El Gobierno plantea recurrir a auditoras privadas para garantizar la transparencia en el reparto de las ayudas europeas

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dará este martes su último paso con su aprobación en el Consejo de Ministros antes de su entrega esta misma semana a la Comisión Europa, que dedicará los próximos 2 meses a evaluar las 110 inversiones y 112  reformas que propone a cambio de los 140.000 millones de euros del fondo comunitario NextGenerationEU que corresponden a España durante los próximos 6 años y que el Gobierno prevé recibir a partir del segundo semestre.

De este modo, el Ejecutivo cumplirá su promesa de respetar los plazos de entrega de su plan para distribuir las ayudas europeas, que vence este mismo viernes, tras haber cerrado varios frentes de su proyecto que todavía tenía abiertos a pocos días de que finalizase el periodo para enviar a Bruselas su plan de recuperación, como es el caso de los mecanismos de control del reparto de fondos europeos, tal como establece la normativa de NextGenerationEU.

Medidas, plazos, fondos y reformas: qué se sabe y qué falta por desvelar del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno

Las autoridades comunitarias habían puesto especial énfasis en los mecanismos de control de los planes nacionales para distribuir las ayudas europeas, como señaló el pasado diciembre vicepresidenta de la CE, Vera Jourova, que reclamó garantizar que los fondos se emplean correctamente y afirmó que la confianza de los contribuyentes se erosionaría si Bruselas era incapaz de prevenir la corrupción o de retirar los fondos a los países que los usen de forma inadecuada.

Precisamente por ese motivo, el Gobierno se estaría planteando recurrir a auditoras privadas para garantizar la transparencia en el reparto de las ayudas europeas, aunque bajo la supervisión de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y con un sistema de control en 3 niveles al que se dará acceso a organismos de control comunitarios como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la CE, la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas de la UE, segúnCinco Días.

La normativa que rige el reparto de NextGenEU establece la necesidad de que existan mecanismos de fiscalización del gasto de los fondos europeos, que permiten a las autoridades retirar las ayudas en cualquier momento si se contravienen las debidas garantías de transparencia y el uso adecuado de la financiación europea para alcanzar los objetivos de digitalización, sostenibilidad y cohesión social y territorial que incluyen los planes de recuperación.

En este caso, el sistema que plantea el Ejecutivo se complementaría con Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, según el diario económico del Grupo Prisa, que asegura que contará con 3 niveles, con las administraciones públicas que impulsan proyectos en el primero, sus organismos de control interno y asesoría jurídica en el segundo y la propia IGAE en el tercero, en el que podría contar con la asistencia de auditoras como Deloitte, EY, PwC o KPMG.

La posibilidad de recurrir a estas firmas de consultoría ya se contempla en el articulado del Plan de Recuperación, aunque situando a la IGAE y los órganos de control estatal como los responsables de su contratación y de prevenir incompatibilidades entre las auditoras y los proyectos en los que ejerzan su función asesora para evitar conflictos de intereses.