Control de precios para combatir una inflación descontrolada: ¿es una buena idea para España?

El control de precios provoca urticaria entre economistas de todo el mundo. En España, sólo mencionarlo ya es garantía segura de que alguien recordará los males de Venezuela. Pero a esta medida han recurrido numerosos gobiernos en tiempos de posguerra y ante grandes crisis. 

Pasó en la España franquista tras la Guerra Civil y en Estados Unidos después de la II Guerra Mundial. El propio Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca sugirió que la mejor analogía histórica para el momento de inflación actual son las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. 

Richard Nixon también aplicó controles para frenar una inflación galopante por la gran crisis del petróleo en los 70. El control le costó a Nixon su relación con el Premio Nobel de Economía, Milton Friedman ("le culpo a usted, presidente", le dijo, refiriéndose a la medida).

Ahora, la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania ha devuelto a Occidente el temor a revivir el fantasma de la inflación de los 70 y el control de precios vuelve a estar sobre la mesa. Pero, ¿es una buena idea?

La sola pregunta está en el centro de la picota y recientemente desató la polémica en un artículo de la economista Isabella Weber en The Guardian.

La semana pasada, tanto el presidente, Pedro Sánchez, como las ministras Teresa Ribera y Nadia Calviño apostaron por fijar los precios de la energía cuanto antes. 

Sánchez incluso llegó a marcarse un órdago avanzando que España fijaría precios incluso aunque el resto de la Unión Europea no lo haga. Ayer, en cambio, pareció que reculaba y apuntaba en otra dirección: eludió repetir el anuncio de los topes, y en su lugar sugirió que podría aplicar rebajas fiscales a la gasolina. Una estrategia para calmar las aguas y ganar tiempo hasta que la UE mueva ficha.

"Parad ya. En serio", respondía mientras tanto Austan Goolsbee, profesor de Economía en la escuela de negocios Booth Chicago, antes presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama. 

A Goolsbee le preguntaron en enero si los controles de precios aplicados en los años 70 podrían reducir la inflación en EEUU en los próximos 12 meses. Fue en una encuesta de la escuela Booth Chicago a un panel de economistas estadounidenses de alto nivel. Los resultados fueron poco sorprendentes: el 79% rechazaba los controles de precio.

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"Por supuesto que los controles de precio pueden controlar los precios...¡Pero son una idea terrible!", zanjó David Autor, profesor de Economía en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en la misma encuesta.

Una medida polémica: sí a controlar mascarillas, no a 'topar' alquileres

Ni siquiera hay que irse hasta los años 70 para encontrar ejemplos de control de precios. En plena pandemia de COVID-19, la escasez de mascarillas o test de antígenos infló una burbuja de precios de estos productos sanitarios, hasta que los gobiernos europeos, incluida España, optaron por limitarlos.

Se trata de medidas quirúrgicas para atajar un problema de oferta que no sólo hacía subir el precio de esos productos: también ponía en riesgo la seguridad sanitaria del país. Fue en plena sexta ola cuando finalmente España concedió fijar precios.

La aceptación de esta medida choca frontalmente con el rechazo de pleno que se lleva el control de alquileres, por los efectos secundarios que provoca a largo plazo: lo han aplicado desde ciudades como San Francisco o Londres, regiones como Cataluña y países como Alemania o Francia. Pero, aunque en el corto plazo funciona, lo hace a costa de provocar distorsiones en el largo.

Es lo mismo que podría ocurrir con un control para frenar la inflación: "Controlar precios quizás podría reducir la inflación a corto plazo, como en los años 70, pero provocaría escasez, es una idea terrible", ha avisado William Nordhaus, premio Nobel de Economía y profesor en la Universidad de Yale.

Qué gobiernos ya aplican la receta de 'topar' precios

La escalada de precios de los carburantes y las materias primas ha disparado la inflación a récords no vistos desde finales de los 80, lo que se traduce en un aumento del coste de vida y de producción, o lo que es lo mismo, en una purga para hogares y una rémora para empresas.

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Igual que en los 70, cada vez más gobiernos se están lanzando a intervenir precios. Inmerso en plena campaña electoral, el líder de Hungría ha anunciado topes al precio de la harina, el azúcar, el aceite de girasol o la carne, y también a la energía. 

Un movimiento parecido al de Argentina el año pasado, poco antes de comicios, cuando el Gobierno de Macri optó por intervenir el precio de más de 1.000 productos alimentarios, después de que la inflación superara el 50%. También Egipto y Albania han anunciado controles en las últimas semanas.

