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El Gobierno amplía las razones por las que podrá intervenir servicios digitales y veta que las comunidades puedan alojar datos en dominios fuera de la UE

Manifestantes en Cataluña tras la sentencia del procés.
Manifestantes en Cataluña tras la sentencia del procés. REUTERS/Jon Nazca
  • El BOE ya ha publicado el Real Decreto para evitar que las administraciones españolas alojen datos en servidores o usen dominios registrados fuera de la UE.
  • Se aprobó el jueves pasado en el Consejo de Ministros y arroja otra lectura: el Ejecutivo ha ampliado las razones para poder intervenir en servicios digitales.
  • Según el mismo documento, el Gobierno podrá intervenir siempre y cuando se vean comprometidos "el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional".
  • El Real Decreto es una respuesta a una iniciativa de la Generalitat de Cataluña, que estaba preparando un sistema de identificación ciudadana con blockchain.
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El Real Decreto que permitirá al Gobierno intervenir telecomunicaciones por motivos de orden público ya está en vigor. Publicado en el BOE de este martes, el Ejecutivo en funciones ha abierto la puerta a intervenir las redes "en determinados supuestos excepcionales", y "con carácter excepcional y transitorio".

Esto ha llevado a colectivos como Xnet a denunciar que España se acerca "a China y a sus políticas liberticidas". La periodista Eva Belmonte, autora de El BOE nuestro de cada día, fue la primera en analizar los pormenores de este nuevo texto legal.

Con una reforma de la Ley de Telecomunicaciones, desde este martes el Gobierno podrá adoptar "por propia iniciativa o a instancias de una administración pública" la intervención de los servicios de red de comunicaciones, siempre y cuando se vean comprometidos "el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional".

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Según han explicitado fuentes del Ejecutivo al diario El País, el espíritu de esta nueva norma no es interrumpir los servicios de telecomunicaciones en caso de desórdenes públicos. Al contrario, la idea es "garantizar su prestación" y evitar "mal uso o abuso" de las infraestructuras en circunstancias extraordinarias.

Belmonte, en El BOE nuestro de cada día, también abunda en la nueva legislación que exigirá a las administraciones públicas españolas a tener los servidores y los datos de sus dominios alojados en servidores de la Unión Europea antes de mediados de 2020.

Precisamente este era el punto de partida de este Real Decreto cuando el presidente en funciones, Pedro Sánchez, lo anunció de forma sorpresiva en una entrevista radiofónica en Onda Cero. La idea es evitar que la Generalitat de Cataluña constituya de facto una administración paralela en internet que pueda esquivar la justicia española.

De esta forma, Sánchez dijo que se frenaría el uso de datos alojados en servidores de "paraísos digitales".

"Se entiende por paraíso digital el lugar que, además de considerarse paraíso fiscal, permite la implantación de sitios web evitando posible bloqueos solicitados por otros países". Quien así lo explica a Business Insider es Juan Diego Polo, ingeniero de Telecomunicaciones y consultor tecnológico.

La administración catalana, por su parte, consideró esta misma semana que este nuevo Real Decreto era un "155 digital", en referencia al artículo de la Constitución que interviene una comunidad autónoma y que se aplicó a finales de 2017 en Cataluña.

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Jordi Puigneró es el consejero de Políticas Digitales de Cataluña, y ya ha confirmado que su departamento trabaja para combatir "jurídicamente" el decreto que ya está en vigor. Ha hecho un llamamiento al resto de autonomías frente a lo que considera un proceso de "recentralización".

Por qué este Real Decreto apunta a Cataluña pero afecta a toda la red

El nuevo Real Decreto-Ley se anunció justo en plena crisis independentista, pocos días después de que la Audiencia Nacional bloquease la página web del movimiento Tsunami Democràtic.

Sánchez anunció la aprobación de este decreto en el último Consejo de Ministros, el pasado jueves 31 de octubre. No se dijo en ningún momento explícitamente, pero el nuevo texto legal destroza la línea de flotación de IdentiCAT, un proyecto que la Generalitat puso en marcha el mes de septiembre.

Se trata de una iniciativa por la cual se provee de un documento de identidad digital a los ciudadanos catalanes mediante un sistema basado en la tecnología blockchain. El Real Decreto, precisamente, convierte el DNI español en el único documento que puede posibilitar la plena identificación de un ciudadano.

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