Canadá se une a Francia, Dinamarca y Polonia y no rescatará a las empresas registradas en paraísos fiscales

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau
Reuters
  • El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha anunciado este martes que no permitirá que las empresas registradas en paraísos fiscales se beneficien del rescate estatal para compañías afectadas por el coronavirus.
  • De este modo, Canadá es el cuarto país del mundo en tomar una medida similar, después de que Polonia anunciase a principios de mes que vetaría a las empresas vinculadas a paraísos fiscales de sus ayudas y de que Dinamarca y Francia siguiesen su ejemplo la semana pasada.
  • Los gobiernos de Bélgica e Italia han anunciado que estudiarán medidas similares, según Politico, mientras que Suecia y Austria estarían también valorando aplicar un criterio parecido en el reparto de rescates a empresas, según Bloomberg.
  • Algunos expertos critican que estas medidas podrían tener poco impacto, dado que se centran en paraísos fiscales de fuera de la UE y no en países comunitarios con regímenes fiscales muy laxos, como Luxemburgo, Irlanda o Países Bajos, donde se produce la mayoría de la elusión fiscal.
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¿Merecen recibir ayudas estatales para recuperarse del impacto del coronavirus las empresas que pagan sus impuestos en paraísos fiscales? Un número creciente de gobiernos europeos se están posicionando en contra de rescatar a las compañías de su país que estén registradas en jurisdicciones consideradas por la Unión Europea como paraísos fiscales.

Este martes, Canadá se ha convertido en el primer país ajeno al Viejo Continente en anunciar la puesta en marcha de una medida así, a pesar de las reticencias iniciales de su Gobierno. De este modo, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha anunciado a la Cámara de los Comunes de Ottawa que no permitirá que las empresas registradas en paraísos fiscales se beneficien del rescate estatal para compañías afectadas por el coronavirus que ha puesto en marcha su Ejecutivo.

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Trudeau se había negado la semana pasada a aplicar esta medida, asegurando que no estaba a favor de castigar a los empleados por las malas conductas de sus jefes, según The Hamilton Spectator. Sin embargo, ha terminado aceptado la propuesta del Bloque Quebequés y del Nuevo Partido Democrático, dado que su Gobierno en minoría depende de su apoyo externo para legislar.

De este modo, Canadá se une a los otros 3 países que ya han aprobado vetar a las empresas registradas en paraísos fiscales de sus medidas de rescate para compañías afectadas por el coronavirus. El 8 de abril, Polonia fue el primer país en anunciar esta medida, a la que 10 días más tarde se sumó Dinamarca, mientras que el pasado día 23 Francia siguió su ejemplo.

Sin embargo, otros países podrían sumarse próximamente al veto a las empresas vinculadas a paraísos fiscales. Así, el ministro de Finanzas belga, Alexander De Croo, anunció recientemente al Parlamento de su país que estudiaría una medida similar a la aplicada por Dinamarca, mientras que el principal asesor económico del Partido Democrático italiano, Emanuele Felice, aseguró que el Gobierno de su país estudiaría incluir esa normativa la próxima semana, según Politico.

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Mientras, los gobiernos de otros 2 países de la UE, Suecia y Austria, también estarían valorando aplicar el veto a las empresas vinculadas a paraísos fiscales dentro de sus planes de estímulo económico para frenar el impacto del coronavirus, según Bloomberg. No obstante, estas medidas podrían tener poco impacto, como ha asegurado a este medio financiero la profesora de Derecho Fiscal de la Universidad de Oxford Judith Freeman.

La profesora argumenta que el criterio para definir un paraíso fiscal dentro de la UE deja fuera a países comunitarios con regímenes fiscales muy laxos, como Luxemburgo, Irlanda o Países Bajos, donde se produce la mayoría de la elusión fiscal. Mientras, en España, la ONG Oxfam Intermon calculó que en 2018 las empresas del Ibex 35 provocaron pérdidas fiscales de 3.250 millones de euros a España por desviar 13.000 millones de euros de sus beneficios a paraísos fiscales.

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