Todas las claves para entender la sentencia del caso de los ERE de Andalucía, una de las mayores tramas de corrupción de España
- Casi un año después de que terminase la vista oral del juicio, la Audiencia de Sevilla ha publicado este martes la sentencia de la pieza política del caso ERE.
- El multimillonario fraude conocido como caso ERE investiga el procedimiento opaco e ilegal por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) .
- La macrocausa de corrupción se llevó por delante la carrera política de referentes del socialismo, como los dos ex presidentes de la Junta de Andalucía: Manuel Chaves, inhabilitado 9 años por prevaricación, y Jose Antonio Griñán, condenado a 6 años de prisión por malversación.
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Casi un año después de que terminase la vista oral del juicio, que se prolongó durante un año a lo largo de 152 sesiones en las que declararon 120 testigos, se ha hecho pública la sentencia de la pieza principal del caso ERE, la mayor causa decorrupción abierta nunca en el país.
La macrocausa, que se prolongó durante una década, se llevó por delante la carrera política de referentes del socialismo, como los dos ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En palabras del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, esta trama "retrata una época", pero "España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción".
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado finalmente a Griñán a 6 años de prisión por malversación, mientras que Chaves queda inhabilitado 9 años solo por delito de prevaricación.
Solo han sido absueltos dos de los 21 acusados, el ex interventor general de la Junta y el exjefe de gabinete jurídico.
Se trataba de un procedimiento opaco e ilegal por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que la Fiscalía Anticorrupción cifra en alrededor de 800 millones de euros.
Los dos ex presidentes se sentaron en el banquillo de los acusados para declarar sobre las irregularidades en la concesión de ayudas públicas a empresas en crisis entre 2001 y 2011.
Esta investigación llevaba años tratando de desentrañar la trama diseñada por la cúpula del Gobierno andaluz para sustentar su propio poder y debía resolverse en 270 causas distintas, una por cada ayuda irregular concedida por la Junta que salió del 'fondo de reptiles' (un contenedor de ayudas caracterizado por su opacidad) a cambio de lealtades y favores.
¿Quiénes son los condenados?
- José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013. 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por delito de malversación y prevaricación.
- Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009. 9 años de inhabilitación por delito de prevaricación.
Además de estos, han sido condenados los exconsejeros de:
- Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, 7 años de prisión y 18 de inhabilitación por prevaricación y malversación para ambos.
- Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
- Innovación, Francisco Vallejo, 7 años de prisión y 18 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
- Presidencia, Gaspar Zarrías. 6 años de inhabilitacion por prevaricación.
- Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez. 9 años de inhabilitación por prevaricación.
Los ex directores generales de:
- Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, 7 año de prisión y 18 de inhabilitación por prevaricación y malversación para ambos.
- Presupuestos, Antonio Vicente Lozano, 9 años de inhabilitación por prevaricación.
- IDEA, Miguel Ángel Serrano (6 años y 6 meses de prisión y 17 años de inhabilitación por prevaricación y malversación) y Jacinto Cañete (8 años y 6 meses de inhabilitación por prevaricación).
Los exviceconsejeros de:
- Empleo, Agustín Barberá, 7 años de prisión y 18 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
- Innovación, Jesús María Rodríguez, 6 años de prisión y 18 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
- Economía, José Salgueiro, 9 años de inhabilitación por prevaricación.
Por último:
- El exjefe del gabinete jurídico de la Junta, Francisco del Río. Absuelto.
- El ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez. Absuelto.
- El ex secretario general de la Consejería de Empleo, Juan Francisco Sánchez García, 9 años de inhabilitación por prevaricación.
- Los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo, Francisco Javier Aguado Hinojal (9 años de inhabilitación por prevaricación) y Lourdes Medina Varo (8 años y 6 meses de inhabilitación).
¿Qué se ha juzgado exactamente?
En 2001, la Dirección General de Trabajo firmó un convenio con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Después de los miles de despidos causados por las crisis industriales de los 90, la Junta de Andalucía creó un fondo que respaldase económicamente a empresas con problemas. El objetivo era otorgar subvenciones y prejubilaciones a trabajadores cuyas empresas entrasen en un ERE. Hasta el año 2011, el fondo estaba dotado con 741 millones de euros, pero el presupuesto final contemplaba 1.217 millones.
El objetivo era tanto mantener la paz social como permitir a la administración un mecanismo directo y eficaz de actuación ante conflictos laborales.
