El futuro de más de 5 millones de trabajadores de Uber o Glovo está en el aire: Bruselas no se pone de acuerdo en la futura ley 'rider' europea

Los pasillos de Bruselas están que echan humo desde hace varios meses debido a la futura ley rider europea. En las últimas semanas, las negociaciones entre diferentes partidos y grupos parlamentarios, así como la presión de los distintos lobbys empresariales, se han intensificado.

Fuentes de Bruselas aseguran a Business Insider que nunca habían visto semejante presión por parte de estos lobbys en torno a los eurodiputados, que este lunes 12 de diciembre tienen que votar en el Parlamento Europeo si la regulación de la economía de plataforma sigue adelante.

El futuro de cerca de 5,5 millones de trabajadores de empresas como Uber, Glovo, Delivery Hero, Bolt o FreeNow, que actualmente trabajan como autónomos, está en el aire. 

En el caso de que la norma europea finalmente se apruebe, esos trabajadores podrían pasar a ser considerados empleados por cuenta ajena, siempre y cuando las plataformas no puedan demostrar que sus trabajadores son realmente autónomos.

Esta regulación no solo afecta a riders o conductores de VTC, sino a todos aquellos profesionales que trabajan bajo las órdenes de una plataforma tecnológica, desde trabajadores del servicio doméstico a diseñadores gráficos. Desde la Unión Europea estiman que más de 28 millones personas forman parte de la economía de plataforma y sus previsiones en que en 2025 sean 43 millones.

Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer, aristas por pulir y se esperan intensos meses de debate y negociación en el seno de Bruselas. A día de hoy, ni siquiera hay consenso entre los Estados miembro para aprobar un texto definitivo.

España puede tener la llave de la ley rider europea

La propuesta de Directiva de la Comisión Europea está, un año más tarde de su aprobación, en el Parlamento Europeo y en el Consejo de la Unión Europea, a la espera de su aprobación y de que se ratifiquen las diferentes enmiendas propuestas por los grupos políticos.

El ejemplo más claro del desentendimiento que se vive en la Unión Europea ha sido la reunión en el propio Consejo del pasado jueves. En ella, un grupo de países como España, Bélgica o Países Bajos, más la abstención de Alemania, se han opuesto a las modificaciones que había introducido Bruselas, bajo la presidencia de la República Checa, por proponer una Directiva "descafeinada" y que "reducía los derechos laborales de las personas trabajadoras en plataformas digitales", según han señalado fuentes del Ministerio de Trabajo de España.

Los cambios que pretendía introducir la presidencia checa se acercaban al modelo preferido de la Francia de Emmanuel Macron, contraria a la laboralidad y que aboga por la figura de los autónomos dentro del sector.

Un Macron que hace unos meses se veía salpicado por el escándalo de los Papeles de Uber, después de que se revelara como, siendo ministro de Economía de Francia, había intervenido en la sombra para favorecer a la compañía de movilidad en el país galo, tal y como publicó El País.

El Consejo de la UE tiene que llegar a un acuerdo para que la Directiva salga adelante, mientras la sombra de los lobbies y los Papeles de Uber, se ha colado en los corrillos de Bruselas en los últimos meses.

En enero, Suecia pasará a presidir el Consejo y se espera que se retomen las negociaciones entre los Estados miembro, aunque desde Bruselas no prevén que pase gran cosa debido a que esta norma no es una prioridad para el Gobierno de Ulf Kristersson, primer ministro sueco.

Si no se llegara a un acuerdo, que es lo más probable, es cuando entra en juego España, ya que a partir del segundo semestre asumirá la Presidencia del Consejo. Bruselas mira con esperanza el mandato español, y esperan que tanto Parlamento como Consejo hayan llegado a un acuerdo definitivo entonces.

El Parlamento Europeo ya tiene acuerdo

Además de esta cuestión, el texto definitivo tiene que salvar otro escollo este lunes 12 de diciembre en el Parlamento Europeo, aunque como ha adelantado Euroactive, ya se ha llegado a un acuerdo.

A un lado se encuentran los socialistas con la italiana Elisabetta Gualmini a la cabeza y una propuesta que bebe de la regulación española y la ley rider de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo española, que presume la laboralidad entre trabajadores y plataformas a no ser que la empresa presente prueba en contra.

Esto quiere decir, que si la empresa no es capaz de demostrar que sus empleados son verdaderos trabajadores autónomos, automáticamente pasan a ser empleados de dicha compañía. Algo que ha puesto en guardia a gigantes del sector como Uber y que tiene en vilo a los grandes grupos empresariales.

La izquierda de Gualmini se ha encontrado con la oposición de los grupos de la derecha, tanto de los liberales de Renew Europe, como de los conservadores del Partido Popular Europeo (PPE), que a su vez ha vivido una fuerte división interna, ha informado Euroactive.

El procedimiento legislativo europeo es complejo y largo. Una vez que, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo hayan llegado a sendos acuerdos, la última fase son los llamados trílogos, grupos informales formados por 3 miembros que representan a sus respectivas instituciones: uno de la Comisión, uno del Parlamento, y la Presidencia del Consejo. 

Cada uno de los miembros llega al trílogo con la posición de su respectiva institución acordada anteriormente y de manera interna, y vuelve a negociar con los otros 2 órganos hasta dar con un texto que contente a las 3 partes.

Esto significa, según fuentes de Bruselas, que si todo sale adelante y las negociaciones llegan a buen puerto, habría una ley rider europea en el mejor de los casos para finales de 2023, o principios de 2024.

Actualmente, las posturas del Consejo y el Parlamento están todavía alejadas, y los grupos parlamentarios más favorables a la regulación quieren que se alcance un acuerdo antes de las elecciones europeas de 2024.

Las propias empresas del sector están divididas, con Uber, Bolt o Delivery Hero (dueña de Glovo) oponiéndose frontalmente a la regulación más estricta, y una Just Eat que se ha mostrado más favorable.