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Las claves de la guerra de las VTC

Una imagen de una manifestación de taxistas en Barcelona.
Getty Images
  • Las empresas que operan con licencias VTC dentro de servicios como Cabify o Uber llaman a la huelga contra el decreto que prepara el Gobierno.
  • Fomento presentará una nueva norma para proteger al sector del taxi tradicional frente a empresas como Uber o Cabify.
  • La decisión supone una vuelta de tuerca más a un conflicto que ya dura años y aún genera muchos interrogantes.

Las empresas que utilizan licencias VTC, el sistema bajo el que operan plataformas como Uber o Cabify, están preparando grandes movilizaciones contra el inminente decreto ley que el Gobierno prepara para proteger al taxi tradicional, según han publicado varios medios. 

La norma, que previsiblemente se presentará el día 28 de septiembre, permitirá a las comunidades autónomas que lo soliciten regular en su territorio la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC).

El decreto se prevé "tremendamente restrictivo con las VTC", como apuntaban a El Confidencial fuentes presentes en una reunión celebrada entre el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y representantes del taxi; ya que daría la posibilidad a las comunidades autónomas y ayuntamientos de exigir una licencia extra, como pedían asociaciones del sector.

La decisión del Gobierno busca desenmarañar un conflicto entre el taxi y los vehículos VTC que ya dura años, y que ha dado lugar a varias huelgas de taxistas ─la última, este pasado mes de agosto─, un sector tradicionalmente muy regulado y protegido en España.

En ese sentido, Cabify ha firmado junto con la patronal de las VTC Unauto y UGT un acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los conductores.

Para entender mejor cómo hemos llegado a una posible huelga de los VTC, contestamos a continuación a las principales preguntas sobre el tema:

¿Cuál es la situación actual de la regulación de las VTC?

El famoso decreto del pasado mes de abril, aprobado por el PP y convalidado por el Congreso, blindó la limitación a la concesión de autorizaciones a empresas de vehículos VTC, como las que utilizan Uber y Cabify, frente al taxi.

Esta nueva norma buscaba garantizar que no exista más de una licencia de esas empresas por cada 30 de taxi, para así "equilibrar el sector del VTC en relación con el del taxi y garantizar una convivencia equilibrada entre ambos", según indicó el entonces ministro de Fomento Íñigo de la Serna.

Así, mientras que la ley del PP pretendía imponer una "regulación homogénea" a este sector en todo el territorio nacional ante las diferentes iniciativas que habían surgido en ayuntamientos y comunidades, la nueva está, aparentemente, encaminada a descentralizar algo más esta gestión.

Sin embargo, este ratio 1/30 que el Gobierno imponía en abril ni se cumplía entonces ni se cumple hoy día.

Por ejemplo, en ciudades como Madrid hay ya un vehículo VTC por cada tres taxis, y en Barcelona hay uno por cada seis, según datos del Ministerio de Fomento. La media de España es de un vehículo con licencia VTC por cada seis taxis.

Esta contraposición entre lo que exige la ley y la realidad puede parecer una ilegalidad, pero no lo es, debido a que entre 2009 y 2015 quedó liberalizado el sector. 

"Hay una sentencia del Supremo que 'valida' esas licencias otorgadas en ese periodo", recuerda el abogado Carlos Manuel Blanco, de Sáez Abogados, y así "aunque no se cumpla el ratio de 1 cada 30, a los que ya las tienen no se les puede quitar porque se les otorgó en una situación legal", subraya.

Qué supone que se transfieran competencias a las comunidades autónomas

Las medidas del PSOE, suponen, principalmente, una amenaza para los intereses y los derechos de los trabajadores del sector del VTC, según han manifestado las empresas del sector.

Si los taxistas tradicionales se han manifestado en los últimos años contra la "competencia desleal y el intrusismo" que, a sus ojos, suponían empresas como Uber y Cabify, estos últimos opinan que las medidas del Gobierno son "injustificadas y contrarias a la libre competencia".

