Ley de vivienda, reforma laboral, nueva cuota de autónomos y leyes contra la corrupción: los deberes pendientes del Gobierno tras el segundo aniversario del acuerdo de coalición

Se cumplen dos años desde que Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, y Pablo Iglesias, entonces secretario general de Unidas Podemos, firmaran un preacuerdo para formar el primer Gobierno de coalición de la historia democrática de España. Después se fundieron en un icónico abrazo.

Sin embargo, hace dos años era inimaginable el actual panorama político. A pesar de que la irrupción de nuevas formaciones en el Congreso de los Diputados allá por 2014 le diese un cariz vertiginoso a la política española, el hecho de que PSOE y Unidas Podemos lograsen formar acuerdo a principios de 2020 no ha tranquilizado las aguas.

Hace dos años, por ejemplo, no era posible prever que hoy se emplearían términos como PERTE, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, coronavirus, fondos Next Generation o pandemia.

La crisis sanitaria que estalló en marzo del año pasado ha trastocado los planes del Ejecutivo. El propio Ejecutivo ha cambiado. 

Primero en mayo, cuando Pablo Iglesias anunció sorpresivamente que dejaba la política tras dejar su vicepresidencia segunda y su Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para concurrir a las elecciones anticipadas de la Comunidad de Madrid, en las que no pudo batir a Isabel Díaz Ayuso.

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Luego, unos pocos meses después, cuando de la noche a la mañana el propio Sánchez anunciaba cambios en los ministerios que corresponden al PSOE con el firme propósito de crear un Ejecutivo todavía más paritario y joven (es uno de los más jóvenes de toda Europa).

Con todo, lo que no cambia es lo que queda por escrito. El preacuerdo de Gobierno de coalición se dio a conocer el 12 de noviembre de 2019, mientras que el acuerdo definitivo llegó un par de semanas después. Un documento de unas 50 páginas con decenas de compromisos que orientan la acción gubernamental desde entonces.

De hecho, a mediados de 2020 fue el propio Sánchez quién aseguró que de los 428 compromisos que se incluían en el acuerdo de coalición se habían activado ya más del 55%, y esperaba que a finales de 2020 se hubiesen cumplido el 17,3%. A finales de ese año defendió que se habían cumplido el 23%.

A mediados de este 2021 Sánchez señaló que el cumplimiento de los compromisos se elevaba ya al 33% y que un 61% de los mismos ya se habían activado. No le salen las cuentas a Noel Bandera, jurista, politólogo y sociólogo que hizo sus propios cálculos en este artículo arrojando una cifra de cumplimiento de solo el 23% a fecha del pasado mes de agosto.

Tampoco a un verificador que sigue el acuerdo elaborado por la productora Newtral, que resume hoy por hoy el cumplimiento en otro 23%, el incumplimiento en un 1%, los compromisos activos en un 52% y los pendientes de novedad en un 24%.

Sea como fuere, ahora que se aproxima el ecuador de la legislatura, el Gobierno todavía no ha cumplido todos sus compromisos. Algunos de los que sí ha logrado sacar adelante han acabado por no colmar las expectativas. De muchos otros todavía no se sabe nada.

Este es un repaso al estado de esta cuestión dos años después de su aprobación, y con dos años más de legislatura en el horizonte.

Qué se ha cumplido

Sacar las leyes adelante con el Gobierno de coalición pueden ser una agonía, dado las frágiles mayorías que PSOE y Unidas Podemos tienen que construir en las Cortes cada vez que tratan de sacar adelante algún proyecto o alguna reforma de calado. Eso no ha impedido que los distintos ministros hayan podido celebrar y reivindicar sus éxitos en circunstancias puntuales.

Una de ella es la aprobación del ingreso mínimo vital en el fragor de lo peor de la pandemia. En aquella ocasión fue el propio Iglesias, como ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, quien comparecía al término de la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en el que se aprobó. Sin embargo, los problemas para que el IMV llegue a todos los hogares descafeinó el logro.

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Varios de los compromisos del Gobierno de coalición se centran en sectores e industrias. Una de ellas es la de la educación. El compromiso más claro del Ejecutivo, además de aumentar su inversión o reformar el sistema de becas universitarias, era la de derogar la anterior ley educativa, la LOMCE. En España ya está vigente la LOMLOE o ley Celaá, aunque no exenta de polémica.