En EEUU, en cambio, por el momento se ha optado por incentivos: para solucionar la subida del precio de la carne, la Casa Blanca propuso destinar 1.000 millones de dólares en inversiones en el sector. 

La energía, en la diana de Europa 

En Europa, la idea de intervenir precios sólo se plantea en un mercado: el eléctrico. Si la factura energética es la responsable del descontrol de la inflación, Bruselas propone poner una bombilla en la diana.

La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, anunció la semana pasada que este mes presentará posibles fórmulas "para limitar el contagio del precio del gas a la electricidad”. 

Entre ellas, no se descarta fijar topes al precio de la luz, una medida que sin embargo se rechazó a finales de 2021 cuando España la propuso, ante los máximos históricos que marcaba día tras día el kilovatio/hora. Otra opción es desacoplar el gas, que es la energía que encarece la factura, del sistema de fijación de precios.

Pero encontrar consenso en el seno de la UE no será fácil. Alemania, por ejemplo, se opone al control y en su lugar ofrece medidas de alivio a hogares y empresas. Mientras, Francia ha obligado a su gigante eléctrico EDF a limitar los aumentos de las facturas al 4% este año.

Fuera del club comunitario, Reino Unido es otro ejemplo que sí ha regulado cuánto se puede cobrar a los consumidores por la energía.

¿Es buena idea fijar el precio de la electricidad en España?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está apremiando a los socios comunitarios a avanzar cuanto antes en un sistema que fije precios y de hecho ha avisado de que España fijará precios, lo haga Europa o no. 

Pero no todo el mundo está de acuerdo con este movimiento. Los empresarios ya han manifestado su rechazo frontal a la medida e incluso el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha manifestado reservas si no hay una respuesta coordinada en la UE. Los líderes europeos celebrarán a finales de mes una cumbre para abordar este tema, y España está tratando de formar un frente común.

Argumentos a favor

La pista para el primer argumento la da Weber y puede aplicarse a otros controles que buscan combatir una inflación galopante: "Los controles de precio permiten ganar tiempo con la crisis de suministro, que durará mientras dure la pandemia. El coste de esperar a que la inflación se vaya es alto".

En los 70, Nixon aprobó un bloqueo a los aumentos de precio durante 90 días. Una política que se ganó el apoyo popular. La inflación, después de haber alcanzado un 5,8%, se frenó. Pero sólo temporalmente: para 1974, el Gobierno trató de nuevo de fijar precios, pero sin éxito, y la inflación escaló al 11% para 1974.

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"Un cierto control de precios energéticos es factible", apunta Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, aunque también advierte de consecuencias negativas.

Torres recuerda que, en España, hasta el verano del año pasado ya existía un tope de precios para la electricidad en el mercado mayorista de 180 euros por MW/h. 180 euros era un techo muy alto al que antes no se llegaba con facilidad. La semana pasada, en cambio, el precio por MW/h superó los 500 euros, pero el tope ahora es de 3.000 euros, de nuevo, demasiado lejos.   

"El cambio en la fijación de precios puede ayudar a bajar la tarifa, pero no de forma demasiado significativa", explica la doctora Marta Bengoa, catedrática de Economía Internacional en City University of New York y vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Comercio Internacional y Finanzas de EEUU. 

Podría funcionar, pero...

Pocos expertos responden con un sí rotundo al control de precios, lo que da una idea de la complejidad de la medida. ¿Cuáles son los peros?

1. Una respuesta coyuntural para un problema estructural. Para Bengoa, la subida del precio de la luz es un problema que no se debe sólo a la fijación de precios en el sistema marginalista: "Existen otras causas estructurales del mercado, como la falta de competencia, la existencia de un mercado oligopolista en el que los costes marginales son diferentes, o el precio de los derechos de emisión de CO2, que son altos en el mercado internacional".

2. El riesgo de una respuesta a espaldas de la UE. Es la tesis también defendida por el ministro Escrivá, que pedía esperar a tomar una decisión coordinada.

"Fijar precios energéticos podría funcionar, pero en este caso habría que actuar con medidas alineadas con la UE", explica, por su parte, Alicia Coronil Jónsson, economista jefe de Singular Bank.

"Tiene que ser una medida común. En un mercado único de energía con interconexiones, si aplicas esta medida en un país y en otro no, vas a tener problemas. Para que sea efectiva, tiene que ser tomada en conjunto", coincide Francisco Vidal, economista jefe de Intermoney.

