Qué ha dicho exactamente el Gobierno sobre las ayudas y rescates a empresas en paraísos fiscales

• El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el tercer tramo de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para favorecer el crédito a empresas, pymes y autónomos que han sufrido el impacto del coronavirus, valorado en 24.500 millones de euros.
• Esa ayuda se divide en 3 bloques: 10.000 millones de euros para avalar créditos que soliciten pymes y autónomos, otros 10.000 millones para préstamos del resto de empresas y 4.000 millones más para avalar emisiones de pagarés a empresas no financieras que operan en el mercado alternativo de renta fija.
• En ese último caso, el de los pagarés, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aclarado que solo podrán beneficiarse empresas con sede social en España, para evitar que se acojan compañías con domicilio en paraísos fiscales o que se usen los fondos para repartir dividendos.
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El Gobierno acaba de anunciar tras el Consejo de Ministros de este martes que las empresas con sede en el extranjero se quedarán fuera de una de las líneas de avales por el coronavirus. ¿Significa eso que España ha vetado a las empresas vinculadas a paraísos fiscales de las ayudas públicas para paliar el impacto económico de la pandemia? Lo cierto es que sí, aunque solo en un caso concreto de las medidas aprobadas contra los efectos del virus.

Concretamente, el Consejo de Ministros ha aprobado el tercer tramo de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para favorecer el crédito a empresas, pymes y autónomos que han sufrido el impacto del coronavirus, valorado en 24.500 millones de euros. Sumando los 2 tramos ya aprobados anteriormente, ya son 64.500 millones de euros destinados a fomentar el crédito al tejido empresarial, de los que 2 tercios corresponden a pymes y autónomos y el tercio restante a empresas en general.

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Respecto al tercer tramo aprobado este martes, se divide en 3 bloques: 10.000 millones de euros para avalar créditos que soliciten pymes y autónomos, otros 10.000 millones de euros para préstamos del resto de empresas y 4.000 millones más para avalar emisiones de pagarés a empresas no financieras que operan en el mercado alternativo de renta fija (MARF).

Es solo en ese último caso, el de los pagarés, en el que no se permitirá la participación de empresas que no cuenten con sede social en España. La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que esa exención busca evitar que se acojan a esta medida compañías con domicilio en paraísos fiscales o que se usen los fondos para repartir dividendos.

Montero ha justificado este cambio de criterio en el caso de los pagarés a empresas del MARF señalando que conforme se van liberando los avales se están mejorando también los requisitos y condiciones. Por otra parte, la ministra ha señalado que las entidades bancarias no podrán cargar ningún coste financiero sobre los importes no dispuestos por el cliente, destacando que "así damos respuesta a las quejas de algunas empresas que denunciaban estas cuestiones".

De este modo, el Gobierno vuelve a dejar en el aire si se sumará a la decisión de Francia, Dinamarca, Canadá y Polonia de vetar a las compañías vinculadas a paraísos fiscales de las ayudas públicas ante el coronavirus. Este lunes, fuentes de Economía habían descartado esa posibilidad a eldiario.es, pese a que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había afirmado un día antes que estaban estudiando que no puedan acogerse a ERTE empresas con sede en algún paraíso fiscal o que estén repartiendo dividendos.

Además, la semana pasada, los 3 diputados de Más País presentaron una enmienda en el Congreso de los Diputados para que las empresas con filiales en paraísos fiscales no puedan acceder a ayudas públicas contra el impacto del coronavirus. Esa propuesta se basa en las medidas aprobadas en otros países de la UE y propone además que las empresas que beneficien de los avales de no puedan destinar los créditos a repartir dividendos o comprar acciones propias. 

Con información de Alberto R. Aguiar