Las ayudas directas evitarán problemas de solvencia, pero también conllevan riesgos: 4 claves para entender el frágil equilibrio de la economía ante el fin de la pandemia

Obligaciones de las empresas inactivas
Marcelo del Pozo / Reuters
  • Patronales, sectores de la oposición y el gobernador del Banco de España reclaman ayudas directas para dejar de tensionar al sector financiero y evitar insolvencias.
  • Sin embargo, en Europa se abre un debate sobre cómo reaccionar a la posible inflación provocada por las políticas expansivas.
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El presidente del Gobierno anunció hace apenas unos días un nuevo paquete de ayudas a empresas y autónomos de hasta 11.000 millones de euros. 

De este modo, el Ejecutivo salía al paso de las reivindicaciones de diversas organizaciones patronales y grupos de la oposición, que exigían la introducción de nuevos mecanismos. Mecanismos como las ayudas directas, que buscarían garantizar la solvencia de micropymes, autónomos, pymes y empresas que se han visto castigadas por la crisis económica derivada de la pandemia.

Salía del paso a medias: todavía no se ha confirmado de qué naturaleza será el nuevo paquete de ayudas y sobre la mesa ya se han puesto diversas fórmulas, como recapitalizaciones e incluso quitas de los famosos préstamos avalados por el ICO. Por el momento eso es lo que avanzó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Horas antes, medios como El Economista detallaron que la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, no descartaba la fórmula de las ayudas directas.

Los créditos ICO son préstamos en los que el Estado garantiza un 80% del préstamo mediante el Instituto de Crédito Oficial (ICO) pero que han sido gestionados por los bancos, que asumen el otro 20% del préstamo. Estas líneas de liquidez están pensadas para empresas viables, pero que han visto estrangulada su liquidez por las restricciones de la pandemia.

De esta manera, los bancos son los encargados de realizar los estudios de riesgos y decidir si una empresa puede recibir el préstamo o no. Las condiciones de los créditos ICO han ido variando a lo largo de la crisis ampliando tanto el periodo de carencia, que en un primer momento era de un año, a dos años como ampliando el plazo de pago del crédito.

Ahora, una de las propuestas de ayudas directas del Gobierno es permitir esas quitas en estos préstamos, es decir, que haya una parte del préstamo que no se devuelva. La clave en esta medida es quién asume estas pérdidas: si la banca o el Estado. La patronal bancaria AEB y algunos directivos de las grandes entidades ya se han mostrado contrarios a esta medida.

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, descartó que haya urgencia a la hora de realizar quitas a estos préstamos. “No estamos en una situación de extrema urgencia (respecto a las quitas) porque tenemos todo el ejercicio para evaluar la situación”, dijo en un encuentro a finales de febrero.

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¿Cuándo llegarán? El Gobierno insiste en estar trabajando intensamente, por lo que el paquete de ayudas podría presentarse en cualquiera de las reuniones del Consejo de Ministros que se celebren a lo largo de este mes de marzo. Sánchez sí concretó que buena parte de este nuevo paquete de ayudas estaría destinado a sectores más afectados por la crisis, como la hostelería y el turismo.

Mientras este nuevo paquete de ayudas se concreta y España se prepara para recibir la lluvia de millones de los fondos europeos de recuperación, se abren otros debates en el Viejo Continente. Uno es el del riesgo de la inflación. 

Sin embargo, el Banco Central Europeo ha apostado por la "doctrina Daft Punk", destaca El País: es el momento de mantener las ayudas "más duro, mejor, más rápido y más fuerte". No hay que bajar la guardia.

Por el momento, esto es todo lo que se sabe sobre el paquete de 11.000 millones de euros en ayudas a los sectores económicos más castigados por el coronavirus.

Ayudas directas para evitar el sobreendeudamiento

Solo tres días después de decretar por primera vez el estado de alarma y el confinamiento para frenar la primera ola de la pandemia, el presidente del Gobierno anunció un "escudo social" de hasta 200.000 millones de euros —"el 20% del PIB", reivindicó entonces Sánchez— para mantener a flote la economía. Después se anunció una primera línea de avales del ICO a préstamos financieros.

Avales que fueron multiplicándose a medida que se superaba el primer envite de la enfermedad. En 2020, Economía cifró las líneas de financiación avaladas en hasta 114.650 millones de euros. Cerca de un millón de operaciones aprobadas para más de medio millón de compañías, de las cuales el 99% eran pymes o autónomos.

