Cómo se financian las pensiones en España y en el resto de la UE

Pavel Ramírez
Pensionistas

La revalorización de las pensiones en España, incluida en los últimos Presupuestos Generales del Estado, supone el primer incremento en el poder adquisitivo de los jubilados en el último lustro, pero también un serio quebradero de cabeza para la economía del país, que en los últimos años ha visto cómo se ha ido agotando la llamada hucha de las pensiones o, lo que es lo mismo, el Fondo de Reserva que el Gobierno creó en el año 2000.

El problema es que, al ritmo que envejece la sociedad española, el modelo actual resulta insostenible si no se logra ingresar más de lo que se gasta y, en 2018, las pensiones ya suponen nada menos que el 41% de la asignación presupuestaria. Algo que en la Unión Europea sucede de manera casi aislada en España, ya que la mayoría de los países adopta otros modelos.

Evolución de la 'hucha de las pensiones'

Básicamente, los sistemas de pensiones en la UE se dividen en el modelo asistencial, que es el se da en países como Reino Unido, y el modelo contributivo, que por ejemplo se da en España. Mientras que el primero apuesta por una dotación menor por parte del Estado y mayor a través del ahorro individual, el segundo supone una carga presupuestaria que no todos los países están dispuestos a asumir.

Modelo contributivo

Paula Satrústegui, experta en planificación financiera de Abante Asesores, lo resume de este modo: "En el modelo contributivo, el de España, con las cotizaciones de nuestros trabajadores estamos pagando las pensiones de los jubilados. Así tenemos una pensión mínima, pero también una pensión máxima", establecida en función de la aportación de cada cotizante.

Esto implica que, para hacer sostenible el sistema de pensiones, la aportación de las cuotas sociales ─cotizaciones─ por contingencias comunes y accidentes profesiones es la principal fuente de financiación. En la actualidad, los asalariados y sus empleadores asumen la mayor parte: el 4,70% de la base de cotización de un empleado ─prácticamente la misma que su salario bruto─ va a parar a las arcas del Estado, mientras que la empresa debe abonar otro 23,6% sobre esa base.

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Además de las cotizaciones de asalariados y empresas, que representan el 91% de los ingresos según la Seguridad Social, las aportaciones de los autónomos son la segunda vía de financiación: más del 80% de ellos cotizan por la base mínima (de 884,40 euros actualmente), por la que abonan mensualmente unos 264 euros. Para hacerse una idea, en 2016 se ingresaron 110.317 millones de euros por estas dos vías.

Por último, el Estado también cotiza por el trabajador cuando éste se encuentra en período de desempleo y mientras dure la prestación: el último año se recaudaron un total de 6.771 millones de euros por este concepto, mientras que el gasto total en pensiones presupuestado para este 2018 asciende a 144.834 millones de euros, lo que genera anualmente desde 2011 ese déficit que está acabando incluso con el Fondo de Reserva, que entonces se situaba en 65.000 millones de euros.

Hablamos siempre de pensiones contributivas ─que representan más del 80% de las pensiones─, las cuales no deben confundirse con las no contributivas, que se refieren a situaciones excepcionales ─como no haber llegado al mínimo de cotización─ o sobrevenidas ─como una discapacidad─. Éstas se financian a través de los Presupuestos Generales del Estado por medio de los mecanismos recaudatorios convencionales.

Modelo de cuentas nocionales

Un modelo que no sólo se sigue en España, pero que quizás sea donde más se acuse su carga en los Presupuestos. "Dentro de ese sistema contributivo, hay determinados países como pueden ser Italia o Suecia que han adoptado un sistema de cuentas nocionales. Esto implica que cada individuo tiene un registro contable con su cotización, se calcula su esperanza de vida en el momento de jubilarse y se otorga una pensión adecuada al momento", señala Satrústegui.

En este modelo, la idea es la misma que en España: los cotizantes en activo sufragan las pensiones de los jubilados de ese momento siguiendo un sistema de reparto adaptado a las contribuciones de cada trabajador. Sin embargo, no se usa una caja común, sino cuentas individuales en las que cada uno va acumulando las cotizaciones de toda su vida laboral, así como el rendimiento neto de ese dinero.

Así, cuando se alcanza la edad de jubilación, todo lo acumulado se convierte en una renta vitalicia, calculada en base a la esperanza de vida media del momento ─que previsiblemente siempre será mayor que en años anteriores─ y la revalorización de anual prevista de su pensión.

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En la práctica, sería una especie de sistema de pensiones tutelado por el Estado, pero no dependiente exclusivamente de él. Por ejemplo, en Suecia ─donde el sistema ya está implantado por completo─ cada trabajador destina un 18,5% de lo que ingresa a cotizar: un 16% para el Estado ─de carácter obligatorio y que supondrá el 69,5% de su futura pensión─ y 2,5% para fondos privados de gestión de pensiones auspiciados por el Gobierno.

En este sentido, un 20% de lo que perciba un jubilado en Suecia provendrá de fondos de pensiones de empresa ─fondos de empleo en España─, mientras que el 11,5% restante se sufraga con las pensiones privadas.

Modelo asistencial

En el otro extremo al modelo contributivo se encuentra el asistencial. "En el modelo asistencial, las pensiones pretenden cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos. Para acceder a ellas tienes que haber cotizado durante un período mínimo de unos 30 años y lo que se hace mucho en países como Reino Unido es fomentar los planes de pensiones a nivel privado", resume Satrústegui. Eso sí, existen condiciones particulares que pueden derivar en una compensación extraordinaria: "Para personas de determinados recursos o con necesidades especiales pueden optar a otra pensión que incrementa esa pensión mínima".

Desde el HR Treasury ─la Hacienda británica─, explican que actualmente la pensión básica es de 142,34 euros semanales, unos 7.544 euros anuales o algo menos de 600 euros al mes. Eso sí, esta cantidad se revaloriza cada año en función de cuál sea el más alto de estos tres factores: el IPC, el salario medio en el país o un 2,5%.

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Sin embargo, con este sistema el Estado no pretende asegurar el poder adquisitivo de sus jubilados, sino establecer una base sobre la que edificar las pensiones. Para esas personas en riesgo de exclusión se añade como complemento la denominada pension credit, basada en los ingresos y no en la trayectoria de cotización, con la que se trata de cubrir los ingresos mínimos de personas en edad de jubilación que no hayan podido complementar su pensión por otros medios.

Además de los complementos estatales, la tercera pata de la financiación de este tipo de modelos son las pensiones privadas obligatorias ligadas a la empresa. Desde 2012, Reino Unido ha establecido por ley que todos los trabajadores mayores de 22 años deben cotizar un mínimo del 8% de su salario a través de las empresas para las que trabajen.

Ese dinero se destina a un fondo que precisamente invierte en empresas para asegurarte una rentabilidad cuando llegue la hora de jubilarse. Por eso, para incentivar ese ahorro privado, Reino Unido ha creado un plan que cada año obliga a aportar más a través de la empresa para poder sostener el sistema a largo plazo. Especialmente, porque pretende aumentar la edad de jubilación hasta los 70 años de aquí a 2046.

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