"El mercado de la energía está regulado, pero está sometido a las leyes de la competencia. No puede haber 2 regulaciones porque vulneraría esa libre competencia. España tiene que seguir insistiendo en la Comisión Europea porque, de lo contrario, se abriría una fisura importante", recomienda Octavio Granado, economista de la Fundación Alternativas y ex secretario de Estado de Seguridad Social.

Argumentos en contra de los controles de precio

En la encuesta realizada por Chicago Booth, la mayoría de economistas coincidían en que, aunque el control de precios permite, por definición, controlar precios, la medida provoca otras "enormes distorsiones".

"Los controles de precios pueden ser una herramienta efectiva en el corto plazo; si hay control de los mercados y es posible evitar mercados en negro, el control de precio limitará en el corto plazo la subida de precios. Ahora bien, en el medio y largo plazo, estos controles tienen efectos negativos, generan inseguridad jurídica en las empresas y pueden ser un catalizador para reducir la inversión en dichos sectores, lo que a la larga generará más problemas", avisa Pedro Aznar, profesor de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esade.

El riesgo: falta de oferta

"Hay que tener cuidado", apunta Vidal. "Si los costes de producción son superiores al precio de venta, igual no produces tanto como necesitas. Tendrás que generar algún incentivo para que exista esa producción. Si le obligas a producir a pérdidas, tendrás que compensarle". 

"Fijar precios es difícil, porque termina generando desabastecimiento. No puedes obligar a un empresario a vender a pérdidas", coincide Granado.

"El problema es cuando ese límite desincentiva la oferta, por ejemplo de gas, de modo que esta se desplaza a otros países que ofrecen una rentabilidad más elevada", avisa Torres, que aboga por utilizar la regulación con cautela y, en lugar de fijar precios, desacoplar el gas del precio de la electricidad.

El precedente de las eléctricas en 2021

"Si fijas el precio, te puedes encontrar con que no hay suficiente oferta porque no quieren producir", señala Gonzalo Bernardos, profesor titular de Economía de la Universidad de Barcelona, que recuerda cuando, en 2021, el Gobierno anunció un impuesto a los beneficios caídos del cielo de las eléctricas: "las eléctricas dejaron de producir durante un tiempo con fotovoltaica y eólica para que el Ejecutivo diera marcha atrás. Y lo hizo".

El riesgo, en palabras del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, es convertir "un problema coyuntural en estructural y comenzaríamos a parecernos a algún país de Iberoamérica con cuyo régimen no compartimos muchas ideas", dijo recientemente, en una referencia velada a (sorpresa) Venezuela.

Los controles de precios han sido el pan de cada día en ese país, pero se han aplicado a productos de alimentación esencial. Esto cercenó los ingresos de los productores hasta el punto de que no podían permitirse importar semillas o la maquinaria necesaria para seguir produciendo.

Algo parecido ocurrió en junio de 1973, cuando el The New York Times publicó que en una granja de Texas freían 43.000 pollos por día porque el pienso para alimentarlos costaba más que los propios animales. “Es más barato comerlos que criarlos”, contaba el dueño de la granja.

Medidas alternativas: qué recomiendan los expertos

"Más que controles de precios, lo recomendable sería utilizar el espacio fiscal que se tiene (las reglas fiscales están suspendidas en 2022) para apoyar a las familias y empresas más vulnerables y que tengan suficientes recursos para enfrentar la escalada de precios y garantizar un consumo mínimo", recomienda Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España.

"Lo que se puede hacer es ampliar el bono de la luz para las familias más vulnerables, utilizando parte del aumento de la recaudación que ha tenido el Estado debido a la inflación y mayor demanda para ajustar impuestos específicos (como bajar a un IVA súper reducido del 4%), reducir costes regulados", coincide Bengoa.

Otros expertos, como Torres o Vidal, optan por la medida de separar los precios del gas del sistema de que fija el precio de la electricidad. Bernardos, por su parte, recomienda una subasta para cada tecnología, "de manera que la cara solo será la de gas natural".

La propia OCDE se mojó ayer decantándose por, en lugar de fijar precios, actuar por la vía fiscal: el secretario general del organismo, Matthias Cormann, defendió subidas de impuestos a las eléctricas para compensar la escalada de precio de la luz:

"Existe capacidad para aumentar los impuestos a estas compañías para amortiguar los efectos del encarecimiento de la energía sobre determinados colectivos, tal como ya han hecho Italia y Rumania”, dijo Cormann ayer en su visita a España.