Los creadores de Pegasus "colaborarán con cualquier investigación gubernamental" sobre el espionaje a Sánchez o a Robles, aunque desconocen el caso denunciado

Datos en binario.

REUTERS/Kacper Pempel

La denuncia conocida este lunes sobre que el presidente del Gobierno o la ministra de Defensa también fueron víctimas de un espionaje realizado con el programa Pegasus ha puesto patas arriba la política nacional. La noticia llegaba apenas unas semanas después de que una investigación descubriese cómo esta herramienta de vigilancia había actuado contra independentistas catalanes.

Hasta entonces todas las sospechas recaían sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Varias fuerzas políticas del arco parlamentario acusan desde hace días a los servicios secretos españoles de estar detrás del uso de este programa espía tan controvertido, que ha afectado a miles de personas en todo el mundo.

La ministra Margarita Robles ha comparecido este martes en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados y ha hecho una defensa de Paz Esteban, directora del CNI. "Está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad y en la comisión de Gastos Reservados podrá decir lo que considere oportuno, con arreglo a la ley".

Esta comisión, conocida popularmente como la Comisión de Secretos Oficiales, se reúne este jueves en la Cámara Baja. No lo hacía desde hacía tres años, después de que diferentes vetos políticos impidiesen su constitución durante este tiempo. Una reforma del reglamento de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha hecho que esta comisión se ponga a funcionar esta misma semana.

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Pero más allá del CNI, muchas miradas están puestas en Marruecos. Sobre todo, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y también la exministra de Exteriores, González Laya, hayan descubierto que sus teléfonos móviles también fueron interceptados.

Fueron interceptados además en plena crisis con Marruecos, en mayo del año pasado, cuando miles de personas saltaron la valla de Ceuta después de que se descubriese que España había acogido a un líder del Frente Polisario para hospitalizarlo.

A pesar de toda la riada de informaciones que desde el lunes descubren los entresijos en los que se pudo producir todo este ciberespionaje, lo cierto es que NSO Group, la compañía israelí responsable del desarrollo y posterior venta de Pegasus, el controvertido programa espía, tiene poco que decir.

Un portavoz de NSO Group ha reconocido a Business Insider España que en la firma no han visto ninguna información relacionada con este "uso ilícito denunciado", en referencia al posible uso de esta herramienta para espiar los terminales móviles de las principales figuras del Gobierno español. "No conocemos los detalles de este caso específico", incide el mismo portavoz.

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Sin embargo, "el principal compromiso de NSO en estos asuntos es que el uso de herramientas cibernéticas para monitorizar políticos, disidentes, activistas y periodistas son un grave uso ilícito de cualquier tecnología y va en contra del uso pensado para estas herramientas tan críticas". 

"Ya hemos manifestado este compromiso antes: investigaremos cualquier sospecha de uso ilícito, y cooperaremos y asistiremos cualquier investigación gubernamental que trate estos temas".

Por su parte, la persona portavoz de NSO Group detalla a este medio por correo electrónico que la empresa es "un proveedor de programas informáticos". 

"La compañía no opera la tecnología ni accede a los datos recopilados. La compañía ni sabe ni puede saber quiénes son los objetivos de sus clientes, a pesar de las medidas implementadas para que estos servicios solo lo usen clientes autorizados", aducen.

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