La mayor parte del desembolso fue a parar a unos 6.000 trabajadores, que accedieron a las ayudas de manera legal. Pero hubo 136 millones de euros que acabaron en los bolsillos de personas que nunca habían trabajado para esas empresas, además de intermediarios que operaban en el trasvase de las ayudas desde la agencia IDEA. De ello estaría al tanto la Dirección General de Trabajo de la Junta, que autorizaba la orden de los pagos.
El caso de los ERE salió a la luz a finales de 2010 en relación a otra investigación sobre corrupción en Mercasevilla, cuando el PP de la capital andaluza denunció el presunto cobro de comisiones ilegales a unos empresarios por parte de dos exdirectivos de esta empresa.
Además, el comité de empresa denunció que había encontrado en el ERE de Mercasevilla un "intruso" —alguien que había recibido una prejubilación sin haber trabajado para la empresa—. Esto llevó a descubrir más casos fraudulentos .
Se desvelaba así la existencia de un complejo sistema para conceder ayudas millonarias que pudo ser usado en las prejubilaciones de más de 60 empresas acogidas a los planes de empleo entre 2001 y 2010.
¿Cuántos millones se investigaban realmente en el caso de los ERE?
La cifra exacta de cuánto dinero se defraudó por parte de la Junta de Andalucía ha sido hasta la fecha una gran misterio.
Finalmente, la sentencia confirma el fraude de 680 millones de euros que la Fiscalía Anticorrupción había cifrado.
La duda surgía, según explica eldiario.es, en que esta cifra variaba dependiendo de si se consideraban personas "legítimas beneficiarias" de las ayudas o no, pues para la juez Núñez Bolaños, había algunos implicados que son "víctimas" de la macrocausa.
El Tribunal Supremo dijo que no todo el dinero concedido a cargo del programa económico de la Junta que sufragaba las ayudas tendría porqué haber sido defraudado, poniendo así en duda por primera vez la cifra de 855 millones que dio la jueza Alaya al soltar la instrucción.
Si el dinero llegó legalmente a sus destinatarios como dijo la Junta, varias defensas planteaban que no deben atender a responsabilidades civiles millonarias aunque el procedimiento no fuera el correcto.
Las principales declaraciones de los acusados
Los acusados se habían desentendido por completo de las irregularidades de los ERE.
"Yo no entraba en cómo se repartían las ayudas", proclamó Chaves el 16 de abril de 2018 cuando prestó declaración ante el tribunal, pese a que hay dos expedientes en el sumario que revelan lo contrario.
"Nunca conocí, nunca me reuní, nunca negocié, nunca vi, nunca actué y ningún miembro del Consejo de Gobierno pudo conocer", repitió Griñán por las mismas fechas.
El principal acusado, el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, comenzó señalando a Chaves. Hace un año cambió su defensa para defender la legalidad de su actuación en la concesión de las ayudas, que estaban amparadas por una orden ministerial del año 1995.
Uno de los testimonios más incriminatorios fue el de María José Rofa, ex asesora de la Dirección General de Trabajo, quien puso al descubierto no sólo el caos en la concesión de las ayudas fraudulentas, sino también el conocimiento y la participación activa de muchos de los encausados.
La Fiscalía Anticorrupción decidió mantener su petición de cárcel para los imputados después de escuchar todas sus declaraciones.
La polémica que ha rodeado a los jueces del caso
Desde que arrancase en 2011 la macrocausa de los ERE, por el Juzgado 6 de Sevilla han pasado hasta 7 magistrados dada la gran carga de trabajo que soporta.
La primera titular del caso fue la jueza Mercedes Alaya, quien fue cuestionada por su manera de dirigir la investigación. Se dijo que Alaya hacía coincidir decisiones polémicas de la instrucción con fechas electorales "clave", lo cual ella siempre negó.
El Consejo General del Poder Judical (CGPJ) sancionó a la jueza Alaya por manifestar que entregar la instrucción de las causas judiciales a la Fiscalía pondría en cuestión la independencia judicial y en casos de corrupción sería como “tener al lobo metido dentro del gallinero”.
La magistrada fue apartada del caso en 2016 por un ascenso. Fue sustituida por María Núñez Bolaños, quien también cuestionó a su predecesora.
Pero Núñez Bolaños tampoco ha salido airosa del caso: el fiscal jefe Anticorrupición solicitó este mes una inspección contra la jueza por "paralizar o ralentizar" casos de corrupción como el de los ERE, ya que se encuentra de baja desde hace un tiempo, además de archivar muchas piezas del caso a oposición de la Fiscalía.
El juez de refuerzo del juzgado, José Ignacio Vilaplana, se había hecho cargo del caso hasta que Núñez Bolaños se recuperase.
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