estamos constituyendo con las distintas autoridades de competencia de las comunidades autónomas. Están muy cerca de sus zonas y nos van a explicar la situación", ha apuntado. El objetivo es conseguir que "las regulaciones sean lo más parecidas en toda España".  

"Estamos intentando normalizar la situación", ha dicho Marín Quemada en el curso sobre La economía ante el blockchain organizado por la Asociación de Periodistas de información económica y la UIMP. Marín Quemada ha puesto como ejemplo que ganaron el recurso ante los tribunales del decreto canarios sobre vivienda turística que prohibía que hubiera alojamientos de este tipo en zonas turísticas, mientras que en Galicia perdieron en los tribunales.

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"Esto es desorientador", ha zanjado Marín Quemada, que ha señalado que además, está la ley de mercado que intenta unificar las conductas. "Estamos en una situación en la que la regulación turística de San Sebastián, es distinta a la de Bilbao. Esto no tiene ningún sentido", ha concluido. 

Comunidades, ayuntamientos y el Gobierno

El trasfondo de este barullo normativo está muy relacionado con quien es el que puede legislar. El Gobierno no tiene competencias sobre turismo y estas están en mano de las comunidades autónomas. Aunque como ya contó la nueva ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, están tratando también de crear un marco donde se encuadren todas las regulaciones autonómicas. 

Los ayuntamientos también han entrado en el juego. El crecimiento de este sector ha hecho que se convierta en un problema en algunas ciudades especialmente turísticas, donde las asociaciones de vecinos ligan el auge de los apartamentos turísticos al movimiento de gentrificación de las ciudades y el desalojo de los vecinos de estas.

En el caso de los ayuntamientos, su manera entrar en la regulación de este sector ha sido a través de las normas urbanísticas para tratar de calmar los ánimos entre los vecinos. A partir de ellas, se han desarrollado diferentes marcos que varían en función de la ciudad. Palma ha sido la más tajante al ser la primera ciudad que prohibe el alqulier turísticos. 

Por su parte, en Madrid se está tramitando una norma para blindar el centro frente a las viviendas turísticas. Algo que ya han hecho Madrid y San Sebastián. Sin embargo, estas normas han ido acompañadas de conflictos en los tribunales.

El grupo de trabajo de la CNMC iría encaminado a poner orden en todo este barullo normativo para tratar de generar unas líneas sobre las que se vertebraran las normativas autonómicas. 

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