Menos de 90 días para aprobar los Presupuestos y las reformas de las pensiones y del mercado laboral: el frenético calendario del Gobierno para el último trimestre

Pese a acumular algo más de una semana de retraso respecto al calendario que marca la Constitución, que establece que el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados su propuesta de cuentas públicas al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior, el Ejecutivo prevé que su proyecto dePresupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 superará su tramitación parlamentaria a tiempo para entrar en vigor en ese plazo.

Así lo aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro de este martes el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. "El próximo jueves 7 de octubre se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el proyecto de ley de PGE, que se llevará a su tramitación parlamentaria con la idea de que antes del 31 de diciembre la ley de Presupuestos esté aprobada y, por tanto, el 1 de enero esté en vigor", anunció.

De este modo, el Gobierno afronta un calendario recortado para conseguir apoyos parlamentarios para aprobar su proyecto de cuentas públicas para el año que viene y para superar las fases de presentación de enmiendas de los partidos en Congreso y Senado, lo que aboca a una negociación aún más compleja para que los Presupuestos de 2022 entren en vigor en el momento en el que decaigan los de 2021.

Unos presupuestos presentados con retraso, otra vez

No obstante, el Ejecutivo contará con más tiempo del que dispuso para aprobar los Presupuestos de 2021, dado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entonces vicepresidente Pablo Iglesias presentaron su borrador el 27 de octubre y aun así consiguió completar su tramitación parlamentaria in extremis al recibir el visto bueno definitivo del Senado el 22 de diciembre, a 9 días de su entrada en vigor.

El proyecto de ley de las cuentas públicas para 2022 se presentará 14 días antes que el del año pasado, según ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras la aprobación del borrador presupuestario por parte del Consejo de Ministros, señalando que el Gobierno prevé entregar el libro amarillo que contiene las principales claves del proyecto este próximo miércoles 13 de octubre. 

En caso de que, a diferencia de lo sucedido el año pasado, la tramitación del borrador presupuestario se alargue más allá del 1 de enero, tampoco supondría una novedad respecto a anteriores legislaturas, dado que tanto en 2017 como en 2018 el Ejecutivo, entonces presidido por Mariano Rajoy, no presentó su proyecto de cuentas públicas hasta 4 meses después de que comenzase el año en que iba a aplicarse.

Esos retrasos pueden atribuirse al clima de inestabilidad en el que se movió el Ejecutivo durante la XII Legislatura, en la que el PP necesitaba de los apoyos de Ciudadanos y otros partidos minoritarios para contar con mayoría absoluta. En mayo de 2018, tras la sentencia del caso Gürtel en la que se condenaba al partido por corrupción a título lucrativo, el Gobierno de Rajoy perdió esos apoyos y fue destituido un mes después tras no superar una moción de censura.

No obstante, los Presupuestos de 2018 si sobrevivieron al cambio en la jefatura de Gobierno y fueron aprobados en junio con Pedro Sánchez como presidente. Además, siguieron vigentes durante 2 años más ante la falta de apoyos del proyecto de cuentas públicas para 2019 del Ejecutivo en minoría liderado por Sánchez y, tras las elecciones anticipadas de noviembre de 2019, a la renuncia a presentar presupuestos en 2020 por el impacto del coronavirus.

Estos son los plazos para la tramitación de los Presupuestos de 2022

Una vez que el Gobierno ya presentó en verano el techo de gasto de las próximas cuentas públicas y que el Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, la tramitación parlamentaria comenzará cuando el borrador presupuestario se presente en el registro del Congreso de los Diputados y se publique en el Boletín Oficial del Estado.

Después de estos trámites, la iniciativa pasa a los grupos parlamentarios, que dispondrán de un plazo, que el año pasado fue de 2 días, pueden solicitar comparecencias en comisión parlamentaria de los altos cargos de los ministerios con rango inferior a ministro para que expliquen sus partidas, otro plazo de aproximadamente una semana para presentar enmiendas a la totalidad y de algo más de 2 semanas para formular propuestas de modificación parcial de los presupuestos.

Una vez presentadas las enmiendas y detalladas las partidas ante las comisiones ministeriales, llegará el turno para que se celebre en el Congreso el primer debate de totalidad, en el que corresponderá a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defender el proyecto del Gobierno mientras que los partidos fijarán su posición y se celebrará la primera votación sobre las enmiendas a la totalidad, que definirá si el proyecto presupuestario sigue o no adelante.

En caso de que supere ese debate, se abre el plazo para que los partidos presenten enmiendas parciales y para que la Comisión de Presupuestos designe una ponencia, que se incluirían en un dictamen final que se elevaría al Pleno del Congreso, en el que cada ministro tiene que defender las partidas que afectan a su cartera. Si ese informe se aprueba, las cuentas pasan al Senado, donde los grupos pueden presentar vetos o validarlo y devolverlo al Congreso para su aprobación definitiva.

La reforma de las pensiones y la laboral tienen un calendario menos definido

En el caso de las otras 2 medidas que el Gobierno prevé aprobar antes de 2022, los tiempos están mucho menos marcados que en el caso de los Presupuestos. Así, la primera parte de la reforma de las pensiones se aprobó a finales de agosto tras el décimo acuerdo del diálogo social de esta legislatura y la intención del Ejecutivo es que entre en vigor al inicio del próximo año, dado que sus medidas ya se incluyen en el proyecto de cuentas públicas para 2022.

No obstante, la aprobación definitiva de la reforma del sistema público de pensiones está todavía en manos del Congreso. De hecho, el pasado 30 de septiembre la medida superó su primer trámite parlamentario, al rechazarse por 194 votos en contra, 143 a favor y 11 abstenciones la enmienda a la totalidad planteada por el PP, que solo recibió el apoyo de Vox.

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Al igual que sucede en el caso de los Presupuestos, la reforma de las pensiones seguirá ahora con la fase de registro de enmiendas parciales por parte de los grupos parlamentarios y con el nombramiento de una ponencia que redacte un dictamen final sobre la medida que incluya las modificaciones parciales. El informe será votado por el Congreso y, si recibe el apoyo de una mayoría absoluta, posteriormente por el Senado.

En el caso de la derogación parcial de la reforma laboral, el proceso todavía no ha llegado a las Cortes ni se prevé que lo haga hasta que concluya 2021. De hecho, Gobierno y agentes sociales llevan negociando esta medida desde marzo y, ante el rechazo de la patronal a las propuestas del Ministerio de Trabajo, su titular, Yolanda Díaz, ya ha advertido en repetidas ocasiones de que podría aprobar la medida sin el respaldo de los representantes de los empresarios.

De hecho, el Ejecutivo ya ha acordado la subida del salario mínimo interprofesional con los sindicatos ante el rechazo de la patronal, una situación que podría repetirse si no se superan las diferencias entre ambas partes antes de final de año, cuando está previsto que el Consejo de Ministros apruebe la nueva reforma laboral con la intención de que inicie su tramitación parlamentaria ya en 2022.