Cómo obtener un título de FP acreditando la experiencia laboral: la mitad de la población activa en España no puede demostrar sus conocimientos

Un fontanero arreglando un grifo.

Pixabay

Más de 11 millones de personas en España (casi la mitad de la población activa) no tiene un documento oficial con el que demostrar sus conocimientos profesionales. Por ello, se han flexibilizado los mecanismos que permiten acreditar la experiencia laboral y obtener un título de FP.

La posibilidad de convalidar las competencias profesionales ya existía con anterioridad, como recuerdan fuentes ministeriales, sin embargo, era un proceso más engorroso y al que sólo se podía acceder cuando las Comunidades Autónomas (competentes en la materia) abrían la convocatoria al respecto. 

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Con la aprobación del Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, se implantó un proceso continuo. 

En la actualidad, cualquier persona, en cualquier momento, puede recurrir a su Administración autonómica y solicitar esta acreditación. 

Así puedes acreditar tu experiencia laboral y obtener un título académico

Cada persona interesada en conseguir un título de FP a través de su experiencia profesional deberá consultar la que le corresponda dentro de las páginas web de acreditación de las CCAA

El procedimiento permanente, informan, abarcará la totalidad de las unidades de competencia profesional incluidas en la oferta de Formación Profesional vinculada al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales

Es un sistema de acreditación acumulable, es decir, que, si con la experiencia profesional acumulada hasta el momento de la solicitud no es suficiente para la concesión del diploma, existirá la opción de completarla con la formación correspondiente.

  1. El proceso se iniciará con una primera etapa de asesoramiento dirigida por un asesor o asesora que realizará un informe orientativo sobre el aspirante. 
  2. A continuación, tendrá lugar la fase de evaluación a través del análisis del informe señalado, de la documentación aportada por el candidato y de diferentes métodos que permitan comprobar las competencias adquiridas en el lugar de trabajo. 
  3. Finalmente, los resultados se transferirán a un registro de carácter estatal.

En cuanto a los requisitos, los candidatos deberán justificar al menos 3 años de trabajo en el desarrollo de la competencia que desea acreditar, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los 15 años previos a la presentación de la solicitud. 

Para las unidades de competencia de nivel I, aquellas que recogen un conjunto reducido de actividades laborales relativamente sencillas, con conocimientos teóricos y capacidades prácticas limitadas, se requerirán 2 años de experiencia con un mínimo de 1.200 horas trabajadas.

Los centros que imparten enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo, los centros integrados de FP y los Centros de Referencia Nacional serán los autorizados para llevar a cabo estas actividades. 

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Con el sistema anterior, subrayan desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, sólo se habían acreditado las competencias de 300.000 trabajadores en 10 años. 

El objetivo ahora es llegar a los 3 millones de personas en 4 años. Para ello, el presupuesto inicial del proyecto es de 852,5 millones de euros.

Favorecer esta acreditación de competencias profesionales es uno de los 3 ejes principales de la nueva ley de FP, junto con la oferta formativa y la orientación profesional. 

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Una normativa tendente a satisfacer un mercado laboral en el que, hasta 2030, el 50% de las oportunidades de empleo estarán reservadas para personas con cualificación intermedia.

Esto quiere decir que España necesita doblar el número de titulados técnicos y superiores en lo que queda de década para atender la oferta en los títulos de FP con más salidas laborales.

Con este mismo propósito, en julio de 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el Plan de Modernización de la Formación Profesional, dotado en un principio con más de 1.500 millones de euros y cuya financiación ha aumentado hasta los 2.200 millones gracias al impulso que se le ha dado con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

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