El Consejo de Ministros aprueba las ayudas directas a empresas: el fondo aumenta a 7.000 millones pero lo repartirán las autonomías

El Gobierno acaba de aprobar el decreto que incluye el paquete de 11.000 millones de euros en ayudas directas, reestructuraciones de deuda y recapitalizaciones para empresas, pymes y autónomos de los sectores más afectados por la pandemia. Finalmente, ha sido necesario convocar un Consejo de Ministros extraordinario para dar el visto bueno a este plan, tras retrasarlo el pasado martes para consensuar los detalles de los 3 fondos que lo componen.

Así, las negociaciones en el Gobierno de coalición han perfilado el diseño final de este plan: los fondos para ayudas directas a pymes y autónomos afectados por el coronavirus se destinarán a cubrir gastos fijos y reducir deuda con proveedores y su dotación se eleva a 7.000 millones de euros, en línea con lo que reclamaba Unidas Podemos, que pedía aumentarlo a 8.000 millones, pero serán las autonomías las que lo repartan, como defendían los ministerios de Economía y Hacienda, en manos del PSOE.

No obstante, la administración estatal, a través de la Agencia Tributaria, será la que se encargue de controlar los requisitos para acceder a esas ayudas directas, como adelantó este jueves El País, que desveló que las inyecciones de capital no reembolsables serán finalistas, es decir, destinadas a costes concretos de pagos fijos o deudas con proveedores en empresas que hayan sufrido una caída de facturación respecto a 2019 que superen el 30%.

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Así se repartirán las ayudas directas a empresas, pymes y autónomos de sectores afectados por la pandemia

Dentro de los 7.000 millones de euros para ayudas para la solvencia de empresas, pymes y autónomos, 2.000 millones corresponden a partidas específicas para Baleares y Canarias, que son las 2 autonomías más dependientes del turismo y, por tanto, las que más se han visto afectadas en su actividad económica y en la evolución de su PIB por la pandemia y las restricciones aprobadas para frenar el ritmo de contagios del coronavirus.

No obstante, las ayudas directas no solo se otorgarán a empresas de los sectores de comercio, hostelería y turismo, como había anunciado el Ministerio de Industria en octubre, sino que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha explicado que podrán optar todas las empresas ahora cubiertas por el régimen de los ERTE y otros sectores con potencial sobreendeudamiento, y no a todas las empresas que hayan perdido un 30% de facturación, como reclamaba Unidas Podemos.

La vicepresidenta económica ha explicado que los autónomos que tributan por módulos podrán pedir un máximo de 3.000 euros, mientras que para el resto de autónomos y empresas se eleva a entre 4.000 y 200.000 euros, en tanto que las micropymes y autónomos podrán compensar hasta un 40% de la caída de ingresos respecto a 2019 y el resto de empresas, hasta un 20%.

En cuanto a los requisitos, Calviño ha explicado que estarán condicionadas a que las empresas mantengan su actividad hasta junio de 2022, no repartan dividendos ni suban salarios de directivos en un plazo de 2 años, estén al corriente de pago de impuestos y cuotas y no tener domicilio fiscal en un paraíso fiscal. No se incluye, como pedía Unidas Podemos, la prohibición de realizar despidos que sí está vigente en las compañías beneficiarias de los ERTE. 

Además, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno tendrá listo en 1 mes y 10 días la orden de reparto del fondo de ayudas directas para las comunidades, según los criterios de React-UE, y también los convenios con las autonomías para la información sobre empresas, destacando que la Agencia Tributaria pondrá a disposición de las comunidades una plataforma para que comprueben la caída de facturación de las empresas que soliciten ayudas.

La vicepresidenta ha afirmado que "el Gobierno se autoimpone este plazo, pero dependerá de las comunidades, aunque estoy segura de que tendrán máximo interés en canalizar las ayudas lo más rápido posible", destacando que la mayoría de ellas ya tienen instrumentos de ayuda a las empresas en funcionamiento y que su experiencia les ayudará a agilizar el reparto.

Reestructuraciones de deuda y recapitalización de empresas medianas

Respecto a los otros 2 fondos, su estructura se mantiene respecto a lo ya anunciado por el Gobierno. Así, uno de ellos se destinará a reestructurar los 121.000 millones de euros en créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), de los que un 98% se concedieron a pymes y autónomos, y contará con una dotación de 3.000 millones de euros. 

El tercer fondo se destinará a la recapitalización de empresas de mediano tamaño a través de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides), una empresa pública dependiente del Ministerio de Industria, y contará con una dotación de 1.000 millones de euros, que se repartirán de forma similar al fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas que gestiona desde julio la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). 

Además, también se ha aprobado una nueva prórroga de la moratoria concursal vigente desde marzo de 2020 hasta finales de 2021, evitando así el fin de su vigencia, que caducaba este domingo. Ante el repunte de los concursos a final de 2020, se amplía la suspensión de la obligación de los deudores de solicitar concurso de acreedores voluntario y la del juez de admitir a trámite los concursos reclamados por los propios acreedores como vía para reducir las quiebras vinculadas a la pandemia.

Estas ayudas se suman a las medidas de estímulo y apoyo a la liquidez de las empresas que el Ejecutivo ha puesto en marcha en los últimos 12 meses y que María Jesús Montero ha cifrado en un 20% del PIB, una cantidad de la que más de un 5% corresponde a ayudas directas de impacto presupuestario, que suponen unos 40.800 millones de euros y el 15% restante a medidas de liquidez, valoradas en 116.000 millones.

Los afectados por ERTE comienzan a reducirse tras el pico de enero

Ese 5% del PIB que el Ejecutivo destinó a ayudas directas a empresas en 2020, en concreto en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), mientras que, según Calviño, con las últimas ayudas aprobadas este viernes se superan el 2% de PIB en 2021 destinado a ayudas, que busca paliar las dificultades del 18% de compañías insolventes sobre las que el Banco de España alertó la semana pasada.

Además, la vicepresidenta económica ha destacado que la Comisión Europea ha reconocido el "extraordinario esfuerzo fiscal de España", destacándolo como el país que más porcentaje de su PIB ha destinado a ayudas, con un 7,3%, frente al 6,4% de Francia o el 6% de Italia, además de duplicar la medida de la UE, según Calviño, que asegura que estos fondos "son una base sólida para la recuperación".

Por otra parte, Nadia Calviño ha anunciado que "los ERTE, tras el pico de enero, han empezado a reducirse, con 136.000 afectados menos desde el máximo", afirmando que de este modo "se confirma su gran utilidad para evitar una destrucción de empleo intensa" que considera que se hubiese producido recurriendo a las recetas de anteriores crisis económicas.