Reforma laboral: la promesa de Sánchez de derogarla sin definir un calendario choca con los planes del Ministerio de Trabajo y con los compromisos con Bruselas

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes del Consejo de Ministros que ha aprobado los Presupuestos para 2022

Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

  • El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ratificó este pasado fin de semana su compromiso de derogar la reforma laboral de 2012, aunque no ha aclarado el calendario para su aprobación.
  • La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en que esta medida debe aprobarse en el diálogo social durante noviembre para cumplir con las reformas comprometidas con la Comisión Europea.
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Los últimos meses de 2021 anticipan para el Gobierno una época de ajetreo legislativo, teniendo en cuenta que antes de que concluya el año el Ejecutivo deberá completar la tramitación parlamentaria de los presupuestos generales del Estado para 2022 y de la reforma de las pensiones, así como cerrar un acuerdo con los agentes sociales para la derogación de la reforma laboral de 2012.

En el caso de las 2 primeras medidas, su aprobación a tiempo dependerá de los apoyos parlamentarios que la coalición de Gobierno pueda aglutinar para garantizar su entrada en vigor antes de 2022, mientras que en el caso de la reforma laboral, cumplir el calendario pactado con la Comisión Europea a cambio de la entrega de fondos europeos requerirá de un acuerdo del diálogo social, aunque hay otros escollos en el horizonte.

Así, el Ejecutivo presentó el pasado mes de abril a las autoridades comunitarias sus planes para detallar a qué se destinarán los fondos europeos de recuperación, que incluían compromisos sobre medidas y reformas a aplicar en fechas concretas para garantizar que esas ayudas sigan llegando a España, como se estableció en el acuerdo con la Unión Europea (UE) para poner en marcha esos fondos.

Yolanda Díaz prevé un acuerdo en noviembre

Esos planes incluyen poner en marcha en 2022 la segunda parte de la reforma de las pensiones y la reforma fiscal y prevén acordar la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 con los agentes sociales antes del fin de 2021 para garantizar que pueda tramitarse y aprobarse en el Congreso de los Diputados antes de que concluya la legislatura en 2023, como ha reclamado Bruselas.

Para cumplir este calendario, el Ministerio de Trabajo lleva algo más de 7 meses negociando con los sindicatos y las patronales en 2 rondas de negociación, antes y después del parón estival, de las que han surgido varias propuestas del Ejecutivo que han sido recibidas con división de opiniones por los agentes sociales, desde el rechazo frontal de la patronal a derogar la reforma laboral a las peticiones de los sindicatos de más medidas para combatir la temporalidad y la precariedad en el empleo.

A pesar de estos desacuerdos, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya advirtió antes del inicio de las negociaciones que podría aprobar la derogación de la reforma laboral sin el apoyo de la patronal, señalando que ninguna de las partes del diálogo social tiene derecho a veto, como ha sucedido con la revalorización del salario mínimo interprofesional 15 euros al mes desde septiembre, que se acordó solo con los sindicatos.

CEOE y Cepyme, por su parte, aseguran que las propuestas de Trabajo, que se centran en la regulación de la negociación colectiva y las subcontratas, planteando la limitación de los contratos temporales en contratas, la aplicación a las empresas contratistas de los convenios de la actividad que ejecuten o la prioridad de convenios sectoriales sobre los de empresa, entre otras medidas, dañarán la recuperación económica y la creación de empleo al limitar la flexibilidad para decidir salarios y horarios.

Sin embargo, Yolanda Díaz ha anunciado la semana pasada que las negociaciones en el diálogo social están avanzando con agilidad, por lo que la vicepresidenta ha reiterado su previsión de que las conversaciones culminarán en noviembre para favorecer que la reforma laboral pueda publicarse en el Boletín Oficial del Estado antes del 31 de diciembre, como se aseguró a las autoridades europeas, según eldiario.es.

Pedro Sánchez evita cerrar un plazo concreto

Pese al calendario que maneja la ministra de Trabajo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha eludido ofrecer fechas concretas para la puesta en marcha de la nueva reforma laboral durante el pasado fin de semana, cuando se comprometió en el 40 Congreso Federal del PSOE a aplicar poner punto final a la reforma laboral y la ley mordaza, de las que aseguró que fueron impuestas por el anterior Gobierno del PP, según recoge El País.

De hecho, Sánchez evitó de nuevo marcar un plazo definitivo para la derogación de la reforma laboral en una entrevista a la Cadena SER tras el congreso de su partido, en la que reiteró que su Gobierno tiene capacidad de aplicar medidas para combatir la temporalidad, la precariedad y el paro juvenil, mejorar la formación y las políticas activas de empleo, simplificar los contratos y transformar los ERTE en un mecanismo estructural antes del final de la legislatura.

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Sánchez ha destacado además que su Ejecutivo ya ha llegado a acuerdos con los agentes sociales a lo largo de la legislatura, como los que han permitido aprobar y posteriormente ampliar la vigencia de las medidas de estímulo ante el impacto del coronavirus, las leyes que regulan el teletrabajo o las condiciones laborales de los riders o la reforma de las pensiones, entre otros, afirmando que las reformas con más respaldo son las que perduran en el tiempo.

El mensaje del presidente ha sido recibido de forma diferente en el seno del diálogo social. Yolanda Díaz ha celebrado las declaraciones de Sánchez asegurando que de este modo podrán cumplir con lo pactado por PSOE y Unidad Podemos en su acuerdo de coalición y también con el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mientras que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, recalcó que la negociación va a buen ritmo para aprobar la medida antes de 2022.

La UE podría ampliar el plazo para favorecer un acuerdo del diálogo social

Por su parte, la patronal no ha movido su posición tras el anuncio del presidente del Gobierno y el máximo dirigente de la CEOE, Antonio Garamendi, reiteró este pasado lunes que la patronal no apoyará derogar la reforma laboral y que solo se comprometen a negociar propuestas que mejoren esta legislación en temas como competitividad empresarial o el reflote de la industria, según Europa Press.

Sin embargo, la decisión de Sánchez de prometer que se derogará la reforma laboral sin una fecha fija puede deberse a un intento por parte del Gobierno de sumar a la patronal al acuerdo, aunque suponga sobrepasar los plazos marcados con Bruselas, después de que varios representantes de la CE se hayan reunido con patronales y sindicatos para conocer en qué estado está la negociación sobre el mercado laboral, según Cinco Días.

Así, los inspectores comunitarios habrían trasladado a ambos extremos del diálogo social su voluntad de que la reforma laboral se aprobase con el respaldo de patronal y sindicatos, a diferencia de lo sucedido con el salario mínimo, para garantizar que la medida perdura en el tiempo a pesar de posibles cambios de Gobierno, según el diario económico del grupo Prisa, que afirma que Bruselas está dispuesta a flexibilizar los plazos si las negociaciones prosperan.

No obstante, retrasar la aprobación de la derogación de la reforma laboral también supondría posponer la llegada a España de 10.000 millones de euros en ayudas europeas que el país tiene previsto recibir del fondo Next Generation EU, con los que el Ejecutivo ya cuenta tras haber recibido los primeros 9.000 millones de Bruselas para financiar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en agosto.

De este modo, sigue siendo una incógnita cuando habrá un acuerdo del diálogo social, sea a 2 o a 3 bandas, que permita llevar la derogación parcial de la reforma laboral de 2012 al Consejo de Ministros e iniciar los trámites para que sea analizada y votada por el Congreso, dentro de un proceso en el que los 2 partidos de la coalición deberán sumar apoyos de fuerzas minoritarias para evitar el previsible rechazo de la oposición.

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