La Asociación de Startups, en contra de que la 'Ley Rider' regule los algoritmos porque pone "en grave riesgo" la propiedad industrial de las empresas

El acuerdo del Ministerio de Trabajo sobre laLey Rider que regulará a los trabajadores de las plataformas digitales de envío a domicilio, anunciado este jueves tras el acuerdo con las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT, que recoge la obligación de las empresas a informar a los trabajadores sobre las reglas de los algoritmos que rigen el reparto del trabajo, ha provocado una reacción contraria de la Asociación Española de Startups, para quien esta medida pone "en grave riesgo la protección de la propiedad industrial" de las empresas tecnológicas.

Para la asociación, que las plataformas estén obligadas a revelar parte de sus algoritmos es "especialmente alarmante" ya que "no solo excede la supuesta voluntad de regular las relaciones laborales en el sector del delivery, sino que entra en contradicción con otras regulaciones vigentes y pone en grave riesgo la protección de la propiedad industrial del conjunto de empresas y startups que operan en el país". "Es un precedente que nos preocupa especialmente", ha manifestado la asociación de empresas emergentes en un comunicado.

La cuestión de los algoritmos, la tecnología que utilizan las plataformas como Glovo, Deliveroo o Uber Eats para decidir qué repartidor realiza cada entrega, es uno de los elementos clave de su funcionamiento y según el acuerdo revelado por Trabajo, las compañías tendrán que informar a la representación legal de los trabajadores —una de las claves de la ley es que los repartidores tendrán que ser considerados por defecto trabajadores asalariados— sobre "las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales", incluyendo, según el comunicado de Trabajo, "el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles".

Para la Asociación Española de Startups este tipo de tecnologías "ya se encuentran reguladas a nivel europeo en el Reglamento Europeo de Protección de Datos", donde según la asociación se entiende que es "más que suficiente que se aporte información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado".

"Regulaciones adicionales no armonizadas a nivel nacional, entorpecerían en gran medida el camino hacia un mercado único digital, dificultando el cumplimiento normativo y reduciendo la competitividad y la seguridad jurídica de las empresas europeas", añade la organización.

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"Cuestionar la legítima propiedad de las empresas al exigir que los algoritmos sean públicos no solo pone en serio riesgo la libre competencia en nuestro país sino que supone un nuevo lastre para el desarrollo y la innovación", continúa la Asociación Española de Startups, que pide que se tome en cuenta su opinión y la de las organizaciones "representativas de la economía digital y del ecosistema de startups" antes de avanzar por esta línea, sobre la que considera que hay "una falta total de justificación" y que puede suponer "un grave perjuicio para la economía digital en su conjunto".

La regulación de los algoritmos era una reclamación de los repartidores apoyada por la Organización Internacional del Trabajo. Fernando García, rider "falso" autónomo de Glovo y Uber Eats y delegado sindical de UGT, aseguró a Business Insider España que no fiscalizar los algoritmos "supone dejar en la indefensión absoluta a los trabajadores e incluso al mercado".

3 meses para regularizar a los repartidores

Según el acuerdo conocido esta semana, la nueva ley que regula las condiciones laborales de los repartidores de plataformas de comida a domicilio como Glovo, Deliveroo, Uber Eats o Stuart –Just Eat no resultará afectada en principio al contar con riders contratados o subcontratados a través de empresas de trabajo temporal– entrará en vigor 3 meses después de su aprobación, con lo que las compañías tendrían un margen de 90 días para regularizar la situación de sus repartidores, bien contratándolos o gestionando su contratación a través de empresas de trabajo temporal.

Además de la oposición de la Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda, que agrupa a Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats, que considera que este acuerdo les obliga a la "laboralización forzosa" de los repartidores dañará el sector y ha criticado a la patronal CEOE por lo que consideran "cesiones totales"; también algunas asociaciones de repartidores como Riders x Derechos ha criticado que no se haya ampliado su ámbito de aplicación a trabajadores de otro tipo de plataformas. De hecho, patronal y sindicatos llegaron a reconocer que las empresas de reparto eran solo "la punta del iceberg" de un problema mayor, el de la economía de plataformas.

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A este principio de acuerdo debería seguirle una reunión técnica con las partes para cerrar los posibles flecos y poder enviar la redacción definitiva de la ley de repartidores de plataformas digitales al Consejo de Ministros para su aprobación, según La Información. Pero el alejamiento de las posturas entre patronal y sindicatos hace difícil que se vaya a cerrar en un plazo corto.