Las grandes ciudades españolas que luchan contra Airbnb con regulaciones para frenar el aumento de los alquileres a corto plazo

Una pancarta contra los apartamentos para turistas cuelga de un balcón en el barrio de la Barceloneta en Barcelona.
Una pancarta contra los apartamentos para turistas cuelga de un balcón en el barrio de la Barceloneta en Barcelona.

REUTERS/Albert Gea

Alegría para unos, falta de descanso para otros. 

La eterna guerra entre Airbnb y las comunidades de vecinos no parece que vaya a llegar nunca a su fin por más normativas que sigan apareciendo para poner freno a los apartamentos con fines turísticos.

Durante la pandemia, la gente acudió en masa a Airbnb y otras plataformas de alquiler a corto plazo para maximizar sus ganancias alquilando casas a los que querían viajar evitando las zonas comunes de los hoteles y a los que se lanzaron a disfrutar de las ventajas del teletrabajo

Desde que en 2008 naciera Airbnb, la plataforma de alquiler vacacional no ha dejado de crecer. En estos 14 años, ya tiene presencia en más de 100.000 ciudades de más de 220 países y regiones diferentes, con un total de más de 7 millones de anuncios. 

Un fenómeno que, más allá de tener efectos evidentes sobre el sector hotelero, ha comenzado con el paso de los años a impactar en el mercado inmobiliario de las ciudades más turísticas en las que tiene presencia el alquiler turístico.

Los propietarios que hacen caja pueden dejar a algunos de sus vecinos sintiéndose frustrados, ya que consideran que la presencia de alquileres a corto plazo en sus vecindarios puede conducir a una serie de problemas, desde molestias por ruido hasta perjudicar al ya de por sí reto de comprar casas o alquilar a largo plazo.

En esta línea, los investigadores Armando Ortuño (Universidad de Alicante) y Juan Luis Jiménez (Universidad de las Palmas de Gran Canaria) de Fedea elaboraron el estudio Las viviendas turísticas ofertadas por las plataformas online: estado de la cuestión. 

Los datos del mismo sugerían que la presencia de Airbnb en las ciudades tiende a producir un aumento de los precios inmobiliarios y de los alquileres convencionales.

Como consecuencia, muchas ciudades han comenzado ya a tomar medidas regulatorias y fiscales sobre Airbnb y otras plataformas similares. 

No es novedad la lucha de algunas ciudades españolas, donde tanto residentes como políticos locales se enfrentan abiertamente a este tipo de alquileres vacacionales.

Cómo se declaran los ingresos de alquileres como Airbnb en la declaración de la Renta

La plataforma deja claro en su página web que algunas localidades cuentan con normativas que no permiten reservas para estancias cortas si los huéspedes tienen que abonarlas. 

"En la mayoría de las localidades, es necesario inscribirse en un registro, conseguir un permiso u obtener una licencia antes de poder publicar tu anuncio y alojar huéspedes. Además, es posible que algunos tipos de reservas a corto plazo no estén permitidas", detalla la compañía. 

Pese a ello, es el propietario el encargado cumplir la legislación revisando la normativa de cada comunidad autónoma antes de publicar su anuncio, y no la plataforma, lo que lleva a la aparición de numerosos alojamientos ilegales. 

Ese es el caso de Palma de Mallorca donde, como cada temporada estival, vuelven a surgir numerosos anuncios de pisos y apartamentos pese a su prohibición. Muchos de ellos, por cierto, ya reservados.

Alojamientos de Palma de Mallorca anunciados en Airbnb.

Como indica Cadena Ser, el alquiler vacacional en la capital balear sigue prohibido a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de las islas tumbara la prohibición. El Ayuntamiento la recurrió y la norma supletoria a tal efecto del Consell de Mallorca mantiene esa prohibición.

Apenas unos pocos de los pisos anunciados están regulados como alojamientos de turismo interior y se sitúan en edificios habilitados que cuentan con licencia para practicar esta actividad, añade el mismo medio. 

El Consell de Mallorca realizará durante este mes 200 inspecciones en pisos de Palma que se dediquen a este fin y podrán enfrentarse a sanciones de entre 20.001 y 40.000 euros.

Según el portal Inside Airbnb en Palma se han publicitado 1.882 alojamientos, aunque no diferencia entre legales e ilegales. 

La gran batalla sobre la regulación es la que enfrenta en el ring al Ayuntamiento de Barcelona y a la compañía que dirige Brian Chesky

El Gobierno de la Ciudad Condal aplica medidas de inspección y control muy estrictas para garantizar que las viviendas de uso turístico cumplen las normativas locales, entre las que se incluye la obligatoriedad de registrar cualquier vivienda que se vaya a ofrecer como alojamiento turístico.

El número de registro asignado deberá indicarse en cualquier tipo de publicidad del alojamiento, incluido el anuncio en Airbnb. Además, es posible que antes de alquilarlo el propietario que presentar una declaración responsable (cuesta 227 euros en Barcelona) en el ayuntamiento donde conste su ubicación. 

Barcelona cuenta con 12 pisos de alquiler vacacional de Airbnb por cada 1.000 habitantes, según un estudio de la Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña publicado justo antes de la irrupción de la pandemia que alertaba de la cada vez más elevada concentración de este tipo de alojamientos en comparación con el alquiler convencional.

Pese a estas medidas, el pasado febrero quedó anulada la orden de la Generalitat de Cataluña que obligaba a Airbnb a eliminar 14.000 anuncios de viviendas turísticas que no estaban inscritas en el Registro de Turismo de Cataluña al considerar que la plataforma es una mera intermediaria y no un proveedor de servicios inmobiliarios.

Otra reciente lucha es la relacionada con el conocido como homesharing. Airbnb habilitó el pasado agosto una herramienta para registrar todos los hogares compartidos de la región. No obstante, los de la capital quedan excluidos con el objetivo de evitar la proliferación de pisos encubiertos para turistas, sostiene el Ayuntamiento.

El portal Inside Airbnb muestra que en Barcelona se han publicitado más de 16.000 alojamientos, de los que un 33,3% no cuentan con licencia.  

En cuanto a Madrid, la normativa indica que es obligatorio registrar cualquier apartamento turístico o vivienda de uso turístico en el Registro de Empresas Turísticas, además de presentar la correspondiente declaración responsable que confirme que se cumplen las normativas vigentes y así se consigue el número de inscripción que debe aparecer en el anuncio.

En 2019, el Ayuntamiento de la capital aprobó el Plan Especial de usos del Hospedaje (PEH) para preservar el uso residencial del centro urbano y controlar las actividades económicas relacionadas con el hospedaje turístico. 

A partir de entonces, el propietario o gestor de cualquier piso turístico deberá pedir licencia para ejercer su actividad. 

Finalmente, el consistorio eliminó algunas de las normas establecidas, como la obligatoriedad de que los alojamientos cuenten con un acceso independiente a la puerta de entrada del edificio. Tampoco hay un límite de días de uso al año a partir del cual se exige una licencia específica, como si ocurre en otras localidades.

Los datos del portal Inside Airbnb indican que tan solo en el centro de Madrid hay 8.300 anuncios de un total de 18.310 que hay en toda la ciudad. De estos, el 93,6% corresponden a alquileres de corto plazo.

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