En concreto, la transferencia de algunas competencias del sector a las comunidades autónomas y los ayuntamientos podría borrar del mapa muchas de las licencias que ahora se encuentran operativas. Acercarse al ratio 1/30 podría acabar con 15.000 empleos directos, según Unauto, una patronal del sector.

En el caso de algunos ayuntamientos como el de Barcelona, la medida podría reducir los actuales 2.000 permisos que existen actualmente a unos 400, según cálculos de la misma patronal.

Algunos medios como El Confidencial señalaban, citando fuentes del sector, que el Ayuntamiento de Madrid y el de Valencia podrían hacer lo mismo.

Barcelona, por ejemplo, aprobó el pasado 26 de junio un reglamento que obligaba a los VTC a tener una autorización local para operar, bajo amenaza de multas de hasta 4.000 euros. Aunque el reglamento fue suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el sector ha visto la medida como un negro presagio de lo que podría estar por venir.

Una opción que el Gobierno, por ahora, ha descartado, sería la de expropiar licencias VTC, lo que supondría un coste para las arcas públicas de entre 140.868 euros y 215.718 euros por autorización, según un informe de la consultora EY realizado para la patronal del sector Unauto.

En caso de que llegasen a expropiarse licencias para cumplir la ratio 1/30 (sería necesario expropiar unas 9.000), el importe alcanzaría los 1.950 millones de euros.

Qué reclaman los empresarios de VTC

En España existen unas pocas grandes compañías de flotas de coches con licencia VTC que trabajan con Uber y Cabify: Moove Cars (5.000 licencias), Auro New Transport Concept (2.500 licencias), Vector Ronda (1.500 licencias) y Cibeles Confort Cars (1.500 licencias).

Estas empresas siempre han considerado las medidas restrictivas del Gobierno van contra la libre competencia y que "perjudican a los usuarios de esos servicios": quieren operar, y quieren hacerlo con libertad.

En referencia, el presidente de la patronal Unauto, ha calificado de "falso mito" que el sector esté formado por falsos autónomos y trabajadores precarios, asegurando que todos conductores de VTC tienen "contratos indefinidos, están dados de alta en la seguridad social y cobran unos 1.100 euros al mes", como recogía Europa Press.

En ese sentido, ante la nueva norma aún por aprobar conocida estos días, las compañías consideran que si se convalida el mencionado decreto ley dará lugar a una (aún más) excesiva regulación que será el fin de su negocio.

Aunque la Justicia les reconozca, en un futuro, su derecho a operar sin estas restricciones, si lo hace será tras un juicio que posiblemente se alargará durante años, como advertía el presidente y CEO de Auro New Transport Concept José Antonio Parrondo, a compañeros del sector en un audio de Whatsapp publicado por El Confidencial.

"No es que vaya a morir matando, porque pienso ganar esta batalla", afirmaba. "Tienen que ver que va a haber disturbios sociales en las calles y problemas si no cuentan con nosotros y no hay un consenso. Vamos a empezar a movernos nosotros también y a decir que no vamos a consentir irnos a la ruina", pedía.

¿Cuántas licencias VTC hay?

En la actualidad, el número de autorizaciones de estas empresas multiplica ya por más de tres a las que les correspondería en virtud del ratio de uno por treinta: hay 11.200 licencias VTC en toda España, frente a las 66.539 de los taxis, según datos del Ministerio de Fomento.

Y el pasado mes de agosto, por ejemplo, el sector del VTC ha conseguido casi 500 licencias más.

Estas licencias no se están concediendo por vía administrativa, por el Decreto Ley aprobado el abril por el PP, sino a través de la vía judicial debido a un vacío jurídico existente desde 2009. 

El mismo ministro de Fomento avisó en su primera comparecencia, tras el regreso de vacaciones, que en los tribunales quedan 9.000 autorizaciones que, tarde o temprano, llegarán a manos de muchos solicitantes. 

