Casi uno de cada tres trabajadores en Extremadura y Asturias son funcionarios: el coronavirus dispara el empleo público, y profesores y sanitarios no son la principal razón de la subida

Desde la llegada del coronavirus hace 15 meses, el sector público se ha convertido en un sostén crucial para la actividad del sector privado, el tejido empresarial y el mercado laboral debido, en primer lugar, a las ayudas, subvenciones y medidas de estímulo que han ido aprobando las administraciones y, además, al incremento del empleo público durante la pandemia, que está ayudando a la recuperación de las cifras de paro en los últimos meses.

Así, las administraciones públicas cuentan ya con 149.400 empleados más que antes del inicio de la pandemia, mientras que el sector privado ha visto mermar sus plantillas en 605.400 puestos de trabajo, segúnVozpópuli, que precisa que esa última cifra no incluye a los 420.000 trabajadores que se encuentran todavía en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), aunque el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social estimaba que eran 598.700 afectados a fecha del pasado 11 de mayo.

Estas cifras implican que en el último año el empleo público se han incrementado un 4,6% mientras que el sector privado se han reducido en una proporción casi idéntica, con un 4,5% menos, según el diario digital, que afirma que este fenómeno ya se ha dado en crisis anteriores, aunque apunta que en 2019 el porcentaje de funcionarios y empleados públicos era de un 19,6% y ha crecido 1,5 puntos, mientras que en 2007 suponía un 17,5% y llegó a crecer 4,2 puntos hasta alcanzar su máximo histórico en 2012.

En concreto, los empleados de las administraciones públicas suponen ya un 21,1% del total de ocupados, lo que implica que más de uno de cada 5 puestos de trabajo corresponden al sector público, según el digital, que destaca que 7 comunidades superan esa media y que en 4 de ellas la proporción se incrementa hasta un funcionario o empleado público por cada 4 trabajadores en activo.

Extremadura es la autonomía con mayor presencia de trabajadores públicos y funcionarios entre los empleados en activo, con un 31%, dado que tiene 92.000 empleados públicos sobre un total de 298.000 trabajadores, mientras que en Asturias suponen un 29%, en Castilla y León y Canarias un 26% y en Galicia, Cantabria y Castilla-La Mancha un 24%, aunque en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, esa proporción se eleva al 50% y al 57%, respectivamente.

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No obstante, Andalucía es la comunidad con más empleados públicos en términos brutos, con 583.000 trabajadores, 40.000 más que en 2019, según el digital, que afirma que la Comunidad de Madrid es la segunda con 517.000, lo que supone 32.000 más que antes del coronavirus; Cataluña es la tercera con 461.000, 12.000 más, y la Comunitat Valenciana aparece en cuarto lugar con 322.000 trabajadores de las administraciones, 25.000 más que el año pasado.

En cuanto al ritmo de incremento que ha llevado a alcanzar ese 21,1% de empleados públicos sobre el total de activos, su segundo mayor registro histórico desde el 21,7% de 2012, Vozpópuli destaca que ha registrado un aumento de 43.400 trabajadores en el último trimestre y 145.000 más en el último año, hasta un total de 3,4 millones de trabajadores de las administraciones y funcionarios al cierre de marzo, 400.000 más que en 2007, mientras el sector privado tiene 1,4 millones menos de asalariados.

Además, el aumento en el número y la proporción de empleados públicos y funcionarios durante el coronavirus no se atribuye a la contratación de personal sanitario o educativo para reforzar los servicios públicos ante el impacto de la pandemia, sino que las cifras de la Seguridad Social muestran que un 60% de los nuevos trabajadores públicos durante la pandemia han sido incorporados por los servicios de las administraciones generales de las autonomías.

Por otra parte, el alza en el empleo público también ha supuesto un aumento en el gasto en el pago de salarios a los empleados de las administraciones, que se ha elevado a 140.000 millones de euros en 2020, una cifra equivalente al 12,5% del PIB español y un 33% más que en 2007, antes de la pasada crisis, y prevé que esa cifra se incremente hasta los 147.000 millones de euros en 2021.