Qué supondrá la cotización por ingresos reales de los autónomos: los expertos se dividen entre el aumento de la economía sumergida y una mayor justicia contributiva

Tras varios años reclamando mejoras en sus condiciones, se avecinan cambios para el colectivo de trabajadores autónomos. Así, el Gobierno ha iniciado desde principios de mes una ronda de contactos con las principales asociaciones de trabajadores por cuenta propia para darles a conocer su propuesta para reformar el sistema de cotización y negociar posibles cambios.

La propuesta del Ejecutivo contempla que los autónomos definan su base de cotización según su estimación de ingresos, de modo que quien ingrese menos de 12.000 euros al año seguirá tributando por la base mínima y podría recibir rebajas de hasta el 50% de lo cotizado, mientras que los que ingresan hasta 25.000 euros mantendrán su cotización, que se elevará progresivamente hasta el máximo de 45.000 euros al año.

Esta medida busca amparar a los autónomos con menos ganancias, mejorar sus prestaciones y reducir las discrepancias entre lo que ingresan y lo que tributan, dado que los datos de la Seguridad Social desvelan que el 85% de los autónomos cotiza por la base mínima. Además, el Gobierno prevé que esta medida supondrá que más de 1 millón de autónomos verá reducirse su cuota, lo que supone que 1 de cada 3 se beneficiarán de este cambio.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presentó esa propuesta la pasada semana a las mayores organizaciones del sector, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), que han reaccionado de forma dispar.

División de opiniones en las organizaciones de autónomos

Mientras que ATA ha criticado que esta reforma deja fuera a gran parte de los autónomos y que supondrá la subida de cuotas para 700.000 de ellos, UPTA y Uatae han apremiado al Gobierno a poner en marcha este nuevo sistema de cotización lo antes posible para dejar atrás un formato que consideran obsoleto y poco equitativo.

En concreto, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, afirma que "bajar las cotizaciones a los autónomos es algo que el Gobierno ya tenía que haber hecho", destacando que su organización lleva años reclamando que se reduzcan las cuotas al millón de autónomos que ingresan menos que el salario mínimo interprofesional.

No obstante, Amor alega que este "no es el momento, ante la asfixia económica y los años que se prevén para los autónomos en el futuro", señalando que la modificación que defiende el Gobierno supone elevar la cotización a unos 700.000 o 800.000 autónomos en un momento en el que "están asfixiados" y con devoluciones de créditos y pagos pendientes en el futuro.

El presidente de ATA afirma que "esta reforma no es una reforma justa porque no es una reforma que llegue a todos los autónomos" aunque precisa que sí defienden que hay que adecuar la cotización a los ingresos. Para ello, propone que se incentive la cotización, "dándoles libertad para que en cada momento el autónomo pueda elegir su base de cotización, pero no con imposiciones".

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Por su parte, Eduardo Abad, presidente de UPTA, asegura a Business Insider España el sistema actual está "absolutamente agotado, lleva 50 años funcionando y que no se ha modificado prácticamente nada" y critica que "hace que el sistema de protección universal, que debe ser la Seguridad Social, sea injusto puesto que trata a los autónomos como iguales sin diferenciar las rentas de trabajo de cada uno".

Para Abad, la reforma de la cotización "tiene que estar fundamentada en el pilar de la justicia contributiva y aplicar distintos tramos de cotización a distintos autónomos en función de los rendimientos de trabajo". Además, apunta que las adaptaciones que se tengan que hacer, se hagan al final del ejercicio fiscal, "puesto que es ahí donde sabremos si nos hemos quedado por encima o por debajo de la base mínima del tramo que hemos escogido".

El presidente de UPTA considera que esta medida se puede aplicar a prácticamente 1,6 millones de trabajadores autónomos, es decir la mitad de los cotizantes del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), "incluidos los autónomos por módulos", un sistema que asegura que "en esta situación, evidentemente tiene que desaparecer" debido al impacto del coronavirus en la facturación de los autónomos. 

Los expertos alertan de un posible aumento de la economía sumergida

Para Juan Carlos Higueras, profesor de EAE Business School y analista económico, la propuesta del Gobierno para implantar el sistema de cotización por ingresos reales "va a fomentar la economía sumergida, sin lugar a dudas, aparte de la que ya existe" debido al efecto frontera que pueden suponer los distintos tramos de cotización, como sucede con los impuestos.

Higueras explica que "el que más gane será el que más incentivos tendrá para, si puede ocultar" su facturación, afirmando que los autónomos pueden decidir emitir sus facturas en el siguiente ejercicio para evitar saltarse el límite del tramo que ha elegido. "Como yo ya sé que no me van a pagar en 60 días, ¿qué más me da facturarlo dentro de 60 días?", se pregunta el experto.

Mientras, Santi Calvo, profesor colaborador de los Estudios de Derecho laboral de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), coincide con Juan Carlos Higueras en que la reforma del sistema de cotizaciones puede incrementar la economía sumergida. "Si no declaro y no pago más, porque si lo declaro no voy a tener esa opción", afirma.

El experto destaca que hasta ahora "esa opción la tenían hasta los 47 años, que podían estar en bases mínimas y a partir de esa edad cambiar de base a efectos de la edad de jubilación", por lo que prevé que "a corto plazo sí que va a ocasionar que muchos de ellos dejen sin declarar muchos ingresos".

Mientras, Eduardo Abad ha restado importancia a ese posible aumento de la economía sumergida y considera que se trata de un prejuicio contra el colectivo. "Si alguien quiere llamar defraudadores a los autónomos, que lo haga", dice el presidente de UPTA, que asegura que el nivel de control de Hacienda sobre los trabajadores por cuenta propia "no te permite desviar nada".

"Nuestro colectivo fundamentalmente quiere tributar y cotizar bien", subraya Abad, que reclama atajar cualquier tipo de fraude que se pueda producir "como en cualquier otro colectivo". En su opinión, el cambio en la cotización supone "todo lo contrario, es una invitación a que toda persona que está en una situación de economía sumergida obligada se pueda acoger a un sistema que garantiza su trabajo".

Eduardo Abad precisa que hay unos 2 millones de trabajadores en España en esa situación, que atribuye mayoritariamente a que "su actividad profesional no le reporta ni el mínimo beneficio para poder afrontar la cotización a la Seguridad Social y lo que le produce, en definitiva, es inseguridad jurídica", por lo que el nuevo sistema les ofrece una vía para recuperar sus derechos laborales.

Cotizaciones mínimas y prestaciones

Mientras, Juan Carlos Higueras afirma que el nuevo sistema afectará positivamente a las pensiones que cobran los autónomos, dado que actualmente la mayoría cotiza la mayoría de su vida laboral por la base mínima. Sin embargo, duda de que los autónomos con menos ingresos "no paguen nada, porque lo que necesita el Estado es llenar las arcas".

Santi Calvo apunta que, según lo que se ha ido desvelando del nuevo sistema, "las bases de cotización más bajas van a seguir pagando por esos mínimos, es decir, no van a ver reducido ese pago de cotización, y en cambio el resto sí va a ver incrementada esa cuota", por lo que considera que no se está resolviendo la reclamación histórica de los autónomos de "pagar menos si un mes gana menos".

El profesor de la UOC considera que el ministro Escrivá ha sido bastante claro "sobre lo que se pretende, que es recaudar más para que los autónomos contribuyan más al sistema de la Seguridad Social", aunque destaca que también se destinará parte de esa recaudación a incrementar las prestaciones por incapacidad temporal, incapacidad permanente y jubilación".