El caso de Europa y Estados Unidos

España no es el único país donde se han originado conflictos de este tipo entre el gremio del taxi y los VTC, como detalla este artículo elaborado por la agencia EFE.

En Francia, por ejemplo, los taxistas también han protagonizado manifestaciones contra estas plataformas, y los VTC han contestado al percibir que el Gobierno beneficia al sector del taxi. Actualmente en el país no hay límites para las VTC.

Estas plataformas sí están legalizadas en Portugal, no sin antes pasar por varias huelgas y protestas del sector del taxi, así como en Reino Unido. En Alemania hay menos licencias VTC y funcionan en contadas ciudades, y su regulación es más estricta que en otros países.  

Por el contrario, en Italia hay el doble de VTC (80.000) que de taxis tradicionales (40.000), aunque Uber solo está presente en Roma y Milán.

La polémica no afecta solo a nivel europeo: hace unos días, Nueva York anunciaba su deseo de restringir este tipo de servicios para evitar el excesivo tráfico en su gran manzana

En Estados Unidos, las autoridades locales están tratando de regular estos servicios pero más por cuestiones de tráfico que laborales, según El País.

Qué dice el Ministerio de Fomento

El Ministerio de Fomento es el organismo en el que residen es las competencias para la resolución de este conflicto, aunque no del todo: la gestión de las autorizaciones y su otorgamiento es competencia de las comunidades autónomas, y la inspección de este tipo de servicios también está delegada a las mismas.

El Gobierno se ha mostrado tradicionalmente favorable a los taxistas en esta guerra, tanto el popular, del anterior Ejecutivo, como el socialista actual, aunque la postura de ambos no se ha visto respaldada por las medidas que ha tomado en este sentido, según los taxistas.

Además, el Gobierno ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios cuando buscó convalidar la ratio 1/30 en el Congreso, ya que la medida obtuvo los votos de todos los partidos con las excepciones de EH Bildu, que votó en contra, y Ciudadanos y Foro Asturias, que se abstuvieron.

Asimismo, y sobre todo, el Ministerio ha llamado a la calma este verano y se ha manifestado dispuesto a dialogar para encontrar una solución entre ambos bandos.

Qué dice la CNMC

La CNMC recurrió el decreto del Gobierno de 2015, junto con la patronal de las VTC Unauto y las principales empresas del sector, Uber y Cabify, entre otras medidas del gobierno en este mismo sentido.

Igualmente, otra madeja innumerable de contenciosos han pasado o están pasando por los tribunales y altos tribunales regionales del país por el tema de las licencias VTC, algunos de ellos impulsados por este organismo regulador.

Cronología del conflicto

  • 2009: El Gobierno socialista de Zapatero liberaliza, en parte, el sector del taxi.
  • 2014: Uber comienza a operar en Barcelona, Madrid y Valencia. Se producen manifestaciones, incluso violentas, de taxistas, al considerarlo competencia desleal. 
  • El mismo año, un juez ordena el cierre de la web de Uber al considerar que no cumple requisitos de licencias de transporte público y tarifas, y la compañía se retira de España.
  • 2015: El Ejecutivo de Rajoy impone la limitación 1/30 a través de un Real Decreto.
  • 2017: La CNMC recurre el decreto junto a la patronal Unauto y a varias empresas del sector.
  • Abril de 2018: El PP aprueba un Real Decreto Ley que eleva a rango de ley el anterior y blinda la limitación 1/30, y el Congreso la apoya.
  • Junio de 2018: El Supremo resuelve los recursos de la CNMC, Unauto y otras a favor del Gobierno. La limitación 1/30 es legal, dice la sentencia.
  • Julio-agosto de 2018: los taxistas de algunas ciudades españolas inician una huelga indefinida que dura días.
  • Septiembre de 2018: el Gobierno de Pedro Sánchez prepara un decreto para que comunidades autónomas y ayuntamientos pueda exigir otras licencias a los VTC, y el sector planea responder con movilizaciones.

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