El CNI reconoce el espionaje a independentistas y la brecha en el Gobierno continúa: así han reaccionado los distintos partidos en el Congreso

Citizen Lab anunció en julio de 2020 que se habían detectado víctimas en Cataluña del programa espía Pegasus, desarrollado por la israelí NSO Group. Entre esas víctimas se encontrarían el entonces presidente del Parlament y hoy conseller del Govern, Roger Torrent, Anna Gabriel, exdiputada de la CUP, o Jordi Domingo, de la ANC.

El mismo colectivo de ciberexpertos, ligado a la Munk School de la Universidad de Toronto, detalló el mes pasado en un nuevo informe técnico algo más pormenorizado que las víctimas serían en realidad más de 60 números de teléfono, de las cuales algunas también habrían sido objetivo de otro software espía, Sourgum, desarrollado por otra compañía israelí llamada Candiru.

Fuentes del Centro Nacional de Inteligencia, los servicios secretos españoles, reconocieron al diario El País que el organismo había adquirido la herramienta Pegasus por unos 6 millones de euros pero para actuar en el extranjero. Sin embargo, este jueves Paz Esteban, la directora del CNI, ha reconocido al menos una veintena de víctimas de estas escuchas, todas ellas legales.

Ese reconocimiento se ha producido en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados, el nombre popular con el que se conoce una reunión a puerta cerrada de parlamentarios de la Cámara Baja en el que es el CNI, entre otros aparatos del estado, el que da cuenta de en qué se gastan los fondos reservados de los presupuestos del país.

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Esta Comisión no se reunía desde hacía tres años, y ha sido gracias a la intervención de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que se ha podido volver a convocar sorteando los vetos políticos que fuerzas en el arco parlamentario se imponían entre ellas.

De la reunión, por su naturaleza, han trascendido pocos detalles. Agencias como Europa Press y televisiones como la catalana TV3 destacan que entre los espionajes con Pegasus a líderes independentistas catalanes se han reconocido el que sufrieron el hoy presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, así como el entorno del expresidente Carles Puigdemont.

Ante lo que ha trascendido, las reacciones por las diversas fuerzas políticas no se han hecho esperar. Una de las primeras en conocerse ha sido la del propio Puigdemont, que ha denunciado en redes sociales que España es "un Estado carcomido por todos lados". La directora del CNI habría reconocido en la Comisión que los espionajes contaron con autorización del Tribunal Supremo.

La veintena de espionajes autorizados judicialmente distan de alcanzar el número de los más de 60 que denunció CitizenLab el mes pasado, y que recogió inicialmenteThe New Yorker en un reportaje titulado Así espían las democracias a sus ciudadanos, pieza periodística que ha sido el detonante de toda esta polémica.

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Los grupos parlamentarios han reaccionado con disparidad. El socialista, por su parte, ha reivindicado el "respaldo absoluto" con el que cuenta la ministra de Defensa, Margarita Robles, así como el CNI. Su portavoz parlamentario, Héctor Gómez, ha hecho una valoración "extremadamente positiva" de lo conocido en la Comisión.

Sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, no han sido tan optimistas. El portavoz de la fuerza morada, Pablo Echenique, ha considerado "reforzada" sus exigencias de depurar responsabilidades políticas ante la actuación del CNI. Lo ha reconocido en una rueda de prensa al término de la Comisión de Secretos Oficiales. Echenique ha dicho salir "más preocupado" al salir de la misma.

Gabriel Rufián, de ERC, ha lamentado en los pasillos del Congreso que su grupo ha salido "como hemos entrado, no ha habido secretos ni oficiales ni extraoficiales". Aunque ha eludido confirmar la cifra de espionajes autorizados judicialmente, el diputado sí ha deslizado que se podrían haber producido más casos también contra figuras del Gobierno.

De hecho, Rufián sí ha señalado que la compra de Pegasus se realizó cuando el Partido Popular mantenía el Gobierno (lo que ocurrió hasta junio de 2018). A su juicio, tanto si un tercer país ha espiado a líderes del Gobierno como si ha habido una "competición" entre organismos del Estado para espiar independentistas, se deben depurar responsabilidades.

La nota más positiva de la Comisión la ha puesto el diputado Iván Espinosa de los Monteros, de la formación de extrema derecha Vox. Bajo su criterio, la directora del CNI ha detallado que ninguna de las actuaciones del servicio de inteligencia se han salido de la ley, y no ha habido "elementos incontrolados" en el personal del CNI.

El principal partido de la oposición, el PP, también se ha manifestado. Su líder, Alberto Núñez Feijoo, considera que Paz Esteban, directora del CNI, ha dado las explicaciones pertinentes, y no ha respondido sobre cuestiones que no le competían a ella sino al propio presidente del Gobierno, del que espera aclaraciones pronto en el Pleno del Congreso.

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También han dado su opinión miembros del actual Gobierno. La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha dicho que el proceso le "tranquiliza", ya que "no han sido nuestros servicios secretos los que han cometido alguna irregularidad". "Eso nos tiene que dar a todos mucha tranquilidad", ha aseverado en una intervención en Cuatro.

Margarita Robles, en un corrillo con periodistas en una visita a La Palma este jueves, ha invitado a no especular con la autoría del espionaje que también sufrió ella misma o el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la exministra de Asuntos Exteriores, González Laya. Ha pedido evitar esas especulaciones "sin ningún tipo de prueba".

En términos similares se ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. También ha pedido "no entrar en conjeturas" sobre si Marruecos pudo estar detrás del espionaje al Gobierno (los hackeos a los dispositivos de Sánchez o Robles se produjeron en mayo del año pasado, en plena crisis con Rabat).

"Las relaciones internacionales no se basan en conjeturas ni especulaciones, se basan en hechos", ha incidido. "Las cosas tienen que ir por orden".