Mantener esta política expansiva de esta manera no es sostenible porque pone en riesgo de insolvencia a muchas empresas. Además, el sector financiero se expone además a pérdidas de 5.500 millones de euros si el Gobierno mantiene su propósito de ofrecer quitas. Estas razones llevaron al gobernador del Banco de España a proponer ayudas directas en forma de, por ejemplo, subvenciones.

Hernández de Cos, gobernador del BdE, volvió a la carga ayer mismo pidiendo que esas quitas de deuda no fuesen obligatorias y animando al reparto de ayudas directas.

Cuántas hacen falta

El sector financiero no quiere cargar en sus resultados financieros con el coste de haber mantenido a flote numerosas empresas. Negocia con el Gobierno fórmulas para garantizar el cobro ante estas posibles quitas. Los bancos tendrán que provisionar hasta el 40% de estos préstamos con quita aunque el Ejecutivo ha tratado de calmar los ánimos descartando que estas sean generalizadas.

Banca y Gobierno ultiman ahora los detalles de un código de buenas prácticas cuya presentación se espera inminente, con el propósito de elevarlo a Bruselas y que la CNMC dictamine en cuestión de semanas y este código pueda entrar en vigor en abril. Un documento que detalle los mecanismos para ayudar a empresas con problemas de solvencia.

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El problema, detallaba Cinco Días hace unas semanas, es que un estudio promovido por el sector financiero consideraba que las cifras que se necesitarían para salvar pymes y empresas es asumible para el Gobierno. En concreto, el estudio de la consultora Oliver Wyman destacaba que micropymes y autónomos presentaban un sobreendeudamiento de 5.000 millones, y pymes y empresas —con una situación menos acuciante— de hasta 7.000 millones.

Unas ayudas que llegarán contra reloj

Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España.
Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España.
REUTERS/Susana Vera

Preocupa al Gobierno y a toda la economía española. El Ejecutivo avanzó en febrero reformas legales para garantizar la inyección de ayudas a autónomos y pymes a lo largo de todo el año. Pero el Banco Central Europeo lo dejó claro a través de las palabras de Fabio Panetta, uno de los miembros de su Comité Ejecutivo. No es el momento de titubear.

"Cuanto más duro empujemos para cerrar la brecha de crecimiento e inflación, mejor será para nuestro crecimiento potencial. Y cuando más rápido lleguemos a ese punto, más fuerte será nuestro potencial de crecimiento", asumió el especialista, en una velada referencia a Harder, better, faster, stronger, un popular tema del dúo de música electrónica recién separado Daft Punk.

Si el escudo social que se desplegó en marzo ha servido para mitigar los efectos más catastróficos de los confinamientos que se han producido a lo largo de 2020, el riesgo real, ahora que la campaña de vacunación ha comenzado, es que muchas firmas caigan en la insolvencia por su sobreendeudamiento.

El tiempo corre en contra y el Gobierno se ha comprometido a concretar este nuevo paquete de ayudas en cuestión de semanas, antes de que termine marzo. Los Consejos de Ministros se celebran los martes y todavía quedan cuatro martes antes de que termine el mes.

Qué pasa con la inflación

Las palabras de Panetta caldean el ambiente del próximo Consejo de Gobierno del Banco Central, que tendrá lugar el próximo 11 de marzo y en el que la presidenta, Christine Lagarde, tendrá que poner sus cartas sobre la mesa: seguir impulsando la economía y atender las voces de alarma cuyo volumen aumenta en el norte de Europa ante los posibles riesgos de inflación.

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En ese sentido, las palabras del gobernador del Banco de España han sentado como un puñetazo en la mesa. Cos ha propuesto directamente establecer el objetivo de inflación en el 2% para dotar de más espacio a la política de tipo de interés. También rechaza bajar todavía más los tipos de interés (-0,5%) porque los bancos comerciales "sufrirían rendimientos negativos en gran parte de sus activos", lo que afectaría a su rentabilidad "y a su capacidad de intermediación financiera".

Los 11.000 millones de ayudas a empresas y pymes que propuso el Gobierno a finales de febrero aumentarán el déficit. Pero para evitar el riesgo de la inflación, el Gobierno también ha planteado que los 10.000 millones de euros de más que se presupuestaron para la emisión de deuda en 2021 cubran este paquete, para evitar que el impacto sea todavía mayor, según El Economista.

Con información de Marta Garijo.

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