El certificado COVID se pondrá en marcha el 1 de julio y la UE se compromete a imponer más restricciones solo si es estrictamente necesario

Tras largos meses de espera, el certificado COVID digital parece estar a la vuelta de la esquina.

El próximo 21 de mayo, el Comité de Representantes Permanentes del Consejo (Coreper) enviará una carta anunciando su apoyo unánime al acuerdo alcanzado previamente entre el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo el día anterior, habiendo así completado todos los trámites para su puesta en marcha dentro de la Unión Europea. 

Una vez que la legislación entre en vigor, las regulaciones se publicarán en el Diario Oficial de la UE y se aplicarán a partir del 1 de julio, según informa Hosteltur.

"El certificado es un paso importante hacia una vida más normal, más libre y más segura durante la pandemia”, aseguró el primer ministro de Portugal, António Costa, que ocupa actualmente la presidencia del Consejo. 

El documento facilitará la libre circulación de todos los europeos de manera segura al demostrar que el titular ha recibido la vacuna contra el virus, se ha recuperado recientemente o ha dado negativo en un test COVID-19.

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Dado que no toda la población estará vacunada a principios de verano y con el fin de evitar que el certificado sea discriminatorio, las instituciones europeas han recomendado a los Estados miembros que ofrezcan a los viajeros acceso a pruebas COVID-19 asequibles, para lo que se ha asignado una cantidad de 100 millones de euros.

Restricciones adicionales

En conversaciones con Hosteltur, el eurodiputado José Ramón Bauzá ha explicado que la prohibición de imponer unilateralmente restricciones a la movilidad a los viajeros con certificado, como cuarentenas, se ha sustituido por el compromiso de los Veintisiete a hacerlo “sólo cuando sea estrictamente necesario para salvaguardar la salud pública”.

Es decir, si un Estado miembro considera que esas medidas son necesarias por su mala situación epidemiológica de acuerdo con los datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), el Gobierno en cuestión tendrá 48 horas para comunicar a la Comisión Europea y a los demás países su intención de imponer restricciones adicionales.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, mencionó recientemente el “intenso” trabajo que está haciendo el Gobierno español junto con la Comisión Europea para poder extender el certificado digital a terceros países.

España no se ha mostrado firme ante la posibilidad de prohibir las restricciones adicionales y en cambio se ha alineado con otros países como Alemania por un certificado con una recomendación a no aplicarlas.