Otro compromiso tenía que ver con el salario mínimo interprofesional. Cuando empezó la legislatura, la ministra de Trabajo y hoy vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, logró desbloquear un aumento del SMI hasta los 950 euros. Hace escasas semanas se aprobó lo propio, aunque en esta ocasión la subida se quedó en los 965 euros.

También salió adelante la ley que legalizaría la eutanasia en España, aunque hace unos días trascendió la triste noticia del suicidio de una mujer después de que un médico rechazase practicársela. Hace unos días, además, se aprobó una ley que acabaría con los copagos sanitarios que todavía quedasen en el país.

Algunas de las primeras promesas cumplidas llegaron al cabo de los primeros días con el Gobierno recién conformado, como la derogación de los despidos para los casos de trabajadores que acumulasen bajas médicas. No obstante, este compromiso formaba parte de una promesa mucho más amplia que es la derogación de la reforma laboral, que todavía no ha llegado.

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Sin embargo, muchas de las grandes promesas del Gobierno todavía no han llegado. Las negociaciones están siendo intensas en diversos frentes. Algunas de las propuestas ya se han dado a conocer e incluso han pasado por período de consulta pública, pero los tiempos complican que muchas de estas regulaciones entren en vigor antes de que termine el año.

Cuando llegó al cargo, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, anunció una serie de reformas para regular de una manera más efectiva la publicidad de casas de apuestas y juegos de azar en los medios de comunicación. La medida, que acabaría afectando a clubes de fútbol, no lo es todo. Todavía se está pendiente de una reforma de la ley del juego que afectará incluso a las loot boxes de videojuegos.

En la misma situación están normas tan esperadas como la ley de startupsque dejó frío a buena parte del ecosistema emprendedor, aunque una de sus artífices, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, recordó que se trataba de un borrador dispuesto a consulta.

Por parte del departamento de Díaz ya se ha reconocido que algunos de sus compromisos se van a tener que discutir en 2022, como es el caso de la Ley de Tiempo Corresponsable que "será muy importante", según adujo la propia ministra en septiembre. La norma abordará cuestiones como los permisos de paternidad o la conciliación en esta norma.

Algunos de los compromisos que desde Trabajo se hacían en el acuerdo de coalición se reflejaban en términos como los que siguen: "Impulsaremos la lucha contra el fraude laboral". Y, aunque la esperada Ley Rider sí ha salido y se ha convertido en un referente para muchos países europeos, todavía hay deberes por hacer en este ámbito.

Los inspectores de Trabajo siguen siendo insuficientes (a pesar de algunas campañas exitosas como la que se dio en el campo durante la pandemia) y las empleadas del hogar siguen sin verse integradas en el Régimen General de la Seguridad Social, con lo que muchas no cotizan por el paro con el agravio y la discriminación que eso conlleva.

Ya se ve en el horizonte algunos detalles sobre cómo será la futura ley de vivienda, que regulará, entre otras cuestiones, el problema por el mercado tensionado del alquiler. 

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La esperada reforma laboral que derogará la que aplicó el anterior Gobierno de Mariano Rajoy también se podrá ver a partir del año que viene, a tenor de lo mucho que queda por discutir sobre este tema y de las fricciones que ha provocado en el Gobierno de coalición entre la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, y la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz.

Tras una reunión entre los dos socios de Gobierno, fruto de la crisis política que suscitó esta reforma, el Gobierno se comprometió hace apenas unos días a que esta reforma laboral llegase antes de que termine el año.

También habrá que esperar a 2022 para ver una reforma en la cotización de los autónomos. Lo que es seguro es que la cuota de los mismos subirá el año que viene.

Hay algunos de estos compromisos que se han visto aparcados por las urgencias del presente, como la agenda social y la gestión y captación de los fondos europeos de recuperación. Algunas de esas urgencias del presente son, por ejemplo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial.La renovación de los magistrados del Constitucional abre la puerta al diálogo con la oposición.

Quizá por eso no se ha vuelto a hablar de algunos de los grandes compromisos que PSOE y Unidas Podemos acordaron hace ya dos años, como por ejemplo la reforma del Código Penal y la llegada de normas que limitasen los aforamientos de los políticos, así como una nueva ley contra la corrupción.