La sanidad pública tutelará los laboratorios privados para acelerar los test del coronavirus

Científicos preparan test diagnósticos de coronavirus en un laboratorio.
  • La orden ministerial publicada en el BOE de hoy autoriza a las comunidades autónomas a disponer de laboratorios privados que realizan tests de diagnóstico de la COVID-19.
  • Es un paso más en los esfuerzos de Sanidad por centralizar todos los recursos disponibles en la lucha contra el coronavirus. 
  • La nueva orden obliga a los centros a comunicar los materiales de los que disponen y los casos positivos que han confirmado hasta la fecha, y advierte de sanciones si se incumple lo establecido. 
  • Además de poder utilizar sus recursos, también se le permite controlar los precios de las pruebas diagnósticas para evitar “situaciones abusivas”
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A partir de hoy, las comunidades autónomas pueden disponer de los laboratorios privados y de su personal para elaborar test de diagnóstico de la COVID-19, según recoge la orden ministerial publicada en el BOE de hoy y tal y como explica Civio.

En concreto, en el BOE se explica que la sanidad pública puede tomar el control de los centros, servicios y establecimientos de diagnóstico clínicos privados.

Además de poder utilizar sus recursos, también se le permite controlar los precios de las pruebas diagnósticas para evitar “situaciones abusivas”. 

Todos los centros de este tipo deben, además, comunicar a las autoridades cuántos casos positivos de COVID-19 han detectado hasta la fecha—algo que en realidad ya estaban obligados a hacer informando a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica—y de qué recursos disponen para realizar los tests. 

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La orden ministerial también implica que estos laboratorios ya no podrán hacer las pruebas sin la autorización de un médico y solo cuando "se ajusten a criterios establecidos por la autoridad sanitaria competente". 

La nueva orden se une a los esfuerzos de Sanidad de sumar y centralizar todos los recursos disponibles de la sanidad privada para luchar contra el coronavirus debido a la saturación de los centros públicos y a la escasez de algunos bienes esenciales, como los propios tests de diagnóstico. 

El Gobierno también advierte de que el incumplimiento de las obligaciones que entraña esta nueva orden "podrá ser sancionado". 

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