Bolt, uno de los gigantes europeos de la movilidad y rival de Uber y Cabify, prefiere esperar a que haya "seguridad jurídica" antes de lanzar su servicio de 'delivery' en España

Bolt aterrizó en España el pasado verano con un ambicioso despliegue de patinetes eléctricos y flotas de VTC y taxi para arañar parte del pastel a sus principales rivales Uber y Cabify. 

A pesar de que en Europa ya ofrece su servicio de delivery con Bolt Food, en nuestro país la compañía estonia y uno de los gigantes europeos de la movilidad, ha preferido no lanzar sus servicios de reparto de comida a domicilio por el momento.

El motivo, según cuenta Daniel Georges, director de VTC y taxis de Bolt en España, en conversación con Business Insider, se debe a que la "seguridad jurídica" en el sector en nuestro país no es actualmente la idónea para la compañía de movilidad.

"La regulación juega un papel muy importante. No es que la ley rider nos eche para atrás, pero es un punto adicional que se ha de considerar. No es solamente el que exista una regulación u otra, es la seguridad jurídica. Nos gustaría ver como evoluciona esto", señala Georges. 

"Si esta ley rider va a estar sin cambios potenciales en el corto y medio plazo, es algo que consideraremos para lanzar Bolt Food. Pero también tendremos que fijarnos en otros puntos para saber si hay una oportunidad, como por ejemplo, la demanda", añade.

Bolt está actualmente "monitorizando la situación" y tienen en el "radar" la posibilidad de lanzar su servicio de reparto en el futuro. Pero, por ahora, se van a centrar en los servicios de movilidad que ya ofrecen.

"Al final lo que valoramos no es tanto la regulación que hay en sí, porque hay maneras de adaptarse a la regulación y operar bien. Si no es más bien la seguridad jurídica; que esa regulación de repente no vaya a cambiar de un día para otro", comenta.

De la ley rider a la Comisión Europea

La ley rider entró en vigor en España el pasado 12 de agosto y presume la laboralidad entre repartidores y compañías de delivery como Glovo, Just Eat o Uber Eats. Con la nueva normativa, los riders de estas plataformas dejan de ser trabajadores autónomos y pasan a serlo por cuenta ajena.  

La ley, impulsada desde el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, despertó una gran polémica en el sector del delivery, incluso el CEO y fundador de Glovo, Óscar Pierre la llegó a tachar de "chapuza".

Cada compañía ha optado por un modelo diferente; desde el uso de subcontratas por parte de Uber Eats y Just Eat —esta última ha firmado el primer convenio colectivo del sector con los sindicatos y ha contratado a 2.000 riders— a Glovo que sigue operando con repartidores autónomos. 

Sin embargo, hace solo unas semanas, la Comisión Europea seguía la línea marcada por España en este sentido y publicaba el borrador de una directiva europea para regular la economía de plataforma y las relaciones laborales en ella.

La directiva afecta a las empresas de reparto, pero también a los gigantes de la movilidad como Uber, Cabify y la propia Bolt. De hecho, estas compañías agrupadas en una de las patronales del sector llamada Move EU, firmaron un documento crítico con esta nueva regulación europea.

"La gran mayoría de los conductores no quieren ser empleados y las encuestas realizadas en toda Europa muestran sistemáticamente que no quieren perder la flexibilidad y los ingresos adicionales que obtienen al poder trabajar para varias plataformas simultáneamente", recogía Move EU, formada por Uber, FreeNow y Bolt, en un comunicado.

Bolt no opera con VTC en Barcelona

Daniel Georges en conversación con Business Insider España, también ha asegurado que el motivo por el cual, en Barcelona no han desplegado sus servicios de VTC y solo ofrecen alquiler de bicicletas, se debe también a esa falta de "seguridad jurídica". 

"La razón por la que ofrecemos solo alquiler de bicicletas en Barcelona se debe a múltiples factores. Hay muchos temas desde el punto de vista de regulación, y el más importante es el decreto Ábalos que acaba el próximo octubre", señala Georges.

En España, hace 3 años se firmó el Real Decreto Ley 13/2018, conocido como decreto Ábalos (exministro de Fomento del actual Gobierno), que establecía que las empresas que explotan autorizaciones de VTC podrían utilizarlas "exclusivamente para realizar transporte interurbano de viajeros".

La norma marcaba un plazo máximo de 4 años (acabará el próximo mes de octubre de 2022 como señala Georges) para seguir prestando servicios en el ámbito urbano y habilitaba a las comunidades autónomas a regular las condiciones de explotación de estas licencias. 

"Ha habido más iniciativa por parte de la Comunidad de Madrid, y Andalucía, en regular o en tener lo que es la operativa de las VTC reguladas antes que otras comunidades autónomas. Eso es algo que hemos tenido en cuenta, pero no quita que nuestra intención sea querer operar en otras partes de España incluido Barcelona o Cataluña", subrayaba Georges.