Competencia traslada a Irlanda la demanda de los consumidores contra TikTok: acusaban a la red social de ambigüedad en sus políticas de pagos y privacidad

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha dado traslado a Irlanda de la demanda que interpuso en febrero una federación de organizaciones de consumidores europeas contra TikTok, según ha adelantado este lunes La Información.

Se trata de una denuncia que interpuso la BEUC, cuyo órgano en España es la Organización de Consumidores (OCU). En la demanda se acusaba a la red social de origen chino de mantener una ambigüedad tanto en sus políticas de pago como en su privacidad, y de exponer a menores a contenidos inadecuados.

Uno de los puntos de la demanda hacía referencia a la política de pagos en TikTok. En la app, los usuarios pueden comprar una moneda virtual. 70 de estas monedas equivalen a 1,09 euros, mientras que 7.000 equivalen a 109,99. El problema es que la red social se reserva el derecho a cambiar el valor de esta moneda, que los usuarios pueden usar para comprar filtros especiales.

Además, según expuso la BEUC en su demanda, TikTok no estaría haciendo lo suficiente para proteger a los menores que acceden a su plataforma. Business Insider ya pudo comprobar, con un perfil de adolescente falso, cómo en cuestión de minutos el algoritmo empieza a recomendar a niños contenido relacionado con cambios y operaciones estéticas. Incluso la muerte de una niña de 10 años en Italia puso en entredicho esta gestión de la plataforma.

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BEUC además cargó contra la ambigüedad en la política de privacidad de la plataforma. "No informa a sus usuarios de forma clara sobre qué datos recopilan, con qué propósito y bajo qué marco legal". Un periodista estuvo investigando la plataforma durante meses y llegó a la conclusión de que los datos de muchos de sus usuarios van a parar, efectivamente, en China.

La Información ha tenido acceso al escrito de la CNMC de principios de marzo en el que recordaba que se había de tener en cuenta la aplicación del principio de país de origen. Este es el principal motivo por el que la demanda en España ya se ha trasladado a Irlanda, donde también operan otras plataformas como YouTube o Instagram.

La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, Cani Fernández, recordó hace unas semanas en una comparecencia en una Comisión del Congreso de los Diputados las dificultades a las que haría frente su organismo a la hora de vigilar los contenidos que generan streamers, youtubers e influencers en plataformas como esta.

La demanda que ha interpuesto la BEUC y la OCU en España y que ya la tienen sobre la mesa las autoridades audiovisuales irlandesas pone de relieve cuál es el nuevo frente al que se tendrán que someter las tecnológicas en Europa: además de la gestión masiva de datos y de la privacidad, las asociaciones de consumo tienen mucho que decir al respecto.

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Uno de los puntos de la denuncia que presentaba BEUC en Europa se basa precisamente en una denuncia que también elevó de forma pública el Consejo del Audiovisual de Cataluña en 2018.

Roger Loppacher, presidente de la entidad, explicó entonces a Business Insider España que a raíz de un informe en el que detectaron cómo influencers con más de 30 millones de suscriptores hacían publicidad encubierta de una conocida cadena de comida rápida, el CAC instó "a adoptar las medidas necesarias para identificar de manera clara la existencia de la publicidad", tal y como prevé la directora de servicios de comunicación audiovisual.

"La respuesta de la empresa fue que en aquel momento la directiva aún no había sido traspuesta al ordenamiento jurídico español, por lo que consideramos que es absolutamente imprescindible la aprobación de la Ley de Comunicación Audiovisual", incidió Loppacher.

Sobre la denuncia de la BEUC, el presidente del CAC considera que los datos que aportaba "son particularmente preocupantes". "Muestran la existencia de influencers con millones de seguidores que disfrutan de una credibilidad muy elevada entre el público infantil y juvenil". "Es muy difícil que los destinatarios, básicamente niños y niñas y adolescentes, sean totalmente conscientes del carácter comercial de los vídeos que miran o de la adecuación a la normativa de los contenidos que miran".