Pasar al contenido principal

Uno de los lobbys económicos más influyentes de España avisa sobre el impacto de ligar las pensiones al IPC: hasta 327.000 millones en las próximas décadas

Una protesta por la subida de las pensiones ligada al IPC
Reuters
  • En medio de la negociaciones para formar nuevo gobierno, Fedea, el think tank económico del Ibex 35, ha publicado una nota en sobre el impacto de ligar la revalorización de las pensiones al IPC advirtiendo de que esta práctica es un "compromiso potencialmente caro". 

  • En 2013, se aprobó el factor de sostenibilidad. Este desligaba el aumento de las pensiones del IPC y estipulaba una revalorización mínima del 0,25%, que en el práctica fue el porcentaje que subieron durante varios años. 

  • Cuando la inflación empezó a subir y la economía empezó a mejorar, los pensionistas comenzaron a manifestarse pidiendo volver a ligar las pensiones al IPC. 

  • "En la actualidad, parece existir un amplio consenso entre los principales partidos para derogarla definitivamente, volviendo a la indexación general de las pensiones al IPC", señala en su nota de la Fuente. 

  • Los cálculos del investigador señala que el coste de actualizar las pensiones por encima del 0,25% harían que el coste se elevara hasta 327.000 millones a precios constantes de 2018 en las próximas décadas. 

Las pensiones son uno de los grandes temas de debate en los últimos tiempos y uno de los caballos de batalla de los partidos políticos. En plenas negociaciones para formar gobierno, Fedea, el think tank económico del Ibex 35, ha publicado una nota sobre el impacto de ligar la revalorización de las pensiones al IPC advirtiendo de que esta práctica es un "compromiso potencialmente caro". 

"Aunque el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es ciertamente un objetivo deseable, no puede ser la prioridad absoluta a cualquier precio. La indexación generalizada de las pensiones a la inflación es un compromiso potencialmente muy caro, especialmente en las complicadas circunstancias demográficas a las que nos enfrentaremos en las próximas décadas", señala el investigador de Fedea, Ángel de la Fuente, en una nota publicada sobre el tema. 

En 2013, durante el gobierno del PP se aprobó una reforma de las pensiones en las que se creaba el conocido como "factor de sostenibilidad" que ligaba a revalorización de las pensiones a la sostenibilidad de la Seguridad Social y otros parámetros. Este cambio en la forma de actualizar las pensiones eliminaba, por tanto, la referencia del IPC y marcaba como mínimo una revalorización del 0,25%. 

Leer más: El debate sobre las pensiones: así se calcula tu pensión según lo que cotizas durante tu vida laboral

En los primeros años de aplicación, todavía inmersos en la crisis financiera y con una inflación baja, se estuvo varios años subiendo las pensiones un 0,25%. Una tónica que habría seguido así si se hubiera mantenido este parámetro, según los expertos. Pero el cambio de ciclo económico, con un aumento de la inflación que ya se situaba en el entorno del 1%, hacía que los pensionistas empezaran a perder poder adquisitivo, lo que desató las protestas de este colectivo

Así, ya en los presupuestos de 2018 de Cristóbal Montoro incluyeron revalorizaciones superiores a este factor de sostenibilidad en algunos supuestos. Una senda que también siguió el PSOE una vez subió al poder tras la moción de censura de Mariano Rajoy. 

"En la actualidad, parece existir un amplio consenso entre los principales partidos para derogarla definitivamente, volviendo a
la indexación general de las pensiones al IPC
", señala en su nota de la Fuente. 

Para estimar cuánto costaría esta revalorización de las pensiones, el investigador de Fedea hace las cuentas de la actualización de las pensiones contributivas pagadas en 2017 con la inflación, que sitúa en el 2%, durante un solo ejercicio y lo compara con cómo quedarían con la tasa de actualización del 0,25% que habría que aplicar si se usara el factor de sostenibilidad.

El coste persistiría durante décadas y sería unas 13 veces el coste inicial 

El coste inmediato de la medida sería "relativamente modesto", según el investigador de Fedea, que señala que iría decreciendo después con el paso del tiempo. Advierte de que los efectos "persistirían durante varias décadas" y que el incremento acumulado del gasto, calculado a precios constantes, rondaría los 30.000 millones de euros, lo que supondría unas 13 veces el coste inicial. 

Puesto en cifras, en 2017 el gasto público en pensiones contributivas fue en España de 135.000 millones de euros. Si se actualiza esta cantidad al 2% en vez de al 0,25% supondría un gasto extra del 1,75% de 135.000 millones de euros que se traduce en 2.363 millones. A esta cifra habría que restar las pensiones no cobradas por las personas que hubieran fallecido entre 2017 y 2018. 

En los cálculos del investigador, se apunta que el si en años posteriores el incremento extra de las pensiones continuara, aunque se redujera en parte por el fallecimiento de los beneficiarios, su valor acumulado durante varias décadas sería mucho mayor que el coste incurrido en el primer año. 

Leer más: 5 claves para entender el debate sobre el futuro de las pensiones

"Bajo mis supuestos, en particular, el gasto adicional acumulado a precios constantes sería de casi 30.000 millones de euros, o 13 veces el coste inicial. Si la supresión del IRP fuese permanente, y considerando sólo los efectos de la medida sobre la población ya jubilada en 2017, esta cifra se elevaría hasta 327.000 millones a precios constantes de 2018, a lo que habría que añadir el incremento de las prestaciones percibidas por cohortes posteriores de nuevos jubilados para llegar al coste total de la vuelta a la indexación al IPC", señala el investigador de Fedea. 

La nota de este think tank se publica un día después de que el Banco de España pidiera una reforma de las pensiones "con consensos amplios y sin demoras injustificadas". 

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos dijo que, para garantizar las pensiones, se necesitarán medidas adicionales tanto sobre los ingresos como sobre los gastos y nuevos incentivos para favorecer "un mayor alienamiento" entre la edad efectiva de jubilación y la legal, máxime cuando las últimas medidas adoptadas en materia de pensiones han retrasado hasta 2023 la aplicación del factor de sostenibilidad y reintroducido la revalorización de las pensiones con el IPC. 

Y además