Ley Celaá: en qué consiste esta nueva ley de educación, qué cambios se van a producir y cuáles son sus puntos clave

La Ley Celaá ya ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados, y sólo tendrá que regresar a esta Cámara si se establece algún cambio en el Senado. Esto significa que su entrada en vigor es próxima.

Esta norma se va a convertir en la octava ley educativa de la democracia, tumbando la LOMCE, vigente en España desde el año 2013. Se cumple así una de las promesas más importantes del gobierno de coalición. 

Sin embargo, algunos aspectos de la Ley Celaá están generando una gran polémica, especialmente aquellos relacionados con la escuela concertada y con el castellano como lengua vehicular. 

A continuación, se detallan los cambios más importantes y puntos clave de la nueva ley educativa:

Eliminación del castellano como lengua vehicular

Uno de los asuntos de la Ley Celaá que más polémica ha generado. El castellano deja de figurar como lengua vehicular de la enseñanza. Las comunidades autónomas son las encargadas de garantizar el derecho de los estudiantes a obtener enseñanza en castellano y en las respectivas lenguas cooficiales.

En el caso de estas autonomías el dominio de ambas lenguas debe ser pleno y equivalente al finalizar la etapa educativa. Además, la asignatura de Lengua Cooficial y Literatura pasa a llamarse Lengua Propia y Literatura. 

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Hay que tener en cuenta que el concepto de castellano como lengua vehicular sólo fue recogido por la anterior ley educativa, la LOMCE. A pesar de ello, habrá que ver todavía si eliminarlo trae algún cambio.

Cambios en la enseñanza concertada

Junto con la eliminación del castellano como lengua vehicular ha sido el punto más polémico. La Ley Celaá elimina la demanda social que permite abrir nuevos centros concertados o aumentar las plazas en los que ya existen.

Además, las escuelas concertadas no podrán pedir cuotas a las familias por ofrecer las enseñanzas que son de carácter gratuito. Tampoco podrán imponer aportaciones a asociaciones o fundaciones. 

Los centros que están sostenidos parcial o totalmente por fondos públicos no podrán separar al alumnado por su sexo. Esto significa que ya no existirán colegios concertados que ejerzan esta práctica.

Además, da más importancia a la cercanía del domicilio de residencia, que se convierte en casi el único criterio para la admisión de los alumnos en centros educativos. Se mantienen otros requisitos, como el de tener hermanos en el centro, proximidad al trabajo de los padres o ser familia numerosa.

Repetición de curso dependerá de un análisis cualitativo de todo el equipo docente

Uno de los cambios más relevantes en materia educativa de esta nueva ley. Si un estudiante debe repetir curso, la decisión debe tomarse de manera colegiada por todo el equipo docente, es decir, no bastará con suspender un número concreto de materias.

Si el alumno finalmente repite lo hará con un plan individualizado y con un seguimiento especial por parte de uno de los docentes del centro. 

A lo largo de la enseñanza obligatoria sólo se podrá repetir en 2 ocasiones como máximo. También se abre la opción de que en determinados casos se puede superar el bachillerato con una asignatura suspensa. 

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Religión no computable y sin asignatura espejo

La religión va a seguir siendo de oferta obligada para los centros y de opción voluntaria para el alumnado. La materia continúa siendo de carácter evaluable, pero la calificación no servirá para la obtención de una beca ni para la prueba de acceso a la universidad.

La Ley Celaá no contempla que haya una asignatura que sirva como alternativa para aquellos alumnos que no quieran cursar religión. Es decir, el derecho a no cursar una materia religiosa no va a obligar a escoger otra asignatura. 

La asignatura de valores cívicos y éticos se impartirá tanto en un curso de primaria como en otro de secundaria, y será algo transversal en todas las materias.

Por otro lado, se fomentará la educación afectiva y sexual de manera transversal en primaria.

Supresión de centros de educación especial

Lo primero que hay que aclarar es que la Ley Celaá no propone la supresión de los centros de educación especial, como han señalado algunos bulos que circulaban por redes sociales. 

En su disposición adicional cuarta, esta nueva ley educativa establece que en el plazo de 10 años "los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad". 

El objetivo es el de mejorar la educación inclusiva en los centros públicos para que puedan acoger a los alumnos con este tipo de necesidad, pero en ningún momento se nombra la eliminación de los centros especializados. 

Profesores e inspectores, valorados por sus méritos

Cuando la ley lleve un año en vigor, el Gobierno hará una propuesta de normativa para regular la formación inicial y permanente de los profesores, así como el acceso a esta profesión.

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Los docentes que muestren una clara falta de condiciones para desarrollar su trabajo podrían ser removidos de su puesto para llevar a cabo otra función. 

Los inspectores educativos ya no van a tener que superar una oposición para acceder a este puesto, se valorará la trayectoria del candidato y sus méritos.