ERTE, teletrabajo, escudo social y contrataciones en Sanidad y Educación: el Congreso vota este jueves las últimas 4 grandes medidas laborales del Gobierno

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.

Pool Moncloa/José María Cuadrado

  • El Congreso votará este jueves los 4 decretos que aprobó el Gobierno durante el mes de septiembre y que contienen las nuevas normas sobre teletrabajo, contrataciones en Sanidad y Educación y la extensión del escudo social ante el coronavirus.
  • Al igual que sucedió en la anterior legislatura, estas medidas ya han entrado en vigor pero podrían ser derogadas si no consiguen el respaldo de la mayoría de diputados.
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Tras un mes de septiembre en el que el Consejo de Ministros ha aprobado los 6 acuerdos en materia laboral a los que han llegado el Gobierno, las patronales y los sindicatos a través del diálogo social, estas medidas entran ahora en vía parlamentaria y deberán buscar el respaldo de la mayoría del Congreso de los Diputados este jueves para ser ratificadas.

De hecho, la mayoría de los decretos sobre empleo o medidas de estímulo ante el coronavirus ya han entrado en vigor o, al menos, han iniciado el plazo previo para su puesta en marcha. Sin embargo, como ya sucedió en la anterior legislatura, todavía podrían decaer si el Gobierno no consigue el respaldo parlamentario para su convalidación.

Además, existe la posibilidad de que los grupos parlamentarios decidan tramitar todos o alguno de estos decretos como proyectos de ley, lo que permitiría que los partidos puedan proponer enmiendas a las medidas aprobadas por el Ejecutivo, una posibilidad que podría modificar sustancialmente algunas de las iniciativas que ya están en marcha.

En concreto, el Congreso votará la nueva Ley de Trabajo a Distancia, la regulación del teletrabajo en la administración pública, el refuerzo de la contratación en Sanidad y Educación y la extensión de parte del llamado escudo social contra el coronavirus, que incluye la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o de la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos.

Teletrabajo en el sector privado y en el público

Dos de las medidas en las que el Gobierno afrontará menos oposición para su tramitación son las nuevas normas que regulan el teletrabajo tanto en el sector privado como en las administraciones públicas, dado que cuentan con el respaldo tanto de los agentes sociales, que acordaron su puesta en marcha en 2 decretos diferentes.

De este modo, la Ley de Trabajo a Distancia establece que podrá acogerse a esta norma cualquier empleado que teletrabaje al menos un 30% de su jornada semanal durante un periodo de 3 meses, además de otorgar al teletrabajador el derecho a la flexibilidad horaria para fomentar la conciliación, aunque sometiendo el desarrollo de estas medidas al acuerdo entre empresa y trabajadores.

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Además, la ley del teletrabajo también determina que la patronal y los representantes de los empleados deberán llegar a un acuerdo para establecer cómo compensará o pagará la empresa los costes del trabajo a distancia a los teletrabajadores, teniendo en cuenta los equipos, las herramientas y otros gastos que ocasione la actividad.

Esos acuerdos sobre el desarrollo de la ley del teletrabajo deberán producirse antes del 13 de enero, en el caso de empresas sin un acuerdo previo sobre este tema, o si ya contaban con un convenio propio sobre trabajo a distancia, antes del 13 de octubre de 2021 o cuando venza ese acuerdo interno, para evitar multas de hasta 6.250 euros.

En el caso de la normativa para teletrabajadores públicos, que se aprobó un día antes que la del sector privado, reconoce a los 2,5 millones de funcionarios con que cuenta el Estado el derecho a teletrabajar de forma voluntaria y reversible, obligando a la administración a prestarles los medios necesarios para ello.

Además, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha asegurado que esta medida, que se trata de una reforma de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, se trata de un marco común que el resto de administraciones deben desarrollar en los próximos 6 meses para adaptarlo a su territorio.

Refuerzos para Sanidad y Educación

Dentro del mismo decreto que regula el teletrabajo para funcionarios, también se incluyen las medidas destinadas a reforzar los principales servicios públicos para afrontar el impacto del coronavirus en el sistema público de sanidad y en la educación, que prevé la contratación de unos 10.000 sanitarios y de un número indeterminado de profesores por parte de las autonomías.

En el terreno sanitario, el decreto que votará el Congreso determina que las comunidades y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria podrán fichar de forma excepcional a personal facultativo y no facultativo que cuente con la titulación necesaria, aunque no disponga del título de especialista. Esto supondrá repescar a las más de 4.500 personas que se presentaron a oposiciones en la última convocatoria sin conseguir plaza.

Del mismo modo, a la administración educativa se le permite contratar profesores titulados que carezcan del máster de formación didáctica que se requiere para ser docente en el sistema público. Además, también podrán nombrar funcionarios interinos para cubrir las plazas que surjan por necesidades vinculadas a la pandemia.

El escudo social contra el coronavirus se extiende parcialmente

En cuanto a las medidas que el Gobierno desplegó al comienzo de la pandemia para moderar su impacto en el mercado laboral y en las condiciones de vida de la ciudadanía, su aprobación será parcial, dado que el decreto que aprobó el Consejo de Ministros no incluía la renovación de la moratoria hipotecaria ni la prohibición de cortar el suministro de agua, electricidad y gas.

Sin embargo, el resto de medidas sociales incluidas en ese paquete de estímulo, como la prohibición de los despidos objetivos, los desahucios y de los aumentos abusivos del precio del alquiler o la suspensión de contratos temporales, sí han mantenido su vigencia más allá de septiembre y dependerán del visto bueno del Congreso.

Junto a ellos, también se votarán las 2 medidas más conocidas del escudo social, la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o de la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos, que seguirán vigentes, en principio, hasta el 31 de enero.

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