Bruselas expedienta a España y otros 6 países por no regular los salarios de los directivos de empresas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la canciller alemana, Angela Merkel, el presidente español, Pedro Sánchez, y el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la canciller alemana, Angela Merkel, el presidente español, Pedro Sánchez, y el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel.
Reuters
  • La Comisión Europea abre expediente a España y otros 6 países por tardar más de un año en aplicar la directiva europea que regula los salarios de los directivos de empresas.
  • La normativa, que busca ampliar los derechos de los accionistas de las empresas aplicando criterios de transparencia a la remuneración de los directivos, fue aprobada hace 3 años y debería haber sido aplicada por los 27 en junio de 2019.
  • España y los otros 6 países expedientados tienen 3 meses para responder a Bruselas y trasponer la directiva a sus respectivas legislaciones para evitar que se les abra un proceso ante el Tribunal de Justicia de la UE que implique sanciones.
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La Comisión Europea vuelve a llamar la atención a España y a otros países de la Unión Europea por retrasarse en trasladar las normativas comunitarias a su propia legislación. De hecho, España es desde 2017 el país de los 27 que ocupa la primera plaza en la lista de países más penalizados por incumplir normativas comunitarias, con 54 millones de euros en multas y 96 procesos abiertos.

En este caso, Bruselas ha abierto expediente este pasado jueves a España, Portugal, Grecia, Chipre, Rumanía, Eslovenia y Bulgaria por retrasarse más de un año en aplicar a su legislación la directiva europea que regula los salarios de los directivos de las empresas, según El Confidencial.

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La normativa, que busca ampliar los derechos de los accionistas de las empresas aplicando criterios de transparencia a la remuneración de los directivos y regular las comunicaciones de los gestores de fondos de inversión con sus clientes, fue aprobada hace 3 años y debería haber sido aplicada por los Estados miembros antes de junio de 2019.  

A partir de este pasado jueves, España y los otros 6 países expedientados tienen 3 meses para responder al requerimiento de Bruselas, además de trasponer la directiva a sus respectivas legislaciones para evitar que se les abra un proceso ante el Tribunal de Justicia de la UE, que podría derivar en la imposición de sanciones al país infractor.

A lo largo de los últimos 3 años, el anterior Gobierno encabezado por Mariano Rajoy o el actual, presidido por Pedro Sánchez, deberían haber trasladado al Congreso de los Diputados el contenido de la directiva europea para trasponerla a la legislación española dentro de plazo, como corresponde hacer con las normativas de ámbito europeo.

Sin embargo, España tiene un amplio historial de retrasos en la aplicación de leyes de la Unión Europea en su legislación, en temas como la reducción de la contaminación, la protección de datos personales, las medidas de control de hábitats naturales como el Parque de Doñana, la eficiencia energética o las sanciones penales por abusos de mercado, entre otras.

En este caso, la directiva que debe aplicar España antes del 2 de octubre busca garantizar que los accionistas de las compañías estén amparados por criterios de transparencia que garanticen su control sobre la gestión de los directivos en materia de riesgos, remuneraciones, votaciones, pagos, acuerdos y responsabilidad social.

La Comisión elaboró esta normativa como respuesta a la opacidad en la gestión de los directivos durante la pasada crisis económica, como señala El Confidencial. Por ello, incluye mecanismos de confirmación de voto y publicación de decisiones corporativas y de control de las remuneraciones variables de los directivos, sobre los pagos diferidos y las estrategias de inversión.

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